Quebec.
Hace un año, la defensora de derechos de los pueblos indígenas Berta Cáceres fue eliminada a quemarropa en su domicilio, en presencia de su colega mexicano Gustavo Castro, quien sobrevivió milagrosamente.
Esta tragedia ocurrió, a pesar que, desde el año 2009 la Sra. Cáceres había sido objeto de medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por las cuales, esta última solicitó al Estado hondureño a tomar las acciones necesarias para protegerla de los peligros graves e inminentes que corría su persona.
La Sra. Cáceres fue la portavoz del Consejo cívico de organizaciones populares e indígenas de Honduras (COPINH) quien activamente hacía campaña contra el proyecto de construcción de la presa eléctrica Agua Zarca cuya dirección de obra fue confiada a la empresa Desarollos Energéticos, SA (DESA).
La investigación llevada acabo por las autoridades hondureñas respecto de este crimen, encontró graves dificultades. En efecto, esta investigación tomó mucho tiempo para empezar y las autoridades encargadas se negaron a tener informados a los parientes de la víctima sobre el desarrollo del proceso, alimentando, de esta forma, el temor de que la investigación no permitiría la identificación de los responsables, especificamente los que orquestaron dicho atentado. La prueba recolectada por el Ministerio público en este caso, no habría sido comunicada a las victimas y sus representantes legales, en obvia contradicción con la legítima busqueda de la verdad.
La acusación contra ocho individuos – entre los cuales cinco forman parte de las fuerzas armadas – presuntamente responsables del homicidio de la Sra. Berta Cáceres y de la tentativa de homicidio contra el Sr. Gustavo Castro, constituye un paso en la buena dirección que hay que saludar. Sin embargo, esto no debe hacernos olvidar la importancia de continuar los esfuerzos encaminados a la identificación de los autores intelectuales del crimen, conforme a las obligaciones internacionales de Honduras, en la materia. Esto es, aún más importante, teniendo en cuenta que Honduras se comprometió públicamente a combatir la impunidad y que este caso tiene un carácter emblemático, no sólo en este país sino en otros lugares en el mundo, incluido Canadá.
Abogados Sin Fronteras Canadá exhorta a las autoridades hondureñas a que continúen y profundicen la investigación sobre el homicidio de la Sra. Berta Cáceres. Además de, favorecer la puesta en marcha de una comisión de investigación internacional bajo la supervisión de la Comisión interamericana de derechos humanos quien sería la encargada de esclarecer este caso.
