El viernes anterior fue un día histórico de fechas cruzadas en América Latina y una de esas efemérides tocaba directamente nuestras vidas, poniendo a prueba nuestra paciencia por culpa de un sector político del gobierno que parecía en conflicto con el tiempo y con el concepto profundo de la memoria.
Antes de ir hacia allá, digamos que en Argentina el 24 de marzo está marcado en rojo en el calendario como una fecha que recuerda al maldito general Jorge Rafael Videla que dio un golpe de Estado en 1976, para matar la disidencia política de entonces.
Videla, Galtieri, Macera y otros sátrapas uniformados por la CIA en la Operación Cóndor fueron los artífices del triunfo de la selección de fútbol de Argentina en 1978, porque necesitaban drogar al pueblo en aquellos días para que nadie escuchara los gritos de la muerte.
Como informamos hace dos semanas atrás, ese pueblo felizmente decidió no renunciar a su derecho de mantener viva la memoria con verdad, justicia y reparación. Y como lo refleja la película Argentina 1985, los sátrapas fueron condenados y sus víctimas reivindicadas paso a paso durante 40 años de retorno a la democracia.
En El Salvador, el 24 de marzo de 1980, esa misma gente formada por Estados Unidos asesinó a monseñor Oscar Arnulfo Romero para quitarle una potente voz al pueblo salvadoreño, que luchaba contra la desigualdad histórica promovida por unos cuantos ricos generadores de violencia.
Los asesinos del san Romero de América fueron señalados por el pueblo, lamentablemente murieron sin ser juzgados debidamente por sus actos, así como los asesinos de los filósofos jesuitas de la UCA. Pero la memoria sigue abierta, y esta noche una sobreviviente que nunca estuvo sola nos dirá por dónde vamos avanzando en ese vecindario.
Entretanto, en la sede de Naciones Unidas en 2010, la Asamblea General declaró el 24 de marzo Día Internacional del Derecho a la Verdad, para dignificar a las víctimas de violaciones a los derechos humanos, para promover la memoria y garantizar la justicia.
El derecho a conocer la verdad acerca de los delitos graves forma parte del derecho internacional y del derecho humanitario. Es un derecho inalienable de los pueblos tener conocimiento pleno de los actos que se produjeron, de las personas que participaron en ellos y de las circunstancias específicas, en particular las motivaciones de tales violaciones.
El derecho a la memoria histórica, argumenta Naciones Unidas, está vinculado al deber y a la obligación del Estado de proteger y garantizar los derechos humanos, realizar investigaciones eficaces y brindar reparación a las víctimas.
En Honduras, con la llegada de Xiomara Castro a la presidencia por el voto de las diversas resistencias históricas del país se abrió una ventana hacia el reconocimiento público de las víctimas, y el rechazo a todo tipo de autoritarismo y promoción de la violencia.
El 24 de marzo de 2022, el Congreso emitió un decreto declarando esa fecha “Día Nacional por el derecho a la verdad, la memoria y la justicia”, instruyendo al sistema educativo nacional incluir en el calendario escolar actividades de memoria y reconocimiento de las víctimas de violaciones sistemáticas de los Derechos Humanos.
El decreto 22 del 2022 solicita, en general, a las instituciones públicas incluir en sus programas, planes y presupuestos, actividades orientadas al reconocimiento de la dignidad humana de las víctimas de las violaciones a los derechos humanos.
Asimismo, este decreto pide destacar la importancia del derecho a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición de los hechos, para consolidar la memoria colectiva de la sociedad.
La iniciativa de haber promulgado esa ley es loable, oportuna, pero limitada. Es imposible estar en desacuerdo con su espíritu, pero es inevitable señalar que le falta precisión, claridad conceptual y una visión de largo alcance. Palabras más, palabras menos, poca concreción.
El Cofadeh, como organización de víctimas de la desaparición forzada por razones políticas e ideológicas entre 1980 y 2000, no comulga con ese comportamiento a veces reincidente entre un sector de políticos que huyen del tiempo. Por alguna razón muy particular, huyen para no ensuciarse con la historia que les pincha hasta sangrar.
En 1998, por ejemplo, el presidente del Mitch nos presentó una Nueva Agenda que borraba el pasado para salir huyendo hacia el futuro. Aquella agenda declaraba cerrado el tema de las desapariciones forzadas. El asunto incomodaba al dios de la época.
En la actualidad, también existen quienes comulgarían con la arrogancia de creer que la historia social y política de Honduras comenzó en 2009, menospreciando las batallas del Comité Coordinador de Organizaciones Populares en 1980, la Plataforma de Lucha para Democratizar Honduras en 1990 o el Bloque Popular y la Coordinadora Nacional de Resistencia, todas víctimas de la doctrina gringa de seguridad nacional.
Un hecho es irrefutable: cada vez que las víctimas de torturas, desapariciones y asesinatos políticos de aquella época represiva reclamaron al Estado el carácter imprescriptible de tales atrocidades y la obligación oficial de conservar la memoria con justicia y con reparación, eso activó una narrativa feroz desde los culpables y sus voceros que amedrentó a los políticos. El Cofadeh es experto en sufrir ese tipo de ferocidades.
El año pasado, esta organización tuvo que soportar otra vez esa maquinaria de odio por abogar el fin de los juicios a las personas luchadoras sociales torturadas, criminalizadas y encarceladas después del golpe de 2009 y los fraudes de 2013 y 2017.
Este Comité empujó la amnistía amplia para las víctimas del golpe de Estado en conjunto con el gobierno entrante de Xiomara, para liberar campesinos y campesinas, estudiantes, mujeres y manifestantes en general que sufrieron la violencia del Estado. Y por una o dos personas fuera de esas categorías, que supuestamente invocaron el mismo derecho, la jauría mordió hasta sangrar las enaguas de la organización. Y los jueces de la dictadura se paralizaron.
Como bien lo dijimos en una opinión editorial el año pasado, mientras marcábamos el carácter independiente de esta organización respecto del gobierno actual, ser una identidad no gubernamental con relaciones de cooperación legal, moral y de amistad inclusive, con ideas compartidas en áreas específicas con varias instituciones y personas funcionarias, no implica ninguna subordinación financiera o política con ellas. Nada nos limita decir lo que pensamos, proponer lo que creemos, y decidir ser puentes y no murallas.
En conclusión, para señalar que la argumentación del decreto 22 divulgado en marzo del año pasado fija una limitada línea de tiempo a la memoria que empieza en junio de 2009 y no en enero de 1980. El decreto legislativo toma la declaración de la Corte Interamericana sobre el carácter delictivo del golpe de Estado e ignora la declaración de la ONU de 2010 sobre la urgencia de la memoria de todos los hechos autoritarios que afectan a las víctimas hasta el presente.
No se puede estar en contra de una iniciativa pensada para favorecer a las personas que sufrieron directamente los efectos de gases, torturas, persecuciones, encarcelamientos prolongados o campañas de odio, porque en la práctica la mayoría de esas víctimas que probaron sus sufrimientos vinieron justamente a este Comité a confiar sus testimonios y su representación.
No se puede negar que en la actualidad esas son personas afectadas en sus patrimonios individuales, en sus proyectos de vida familiares, lejos del colegio o del empleo, con la salud física y emocional dependiente de medicamentos costosos, y sin reparación de parte del Estado culpable.
El punto de cuestionamiento es que al concentrarse en una reparación parcial y temporal muy limitada, por razones administrativas o de otra índole, el Estado excluye la reclamación histórica de las víctimas de la doctrina de seguridad nacional creada y ejecutada por el gobierno de Estados Unidos en nuestro país.
De pronto, cuando escribíamos estas líneas cuestionando el carácter limitado del decreto ley de marzo 2022, prangán, nos llegó al escritorio de Voces contra el Olvido el decreto presidencial número 13 de fecha 21 de marzo 2023 firmado por Xiomara Castro y todo su gabinete, cuyo contenido en caliente cambia la perspectiva de las cosas.
CONSIDERANDO, dice el decreto, Que la verdad, la justicia y la equidad son los principios sustantivos en el proceso de edificación del Estado de Derecho, resulta necesario crear un programa que reivindique la memoria y dignidad de las víctimas a partir de la verdad histórica, reparación y medidas de no repetición por los daños producidos durante 1980-1993; 1994-2005 y 2009-2021. Un programa que cree las condiciones propicias para que las víctimas puedan participar de manera activa en la recuperación y en el ejercicio pleno de sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.
Son objetivos específicos del Programa de Memoria, Verdad, Reparación, Justicia y no repetición, reconstruir la memoria histórica de Honduras sobre los casos de graves violaciones a los Derechos Humanos en el marco de la Doctrina de la Seguridad Nacional, el Golpe de Estado de 2009, los fraudes electorales y la instauración de la Dictadura (2009-2021), de modo que sean visibles a través de la verdad de los hechos y la fiabilidad del contexto en que se dieron, así como la preservación, recuperación, construcción de los sitios de memoria histórica tales como museos, monumentos, plazas, calles, avenidas y parques, entre otros.
Es la primera vez que un Estado culpable de los hechos violentos de esos tramos históricos se hace responsable de nombrarlos y de anunciar su reparación.
El PCM 13 de marzo 2023 enumera compromisos que están contenidos en las diferentes sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que fueron incumplidas absolutamente por la dictadura del crimen organizado. El decreto presidencial reconoce que es responsabilidad del gobierno de Honduras ejecutar este programa de memoria a través de la Secretaría de Derechos Humanos, en coordinación con otras instancias competentes de los tres Poderes del Estado. El decreto de Xiomara faculta al Estado el derecho de pedir apoyo internacional para cumplir a las víctimas de esas tres tragedias: la doctrina de seguridad nacional, el golpe de Estado y los fraudes electorales, todos sostenidos oficialmente por Estados Unidos.
Muy importante, la decisión presidencial anuncia una articulación de instituciones para impulsar los procesos de atención, dignificación, reparación y facilitación de acceso a la justicia a las víctimas y sus familiares, con el acompañamiento integral de acciones coordinadas por parte del Estado de Honduras.
Unas demandas históricas también aparecen incluidas en el decreto del gabinete de gobierno, la creación del registro nacional de detenciones y el centro nacional de documentación de memoria histórica, así como la armonización de la normativa penal nacional con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
El artículo final de las disposiciones transitorias, el artículo 7, instruye a la Secretaría de Finanzas identificar y provisionar el presupuesto necesario para la operatividad del PROGRAMA DE MEMORIA Y REPARACIÓN.
A este punto no podemos menos que reconocer el poder de rectificación del Ejecutivo hondureño que, a través de la secretaría de derechos humanos, hace una ampliación honrosa al contenido limitado del decreto legislativo del año anterior.
En tanto que organización de víctimas, el Cofadeh se posiciona una vez más como un puente para que las decisiones históricamente incumplidas por el Estado de Honduras sean retomadas en forma ordenada, transparente y justa, a fin que la sociedad hondureña pueda avanzar con sinceridad a una etapa de reconciliación con su historia, su pasado y su presente.
No tenemos dudas que este paso importante será reconocido la próxima semana por el Grupo de Trabajo de la ONU sobre desapariciones forzadas actualmente presente en el país y que, además, colaborará de modo directo en la activación de la comunidad internacional a los propósitos descritos.
En lo sucesivo estaremos bien ocupadas en la promoción y construcción del Museo Regional contra el Olvido en el centro de Honduras, para que ninguna generación de esta sociedad olvide los horrores cometidos en nombre de la democracia, en nombre del Estado y empujados por el gobierno de Estados Unidos, que ahora debe asumir también su deber moral y su responsabilidad jurídica y económica de reparar los daños causados a sus víctimas.
Buenas noches
Editorial Voces contra El Olvido, sábado 25 de marzo de 2023
