El clima general de violencia obligó a miles de personas a huir de Honduras. Las mujeres, las personas migrantes, la población internamente desplazada y los defensores y defensoras de los derechos humanos —especialmente las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI)— estaban particularmente expuestas a sufrir violencia. La debilidad del sistema de justicia penal contribuía al clima de impunidad.
Información general
El gobierno asignó a unidades compuestas por policías con adiestramiento militar diversas labores de seguridad pública en un intento de hacer frente a la violencia, la corrupción y la delincuencia organizada. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó preocupación por que el ejército llevara a cabo operaciones de seguridad pública, que incluían uso excesivo de la fuerza. La presencia de fuerzas militares en los territorios indígenas contribuyó a la agitación social. Más de un centenar de agentes de policía de alto rango fueron destituidos en un intento de hacer una purga en las fuerzas de seguridad, a las que se acusaba de vinculación con la delincuencia organizada.
Derechos de las personas refugiadas y migrantes
La violencia generalizada en todo el país obligó a huir a muchas personas, sobre todo a mujeres, niños, niñas, jóvenes y personas LGBTI. Las personas que —en opinión de las bandas delictivas (denominadas maras)— no se sometían a la autoridad de éstas, o que habían presenciado delitos, sufrían de manera habitual hostigamiento, agresiones y extorsión; los jóvenes, en particular, eran obligados a unirse a las maras.
Las personas devueltas desde México y Estados Unidos seguían haciendo frente a las mismas situaciones de amenaza mortal que inicialmente les habían obligado a huir. En julio, un solicitante de asilo que había sido devuelto desde México tras ver rechazada su solicitud fue asesinado menos de tres semanas después de regresar al país.
Defensores y defensoras de los derechos humanos
Honduras seguía siendo uno de los países más peligrosos de Latinoamérica para los defensores y defensoras de los derechos humanos, especialmente para los y las activistas del medio ambiente y la tierra. Según la ONG Global Witness, Honduras tenía la cifra más elevada del mundo de homicidios per cápita de activistas ambientales y de defensa del derecho a la tierra.2 Berta Cáceres, lideresa y cofundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), murió tiroteada el 2 de marzo en su casa. La CIDH había dictado medidas cautelares en su favor desde 2009, pero las autoridades no habían actuado de forma efectiva para protegerla. Antes de su muerte, tanto ella como otros miembros de COPINH que protestaban contra la construcción de la represa de Agua Zarca, en la comunidad de Río Blanco, fueron objeto de hostigamiento, amenazas y agresiones constantes por parte de agentes estatales y no estatales.
José Ángel Flores y Silmer Dionisio George, del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA), fueron asesinados el 18 de octubre. Ambos defensores de los derechos humanos murieron por disparos tras haber asistido a una reunión con varios campesinos y campesinas en la región del Bajo Aguán, en el noreste de Honduras. En noviembre, Bertha Oliva, coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), fue objeto de una campaña de difamación que pretendía vincularla con cárteles de la droga y desacreditar su labor de derechos humanos. COFADEH tenía una larga trayectoria de promoción de los derechos humanos de los campesinos en la región del Bajo Aguán.
Según la ONG ACI-PARTICIPA, más del 90% de todos los homicidios y abusos contra defensores y defensoras de los derechos humanos quedaron impunes.
Los defensores y defensoras de los derechos humanos de las personas LGBTI también estaban particularmente expuestos a sufrir amenazas y agresiones. René Martínez, presidente de la Comunidad Gay Sampedrana en la ciudad de San Pedro Sula, fue hallado muerto el 3 de junio; su cadáver presentaba señales de tortura. El Movimiento Mundial de los Derechos Humanos denunció que, entre julio de 2015 y enero de 2016, los integrantes de la Asociación Arcoiris —grupo de defensa de los derechos de las personas LGBTI— habían sufrido 36 incidentes relativos a su seguridad, entre ellos homicidios, amenazas, vigilancia y hostigamiento. Se acusó al ejército de infiltrarse en movimientos sociales y atacar a defensores y defensoras de los derechos humanos.
La Ley de Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia seguía sin aplicarse adecuadamente.
Derechos de los pueblos indígenas
La falta de recursos de las instituciones responsables de apoyar a los pueblos indígenas seguía suscitando preocupación. Varios pueblos indígenas aseguraban que sus derechos a ser consultados y al consentimiento libre, previo e informado habían sido vulnerados en el contexto de proyectos de exploración y explotación de recursos naturales en sus territorios. Los pueblos indígenas seguían teniendo dificultades para acceder a la justicia en casos de agresión, incluidos homicidios. Además de Berta Cáceres, un líder indígena tolupán fue víctima de homicidio el 21 de febrero; la CIDH había dictado medidas cautelares en su favor en diciembre de 2015. Los responsables aún no habían comparecido ante la justicia.
Derechos de las mujeres
La violencia contra las mujeres era práctica habitual. Entre enero y junio fueron asesinadas 227 mujeres. Durante ese mismo periodo se registraron 1.498 ataques y 1.375 incidentes de violencia sexual contra mujeres. El número de denuncias de agresiones contra mujeres seguía estando muy por debajo de la realidad. El país seguía sin disponer de mecanismos específicos de recopilación y desglose de datos relativos a feminicidios. El aborto seguía penalizado en todas las circunstancias, aun cuando la vida y la salud de la mujer corrieran peligro o el embarazo fuera consecuencia de violencia sexual. La anticoncepción de emergencia seguía prohibida.
Sistema de justicia
En febrero, el Congreso Nacional designó a 15 nuevos miembros de la Corte Suprema de Justicia para los siguientes siete años. Varias organizaciones de la sociedad civil expresaron preocupación por el proceso de selección, del que afirmaban que no había cumplido las normas internacionales de imparcialidad, independencia y transparencia.
Honduras todavía no había cumplido la resolución dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en octubre de 2015, según la cual se habían vulnerado los derechos de cuatro jueces destituidos por oponerse a un golpe de Estado en 2009. Estos jueces todavía no habían sido restituidos en el cargo, y seguían pendientes otras medidas de reparación.
1. ¿Hogar dulce hogar? El papel de Honduras, Guatemala y El Salvador en la creciente crisis de refugiados (AMR 01/4865/2016)
2. “Defendemos la tierra con nuestra sangre”. Personas defensoras de la tierra, el territorio y el medio ambiente en Honduras y Guatemala (AMR 01/4562/2016)
