Costa Rica.
Nelson Noé García, hondureño de 39 años y padre de cinco hijos, fue asesinado ayer por la mañana, cuando regresó a su casa tras el desalojo llevado a cabo por autoridades de seguridad estatales, en la comunidad de Río Chiquito. Nelson, al igual que Berta Cáceres, era integrante del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH).
“Condenamos enérgicamente este nuevo hecho ocurrido cuando apenas han transcurrido doce días del asesinato de la lideresa indígena y ambientalista Berta Isabel Cáceres. Es preocupante que el Estado siga sin adoptar las medidas necesarias y suficientes a efectos de que se garantice la vida e integridad de las personas que integran el COPINH y de los familiares de Berta, beneficiarios de las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el pasado 6 de marzo”, pronunció Marcia Aguiluz, directora del Programa para Centroamérica y México de CEJIL.
Este nuevo asesinato demuestra que la espiral de violencia contra los pueblos indígenas que luchan por sus territorios en Honduras permanece, así como la impunidad. Asimismo, con este tipo de actuaciones, se envía un mensaje más de intimidación hacia toda la comunidad de defensoras y defensores de derechos humanos en este país, aumentando su situación de riesgo.
Desde CEJIL, solicitamos que se acepte de manera inmediata la participación de una comisión internacional conformada por personas expertas en la investigación del asesinato tanto de Nelson como de Berta. De la misma manera, exigimos que el Estado hondureño atienda las peticiones de los familiares de ésta, a efectos de implementar las medidas de protección de forma integral.
A su vez, también pedimos al Estado de Honduras que responda la petición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos relacionada con el testigo Gustavo Castro Soto, de manera que se encuentre una forma alternativa de cooperación que le permita regresar a México, país donde reside y a donde le han prohibido volver desde la muerte de Berta Cáceres, hace ya casi dos semanas.
Finalmente reiteramos la importancia de que el Estado de Honduras escuche las voces del pueblo lenca y de otros pueblos indígenas hondureños, y tome acciones contundentes para abordar los conflictos que se han generado por la presencia de empresas en territorios indígenas, respetando y garantizando el derecho a sus territorios y a su autodeterminación.
