Tegucigalpa.- Para ayer estaba previsto en el Tribunal de Sentencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) el juicio oral y público contra Gilberto Ochoa, acusado del delito de abuso de autoridad, por haber otorgado licencia ambiental de manera ilegal para la construcción del Proyecto Hidroeléctrico Aurora 1 en la comunidad de El Aguacatal, municipio de San José en el departamento de La Paz.
Un grupo y pobladores indígenas lencas de la comunidad de El Aguacatal y zonas aledañas se trasladaron hasta la CSJ en Tegucigalpa para exigir justicia y que se castigue en legal y debida forma a funcionarios, que no les importó pasar por encima de las comunidades para construir sus proyectos de muerte, según lo expresado por las comunidades afectadas.
Norman Gilberto Ochoa fungió como viceministro de la Secretaría de Recursos Naturales y desde ahí se impulsó el proyecto de la ex diputada del Partido Nacional Gladys Aurora López, quien engañó a los pobladores con la realización de varios proyectos de desarrollo para las comunidades y que a la fecha no se ha realizado ninguno.
Los pobladores además señalan que los proyectos hidroeléctricos han causado daños ecológicos y al medio ambiente en las comunidades afectadas.
“Nos hemos trasladado exigiendo justicia porque desde el 2008 en adelante la comunidad de El Aguacatal, en San José La Paz, se le violentó sus derechos indígenas y también el territorio indígena no se le respetó, se impuso un proyecto hidroeléctrico por la diputada Aurora López, y hasta la fecha ese proyecto existe en operaciones, y la comunidad fue desalojada, fue violentada, vive vulnerable, vive empobrecida y esa es la razón del porque ahora estamos aquí frente a la Corte Suprema de Justicia exigiendo que se haga investigación, sanción y reparación, para que estas víctimas sean reconocidas”, expresó Martin Vázquez, directivo del Movimiento Independiente, Indígena Lenca de La Paz Honduras (MILPAH).
“Ahora es contra el señor Gilberto Ochoa que en ese momento que se concesionó la hidroeléctrica, él estaba como viceministro en la Secretaría de Recursos Naturales, entonces él cometió un delito de abuso de poder, discriminación racial y violencia de derechos humanos, porque él cómo funcionario no debió hacer ese trabajo en contra de un pueblo indefenso, que no tiene acceso a una defensa”, señaló.
Martin Vásquez agregó que desde que se inició a construir el proyecto han realizado las denuncias correspondientes, pero que no han sido tomadas en cuenta.
“Realmente nosotros desde el inicio de este proyecto pusimos denuncias en la Fiscalía Especial de las Etnias, con ese fin de que se investigue y sancione de acuerdo a la ley a todos los actores, tanto materiales como intelectuales del proyecto, porque no solamente es el señor Ochoa, no solamente Gladis Aurora López, hay otros testaferros, hubo sicarios dentro de ellos porque murió el compañero Humberto Carrillo Gonzales, que era un miembro activista del grupo indígena de esa comunidad, y supuestamente fue asesinado por miembros de la empresa Aurora López”.
El defensor indígena lenca hizo un llamado a la presidenta de Honduras Xiomara Castro para que se investigue y se castiguen todos estos crímenes que hasta hoy se encuentran en la impunidad; además de pedirle que mire a su alrededor, que todavía quedan funcionarios abusivos, violentos, violadores de derechos humanos y que esta gente no debe de estar en el presente gobierno.
“Realmente los niveles de impunidad que han ejercido en Honduras durante la dictadura del 2009 al 2021, eso lo hicieron para protegerse ellos, no es que no se pudo si no que la justicia se dejó secuestrar por el señor que en ese tiempo del decían presidente y no era, entonces, él dominaba a todos los entes de justicia en Honduras, entonces si el los dominaba, ellos tenían que obedecerle a él; esos niveles de impunidad son los que hasta hoy continúan.
Por su parte la presidenta del patronato de la comunidad de El Aguacatal, Gladis Yolanda García Aguilar, señaló que asistieron a la audiencia de juicio oral y público para exigir justicia y que se castigue a los responsables del sufrimiento del pueblo lenca en La Paz.
“Venimos a esta audiencia y no se pudo dar, pero le pido a mi Dios que se dé porque somos nosotras las indígenas lencas que estamos sufriendo y se nos han violentado nuestros derechos del convenio 169 de la OIT, son las comunidades afectadas por la hidroeléctrica que han implantado, no se nos hizo consultas a las indígenas lencas, somos comunidades El Aguacatal San Francisco, Zapotal, Granadía donde estamos sufriendo, ya no hay agua y es lamentable.
Expresó que los medios de comunicación deberían de ir a la zona para que confirmen la situación de las comunidades, ya que es preocupante y que las futuras generaciones están quedando sin su patrimonio, porque por la hidroeléctrica está a punto de desaparecer.
“Me gustaría que los medios de comunicación fueran a ver para que vean que no estamos mintiendo, que estamos diciendo la verdad y a mí me preocupa por los niños y la juventud que vienen, porque nosotros ya vamos para abajo”.
Agregó que “la problemática que nos está afectando ahorita a las comunidades de San Francisco, El Aguacatal y Granadía, es que no podemos tomar agua de calidad porque se secaron; el agua que está tomando San Francisco es del río y es lamentable porque tiene químicos; no hay trabajo para nadie, solo sus guardias que pasan allí y el efecto que se está dando a los animales, los últimos que han quedado, es grave”.
Margarita Pineda, quien es defensora indígena de la paz y forma parte de la Red d Defensores y Defensoras de La Paz (REDHIL-PAZ), señaló que para mí es preocupante porque a doce años de que pusimos la denuncia de la violación de derechos humanos, de despojo de tierra, territorio de los pueblos indígenas, violentando el Convenio 169, porque se hizo estas concesiones y se construyó esta hidroeléctrica, ya funcionando hace 8 años, sin una consulta, libre previa e informada, es bien sabido de todos los medios de comunicación que hace aproximadamente unos 5 o 6 años este hombre fue requerido por primera vez”.
“Ahora que se nos llama y se nos dice vamos a la recta final del juicio, pero resulta que se suspende y solo ellos saben; aquí uno no sabe ni que decir porque con este sistema de justicia que tenemos en este país, ya sabemos que aquí nos mantiene diciéndonos una cosa, nos dicen otra”.
Lo que queros realmente es que se haga justicia y se castigue a estos funcionarios, como todos los demás que han estado en los diferentes espacios de las concesiones y lo que es las extractivas, porque hay diferentes tipos de concesiones, por ejemplo, en el departamento de La Paz tenemos las hidroeléctricas, las mineras, las eólicas, tenemos las madereras, entonces hay un sinfín de concesiones y lo lastimoso del caso es que para hacer estas concesiones tuvieron que derogar algunos decretos legislativos que protegían nuestros territorios”, añadió la defensora de La Paz.
Finalmente agregó que “se ha violentando el Convenio 169 sin tomarlos en cuenta, han despojado a la gente de sus casas, de las tierras y a mí me gustaría que hiciera una investigación en el campo de los hechos y que vayan a ver cuál es el desastre ecológico, cual es el desastre ambiental, y todo el desastre al que sometieron a la comunidad, la gente que no tiene casa, no tiene terreno porque todo está a nombre de la hidroeléctrica Aurora 1”.
Los pobladores señalan que ninguno de los beneficios que prometieron los desarrolladores del proyecto hidroeléctrico Aurora 1, fue cumplido. Por el contrario, decenas de familias perdieron sus tierras y centenares de éstas se quedaron sin acceso al agua y a la electricidad.
El juicio contra el viceministro fue suspendido y reprogramando para el 28 de marzo del año 2023.
