Giorgio Trucchi l Rel-UITA
En mayo pasado, durante una audiencia pública en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), el Estado de Honduras aceptó la responsabilidad total de la ejecución extrajudicial del dirigente político y asesor sindical Herminio Deras García, ocurrida en 1983, así como de las violencias perpetradas durante años contra sus familiares.
En aquella ocasión, el Procurador de la República, Manuel Díaz, aseguró que el Estado iba a acatar la sentencia que emitirían los jueces internacionales, y asumió el compromiso de, entre otros, iniciar un proceso de reparación integral del daño.
La Rel UITA acompañó al Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh) y a los familiares de Herminio Deras en este momento tan trascendental.
Cinco meses después, la Corte dio a conocer el fallo donde reconoce las graves responsabilidades del Estado hondureño, en especial por violar los derechos a la vida, la integridad personal, la libertad de pensamiento, expresión y asociación y los derechos políticos de Herminio Deras.
También confirmó que sus familiares sufrieron ataques deliberados como persecución, detención ilegal, malos tratos y tortura, allanamiento ilegal de sus viviendas y destrucción de bienes.
Como consecuencia, varios de ellos tuvieron que abandonar el país y la familia sufrió un proceso acelerado de desintegración.
Por todo lo anterior, la Corte IDH definió en su sentencia (lea el resumen oficial) una serie de medidas de reparación integral y rehabilitación, así como indemnizaciones compensatorias para las víctimas.
Entre otros, los magistrados de la instancia judicial interamericana ordenaron investigar, identificar, juzgar y sancionar a todos los responsables de la ejecución extrajudicial de Herminio Deras y demás violaciones de derechos humanos, al tiempo que mandaron a cerrar de manera definitiva los expedientes policiales abiertos en contra de sus familiares.
También establecieron que se deberá realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional, construir un mausoleo en la tumba del activista político, así como diseñar y ejecutar una política nacional de memoria histórica.
Asimismo, la sentencia ordenó crear e implementar una política de preservación de archivos y sitios sobre las violaciones de derechos humanos cometidas entre los años ochenta y el presente.
Finalmente, el Estado deberá pagar las cantidades fijadas por la Corte IDH por concepto de daño material, inmaterial, costos y gastos.
“Llegar a tocar con mano la justicia es algo que no hay manera de expresarlo con palabras. Es el reconocimiento de todos los esfuerzos que hizo la familia, que aguantó persecución y vejámenes sin claudicar nunca”, dijo Alba Luz Deras, hermana de Herminio.
“Apostamos a que el gobierno de Xiomara (Castro) cumpla la sentencia porque se ha comprometido a respetar los derechos humanos”, agregó Luis Deras, hermano del activista asesinado.
Para Bertha Oliva, coordinadora de Cofadeh, este es el resultado de la búsqueda y exigencia perseverante de justicia.
“Nunca habíamos logrado un resultado como este y es algo que rompe el paradigma al que ha estado acostumbrada la Corte. Sabemos que esto es posible solamente cuando hay voluntad política por parte de un gobierno”, explicó Oliva.
