Nacaome, Valle.- Este miércoles 21 de septiembre se desarrollará el juicio oral y público contra seis agentes policiales que hace más de once años fueron acusados por los delitos de abuso de autoridad y vejámenes, en perjuicio de doce ciudadanos de la comunidad de Coyolito, Amapala, Valle.
Los ciudadanos Elia Xiomara Hernández, Edwin Omar Flores Galo, José Estrada Oliva, Gladis Mejía García, Edeybi Melissa Castillo Santos, Nelly Aurora Mejía, Erlin Guadalupe Flores Rivera, Marvin René Alemán Santos, Claudia Iveth Hernández y Santos Flores Lagos, en diciembre de 2010 realizaban una acción de apoyo a un vecino, porque había una orden judicial para desalojarlo del predio que ocupaba.
Las víctimas fueron agredidas por los agentes policiales que llegaron a realizar el desalojo en contra de José Luis Hernández, los sometieron a la impotencia y una vez subidos en las patrullas continuaron con las agresiones.
Los agentes que serán juzgados por el Tribunal de Sentencia de Nacaome, Valle, son Héctor Roberto Carranza, Pedro Antonio Zelaya García, Marcos Antonio Ordóñez Montoya, José Wilfredo Oseguera Cerrato, Héctor Francisco Soto Guzmán y Luis Arturo Flores Herrera, sobre estos dos últimos hay una orden de captura por incumplir las medidas cautelares que se les aplicó.
Para el 24 de agosto estaba programado el juicio oral y público, pero el mismo fue suspendido por los jueces Mario Ortiz, Ismael González Alcántara y Orlando Álvarez, para poder resolver una solicitud de admisión de nuevas pruebas y que se aplicara la retroactividad penal del nuevo Código que presentó la defensa de los policías.
Para este miércoles 21 de septiembre las partes han sido convocadas por el Tribunal de Nacaome para la realización del juicio oral y público, donde las víctimas esperan que se haga justicia, que no siga la injusticia que han vivido durante estos once años.
“Esperamos que se declare una sentencia condenatoria en contra de estos agentes policiales que estaban asignados a la jefatura de Nacaome, en vista que detuvieron ilegalmente y lesionaron a estos ciudadanos”, declaró la abogada Karol Cárdenas del área de Acceso a la Justicia del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), constituido como acusador privado en este caso.
El desalojo fue violento y desproporcionado contra personas que no representaban ningún tipo de peligro para los agentes de la fuerza pública, sostuvo la abogada Cárdenas.
