Tegucigalpa.
Por Sandra Rodríguez
Han pasado 14 días desde que la organización internacional Global Witness, hizo público el informe “Honduras, el lugar más peligroso para defender el planeta” en el que toma en cuenta cinco casos relacionados a la defensa del ambiente entre ellos lo que vive la población indígena lenca del departamento de la Paz.
Para apoyar el documento, Felipe Benítez y Martín Gómez, dirigentes del Movimiento Indígena Independiente Lenca de La Paz-Honduras, MILPAH, comparecieron de manera pública a fin de avalar el informe y denunciar las violaciones a los derechos humanos que como pueblo indígena poseen.
Desde antes de la publicación, se inició una campaña de descrédito a través de redes sociales por dicho informe, y los integrantes de MILPAH, documentaron una serie de irregularidades que los expone como defensores del territorio, en el país considerado como peligroso para los y las defensoras de derechos humanos.
El 29 de enero una patrulla de la Policía Preventiva llegó al territorio de la comunidad Tapuyman, cuatro policías ingresaron a la casa del dirigente de MILPAH, Félix López, donde sólo estaba su esposa, a quien le expresaron que había dos órdenes de captura contra igual número de personas de la comunidad. Ante el cuestionamiento de la señora, sobre los nombres de a quienes buscaban, los uniformados se negaron a responder.
Ese mismo día, ingresaron a la casa de Antonia López, los policías se burlaban al mismo tiempo que fotografiaban un afiche dónde aparece la lideresa indígena Ana Mirian Romero, premio»Front Line Defenders» 2016, quien fue severamente atacada en el 2015 y a inicios del 2016 le incendiaron la casa, de este hecho aún no hay responsables.
Un policía le dijo a doña Antonia “ustedes saben lo que ocurre aquí en la comunidad y tienen orden de captura Félix López y Joselino López”, secretario y presidente del Consejo Indígena de la comunidad de Tapuyman, respectivamente.
Y el 31 de enero fue la presentación del informe, que le llevó dos años de trabajo investigativo a Global Witness, cuya petición es para el Estado a que investigue a fondo cinco casos de violaciones a derechos humanos y actos de corrupción que se denuncian en el informe tales como: “La presidenta del partido Nacional y su relación con presas ilegales”, “El asesinato de Berta Cáceres y los oscuros intereses que mueven la presa de Agua Zarca”, “La operación minera del empresario Lenír Pérez”, “La masacre de las comunidades Tolupanes” y “El pueblo garífuna y las fuerzas que apoyan el emblemático desarrollo turístico de Honduras”.
Después de esto, no se hicieron esperar las reacciones de parte de los grupos de poder en Honduras, que se sintieron afectados. Las cuales se ensañaron contra MILPAH, que se identifica en el caso “La presidenta del partido Nacional y su relación con presas ilegales”.
El 2 de febrero, Vásquez y Benítez, comparecieron en un foro televisivo, junto a Billy Kyte, director de incidencia de Global Witness; así mismo estaban representantes de empresa privada de Honduras, y comunicaciones telefónicas de dirigentes gubernamentales, que atacaban la postura de los defensores del territorio indígena.
Los dirigentes Lencas recibieron ataques raciales, los cuales se convierten en delitos contra la cultura, irrespeto a sus creencias y costumbres, así como intromisión a la autodeterminación de los pueblos, que se establecen el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, del cual Honduras es signatario desde hace 25 años, y que no implementa a cabalidad.
El cinco y seis de febrero, se ejecutó un operativo militar y policial en el territorio de la comunidad de La Tejera, en el municipio de Santa Elena, donde habita Felipe, Martín y Ana Mirian.
Hasta allí se movilizaron cuatro patrullas policiales y cuatro patrullas militares, no se especificó cuál era el motivo de su presencia. Luego informaron que habían encontrado armas bajo tierra, pero nadie presenció el hecho. La comunidad se sintió intimidada ante su presencia, pues no es normal que hombres fuertemente armados interrumpan en el entorno.
Un militar de la Fuerza de Seguridad Interinstitucional, FUSINA, le dijo a un niño (del cual por seguridad omitimos su nombre), que le daba cien lempiras para que le dijera ¿Quiénes habían enterrado las cosas y que si el sabia? El menor le respondió que desconocía el dato.
Esa noche hasta el amanecer del lunes 6, se escuchó que varias motocicletas y vehículos atravesaban el territorio de la comunidad La Tejera, denunció la dirigencia de MILPAH, a defensoresenlinea.com.
Un policía, identificado como “Corrales”, le preguntó don Nasario Ventura, si el sabia de las armas enterradas, ya que de la casa sale un camino hasta llegar al risco donde estaban las armas, y la respuesta fue negativa, ya que nadie en la comunidad sabia de ese entierro. Durante la noche, siete militares recorrieron la zona.
El 10 de febrero un vehículo color rojo, doble cabina, con tres a cinco personas a bordo y no identificadas entraron a la casa de Martín Gómez Vásquez, sub coordinador de MILPAH, preguntaron por el dirigente, pero este se encontraba en diferentes reuniones en el municipio de Marcala.
Permanecieron dentro del vehículo como esperándolo, desde la una hasta las cinco de la tarde. Uno de ellos entro a la casa y tomó fotografías de algunas pertenecías de la familia, como ser cuadros, diplomas y una bandera política.
El 11 de febrero, una patrulla policial se presentó en el área urbana de Nahuaterique y le preguntaban a la población si allí existe la organización MILPAH, las respuestas fueron sí y no. Lo cual deja clara la persecución contra el Movimiento Indígena Independiente Lenca de La Paz-Honduras, denunció la dirigencia indígena.
La población de La Paz, especialmente la que defiende sus derechos indígenas, está preocupada por la criminalización de que son víctimas, ya que se reporta asesinatos, desapariciones, torturas desalojos violentos, quema de viviendas, encarcelamiento incluso de niños y ancianos, así como ataques contra mujeres embrazas que ha abortado.
El pasado 8 de febrero se lanzó el proyecto “Mejorando el Acceso a la Justicia de la población indígena Lenca de La Paz”, el cual tiene como objetivo fortalecer las capacidades las y los participantes, especialmente de las mujeres, así como de los operadores de justicia, para facilitar así el acceso a un sistema de justicia confiable y que promueva la equidad social.
El proyecto, que tiene una duración de tres años, es ejecutado por el Centro Hondureño de Promoción para el Desarrollo Comunitario (CEHPRODEC), el Centro de Estudios de la Mujer – Honduras (CEM-H) y el Comité de Familiares Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), organizaciones con amplia experiencia y reconocimiento en defensa de derechos humanos. Además, cuentan con el acompañamiento técnico y financiero de la Agencia Católica Irlandesa para el Desarrollo Trócaire y con el financiamiento de la Unión Europea a través del Programa EUROJUSTICIA.
