La organización Global Witness, establecida en 1993 en Inglaterra, vino esta semana a Honduras, a señalar directamente a los culpables del desastre ambiental y de la corrupción pública que implica asesinatos de personas y desplazamientos de pueblos originarios.
La marca que quedó colocada en los grandes medios del mundo es contundente: Honduras es el país más mortal del planeta para la defensa ambiental: 123 líderes comunitarios asesinados por una mafia de políticos y empresarios corruptos.
No es que internamente desconociéramos lo que ha sido denunciado, porque internamente ha sido documentado, pero cuando la voz crítica se alza desde los centros de poder donde los corruptos nativos se han nutrido de falsa legitimidad y dinero, entonces repercute.
Global Witness habla desde Londres y Washington, las capitales neoliberales que los corruptos locales añoran habitar.
El Movimiento Indígena Lenca de La Paz, MILPA y el COFADEH, en un informe entregado a misiones extranjeras a finales de 2015, ya señalaban nombres de alcaldes, jefes policiales, batallones militares y sicarios, que estaban causando crímenes de personas opuestas a represas y parcelaciones de territorios indígenas y garífunas.
Las denuncias de base para entonces igualmente mencionaron a la presidenta del Partido Nacional y su esposo Arnold Castro, además del diputado Mario Pérez, como personas responsables de dirigir hostilidades contra los pueblos de Santa Bárbara, Intibucá y La Paz, próximos a ríos y montañas protegidas.
Global Witness en su informe llano y sin rodeos nombra a la presidenta del Partido Nacional – Gladys Aurora – entre las principales traficantes de influencias políticas en perjuicio de los pueblos originarios de Honduras. Ella y otros.
Y de modo todavía más contundente, la denuncia señala a Camilo y Edy Atala – máximos ejecutivos de FICOHSA – entre los principales beneficiarios del multimillonario proyecto turístico INDURA, en Tela.
Los Atala y otras familias millonarias de Honduras – del Partido Nacional y del Partido Liberal – son responsables de haber lavado el dinero saqueado a los jubilados, ancianas y enfermos del Seguro Social en una trama de crimen organizado urdida entre 2014 y 2015.
Así fue hecha la denuncia en Tegucigalpa por el director de incidencia pública de Global Witness, Billy Kyte, quien citó al propio Ministerio Público de Honduras como la fuente principal de la información.
El informe deja claro que las mafias empresariales aliadas con políticos corruptos han sido causantes de 123 asesinatos de personas en Honduras – incluyendo a la lideresa indígena Berta Cáceres –, y por el atraco al Seguro Social al menos 12 crímenes se produjeron, y casi 2000 pacientes fallecieron por desatención.
Y como ha sido dicho aquí, no es la primera vez que la cúpula del Partido Nacional y el Banco FICOHSA son señalados en los últimos dos años por hechos similares, pues también figuran en las investigaciones internacionales del caso Agua Zarca de Santa Bárbara, Barra Vieja y Triunfo de la Cruz en Tela, Atlántida; en San José, La Paz; en Chinacla y Opatoro, La Paz… y sigue la lista.
Pero como era previsible, los saqueadores del seguro y traficantes de influencias políticas reaccionaron al estilo gansteril, unos amenazando desde el Comité Central con encarcelar al mensajero, otros desde el Congreso pidiéndole a la policía militar que lo detenga de inmediato, y el mero súper ministro del presidente Hernández, negando la autenticidad del informe y contra-atacando.
Alcerro bajó del cerro de las fantasías oficiales para hacer el ridículo frente a las cámaras, y como una víbora sin diplomacia dijo que el informe no es objetivo ni creíble, porque su información es sesgada ideológicamente.
En matemáticas rudimentarias, Hernández Alcerro – en nombre del gobierno – negó la existencia de 123 víctimas mortales de la lucha ambiental en Honduras en los últimos 8 años, lo que no es una novedad. Porque la lógica oficial es invsibilizar las víctimas, que es también otra forma de matar.
Con torpeza más que con cinismo, el engolado ministro dijo que los denunciantes desconocen que el gobierno de los Hernández hace “consulta previa, libre e informada en proyectos que pudieran afectar el medio ambiente”.
Nada puede ser más falso que esa afirmación y, verdaderamente, es peligroso lo que dice porque lo que sí ha hecho el gobierno es manipular la conciencia colectiva con bolsas de comida, ocupar militarmente los territorios ancestrales, y perseguir con paramilitares a los liderazgos comunitarios.
En los exámenes periódicos de la ONU el Estado de Honduras ha sido denunciado por estos mismos motivos, y en reiteradas ocasiones funcionarios como este Alcerro se han comprometido allá a cumplir las recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos, pero Global Witness les dice que el 90 por ciento de los crímenes no ha sido investigado ni sancionados los responsables.
Y que por esa razón, Honduras es el más mortal de los países de la Tierra para hacer defensa del medio ambiente.
Alcerro quiso salir bien de ese bombazo mintiendo, afirmando que el gobierno apresó a 7 responsables del crimen de Berta Cáceres, pero ninguno de los ejecutivos de Agua Zarca, su financiador local e internacional, ni el aparato de seguridad estatal ni los socios políticos del proyecto, fueron apresados todavía.
Mientras el debate es apagado por los medios de comunicación al servicio del silencio y de la manipulación, conviene decir que la comunidad internacional que interviene oficialmente a Honduras sí podría llevar a estos canallas aunque sea a las cortes federales de Miami…
