Tegucigalpa.- “Yo creo que Xiomara Castro, los partidos emergentes, la ciudadanía y también las personas honestas que están dentro de estos partidos tradicionales tienen que hacer la diferencia, porque no creemos que esta coyuntura en la que se está tratando de adecentar y de generar una luz de esperanza para la población hondureña, luego de 40 años de vivir bajo estas redes de corrupción; deba continuar”.
Así se expresó Pedro Landa, coordinador de Proyectos para Honduras de la Plataforma Internacional contra la Impunidad (PICI), experto en temas ambientales y defensor de los derechos humanos.
Landa fue el analista invitado al programa “Voces Contra el Olvido” del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) que se emite todos los sábados a las 7:00 pm por la cadena Radio Globo y en transmisión simultánea digital vía facebook live.
Pedro Landa dijo que recientemente el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC) de la Compañía de Jesús, hizo público un sondeo de opinión en donde los encuestados han señalado que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ha sido un nido de víboras y de serpientes que solo muerden a los descalzos, como decía el poeta Roberto Sosa.
“Porque ha sido controlada por las élites de poder, por los grupos políticos que se repartían la Corte o que negociaban la Corte, como lo señala el editorial del COFADEH en el caso del político Jaime Rosenthal cuyo propósito no fue nunca ser presidente sino tener el control de la Corte para evadir la responsabilidad que tenía con relación a sus empresas.
El editorial del COFADEH titulado “La Elección de la Corte” señala al inicio de sus párrafos que “…Vamos a decirlo claro una vez más. Después de la Asamblea Constituyente de 1981 fueron las familias de migrantes árabes y judíos, representantes de industrias, y una pequeñísima élite caudillista nacional, quienes decidían la integración de la Corte Suprema”.
“Carlos Flores Facussé, Jaime Rosenthal, Mario Rivera López y Rafael Callejas, se reunían y decidían a quienes poner y a quienes quitar”.
Pero también hay otros grupos que ha ido surgiendo como éstos cárteles de la narcodictadura, el narcotráfico, la corrupción, el sicariato, el tráfico y la trata de personas, que han estado ahí; pero también el tráfico de influencias políticas para mantener la impunidad en este país, apuntó Landa.
Landa citó el caso que le tocó vivir a los defensores de los ríos San Pedro y Guapinol en Tocoa, departamento de Colón, que estuvieron casi 3 años privados de su libertad, en donde el juez “llamaba para consultar sobre qué decisión tomar, y muchas veces daban sentencias sin ningún razonamiento, sin ningún fallo, y eso claramente era una evidencia de que estaban respondiendo a intereses de poderosos, a intereses de grupos de poder que son los que han estado manejando aquí nuestro país”.
Vale la pena señalar también que cuando se aprobaron las Zonas Especiales de Desarrollo (ZEDE) el único magistrado que votó a favor fue Oscar Chinchilla que recibió como premio ser electo Fiscal General de la República, y ahí se decidía qué casos investigar y qué casos cerrar, comentó.
“Pero además a partir de ahí es que se genera ese proceso tan polémico que se dio y que creo que es la lección que tenemos que evitar de cuando se elige a la Corte Suprema de Justicia y se impone por la fuerza a una persona que no reunía las mínimas capacidades”, sostuvo el defensor de derechos humanos.
Esta persona que está al frente del poder judicial era la menos calificada. De hecho cuando se hizo la evaluación para elegir a los 15 magistrados, esta persona no quedaba en la lista. Al final el mecanismo y el reglamento que se había hecho lo tiraron, lo hicieron a un lado y fue vía expresión política que se logró poner a Rolando Argueta y eso está registrado en la historia, no son inventos que estamos diciendo, acotó el entrevistado.
El también experto en temas ambientales dijo que quedó registrado en notas periodísticas y en las narrativas, que los poderes fácticos y sobre todo los grupos de poder político que se han unido históricamente para hacerle daño a este país que han sido el partido Liberal y el partido Nacional, en ese momento se unieron nuevamente “para imponer a alguien que les iba a garantizar que no iba a actuar en contra de sus intereses, en contra de su proyecto político que tenía que ver con la continuación de la dictadura pero también que no iban a actuar en contra de los crímenes que estaban cometiendo contra la población, crímenes que han quedado en la impunidad”
El 12 de mayo de 2022, la directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, señaló al Fiscal General Oscar Chinchilla como al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rolando Arqueta, como el “dúo de la impunidad y tapaderas de la corrupción”.
Landa señaló que tanto las torturas, detenciones arbitrarias y los crímenes cometidos después del golpe de estado contra decenas de ciudadanos y ciudadanas, también han quedado en la impunidad, porque ésta Corte Suprema de Justicia no ha hecho absolutamente nada.
El coordinador de Proyectos para Honduras de la Plataforma Internacional contra la Impunidad (PICI), expresó que recientemente la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) ha sido reiterativa señalando que ninguno de los 124 asesinatos que se registraron en la crisis electoral de 2017 habían sido investigados y mucho menos procesados por el poder judicial.
“Eso indica de que es urgente que si queremos recuperar el estado de derecho, así como se han dado pasos para recuperar el poder Ejecutivo, tenemos que recuperar el poder Judicial, porque es el pilar fundamental para el estado de derecho, porque si no hay independencia de poderes y no hay personas idóneas y capaces que no estén ligadas a un sector económico, sea político, sea militar o de cualquier índole que no le garantice independencia judicial; la justicia va a seguir siendo una ilusión en este país y vamos a seguir viviendo en mayor impunidad”, advirtió el defensor de derechos humanos.
El Congreso Nacional conocerá en los próximos días, 3 propuestas de ley para la creación de un nuevo marco legal para la Junta Nominadora de candidatos y candidatas a magistradas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Respecto a que en el pasado, grupos económicos y políticos habrían pagado grandes sumas de dinero a diputados y diputadas para favorecer a determinados aspirantes a convertirse en magistrados o magistradas a la Corte Suprema de Justicia, Landa estimó que ese riesgo no ha desaparecido.
Recordemos que en el juicio contra Tony Hernández (hermano del ex dictador Juan Orlando Hernández, quien fue condenado a cadena perpetua por narcotráfico en Estados Unidos) el juez Kevin Castell dijo que tenía información que databa de 2005 en el cual se señalaba sobre un cártel de crimen organizado que se ha mantenido en la impunidad, porque sigue intacta dicha estructura.
“Estos sectores van a seguir influenciando y van a pelear para que sus cuotas de poder se mantengan. Ahí es necesario que exista esa veeduría social para que no vuelva a negociarse esos puestos en la Corte Suprema de Justicia”,dijo.
Pedro Landa apuntó que los más interesados en escoger a los magistrados y magistradas son los partidos políticos, hay que recordar que el bipartidismo ha sido el que se ha repartido la Corte Suprema de Justicia (CSJ), de hecho, en el último proceso fue el bipartidismo el que echó por un lado todo el proceso que se tenía de evaluación a partir de las audiencias públicas y en encerronas era que estaban tratando, hasta que lograron imponer al candidato que era de su preferencia.
“Yo creo que Xiomara Castro, los partidos emergentes, la ciudadanía y también las personas honestas que están dentro de estos partidos tradicionales tienen que hacer la diferencia, porque no creemos que esta coyuntura en la que se está tratando de adecentar y de generar una luz de esperanza para la población hondureña, luego de 40 años de vivir bajo estas redes de corrupción; deba continuar”, sostuvo.
La oportunidad es ahora y creemos que existen las condiciones para obtener una veeduría, un respaldo internacional y creo que se debe hacer un llamado a Naciones Unidas para que la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH), se instale antes del proceso de selección de los candidatos y candidatas a la Corte Suprema de Justicia para que también sea un auditor internacional.
Landa dijo que hay muchas personas que están con “canillera” y otros están huyendo hacia distintos países porque tienen cuentas pendientes con el estado, por eso es importante tener una Corte Suprema de Justicia independiente.
El coordinador de Proyectos para Honduras de la Plataforma Internacional contra la Impunidad (PICI) comentó sobre las observaciones planteadas por la Relatoría de Naciones Unidas sobre esta temática, en donde señala que para la escogencia de magistrados y magistradas en Honduras, los procedimientos existentes no ofrecen garantías suficientes para eliminar injerencias.
“Por eso es que se necesita un marco legal que impida esas injerencias, que impida ese intervencionismo que se ha tenido y esa cooptación de los sectores tradicionales y del sector empresarial y por qué no decirlo, del crimen organizado y el narcotráfico”, advirtió.
Tenemos que vigilar para que se elija a las personas que tengan capacidad, experiencia, méritos y que no tengan ningún compromiso con sectores que tradicionalmente han controlado el poder judicial.
Respecto al papel que puedan jugar en este proceso, tanto la Embajada de Estados Unidos o la Unión Europea, Landa dijo que cree que éstos están colaborando para transparentar y adecentar los procesos de selección de la Corte Suprema de justicia (CSJ) y para tratar de eliminar esas injerencias que se han dado históricamente.
No podemos negar que Honduras, por estar tan cerca de Estados Unidos y por la relación que existe con el tema de las extradiciones, tiene un rol importante en la vida política de la nación, y lo ha tenido históricamente.
“Aquí Estados Unidos puede brindar una asesoría importante, tienen también los perfiles de los candidatos y candidatas, y pueden ofrecerle a la Junta Nominadora esos expedientes que tienen de los posibles candidatos y candidatas, sobre todo si hay algunos que pueden ser cuestionados por algún hecho que esté reñido con la ley”, detalló.
En torno a la Unión Europea, el entrevistado comentó sobre el proyecto Promoción y Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (ProdeHonduras) del cual el COFADEH forma parte, y a través del Proyecto ProDerechos que contempla avanzar hacia el respeto de los derechos humanos, el respeto y habilitación de la justicia y el estado de derecho, que son ejes fundamentales de este programa y tiene que ver precisamente con que si no existe un poder judicial, es imposible pensar que se van a respetar los derechos humanos en el país.
“Hay que revisar quiénes conforman el poder judicial, porque una de las cosas que preocupa fue el nombramiento reciente de Rolando Argueta de 300 empleados. No se dijo de qué categoría eran, si eran jueces, magistrados o personal administrativo. Eso prácticamente viene como a limitar la posibilidad que tendría la nueva Corte Suprema de Justicia para elegir a las personas más idóneas para los puestos”, recomendó el analista.
Hay que pensar en un proceso de evaluación de los jueces y magistrados e inclusive sobre la gestión que han tenido los tribunales en estos últimos años para revisar, si es necesario, modificar esas estructuras donde a los criminales se les trata con guante de seda y a otros que son víctimas de éstos criminales, muchas veces se les encarcela.
En otros de sus párrafos el editorial del COFADEH subraya que: “…A partir del golpe de Estado, todo fue una simulación horrible del golpismo. Las instituciones miembras de la junta nominadora, aún las llamadas agrupaciones de sociedad civil, hicieron cuanta marrulla fue posible para enviar listas de candidatos leales al bipartidismo de los Hernández-Facussé.
“…Nueve nacionalistas, ocho liberales en la Corte, y un fiscal azul de Copán con un fiscal colorado de Teguz en el Ministerio Público. Esta composición perversa, fue alterada en diciembre de 2012 por Juan Orlando Hernández, el del uniforme naranja en Nueva York…”.
“…En horas de la madrugada (a las 04:00 horas), con el edificio rodeado por miembros de las Fuerzas Armadas de Honduras, el Congreso Nacional del candidato presidente acordó la destitución de José Antonio Gutiérrez Navas, Gustavo Enrique Bustillo Palma, José Francisco Ruiz Gaekel y Rosalinda Cruz Sequeira, magistrados integrantes de la Sala Constitucional, opuestos a las malditas ZEDES…”.
“…Ese día, 12 de diciembre de 2012, no quedó ninguna duda quién es el dueño de los magistrados y para qué sirven. En 12 años, ese delincuente jefe de la manada extraditado en abril pasado por Estados Unidos no tenía en su contra un solo proceso penal por corrupción, tráfico de drogas o acciones de terrorismo en Honduras. Nada de nada. Igual que el ex presidente Mitch y sus ministros ladrones, agazapados en las sombras de la impunidad..”.
Finalmente Pedro Landa citó la impunidad que existe en los ecocidios (destrucción de gran parte del medio ambiente de un territorio), porque todo esto tiene que ver con el tema de justicia, donde se otorgan permisos y concesiones en lugares donde no se pueden hacer proyectos agrícolas o proyectos habitacionales y ahí la corte Suprema de Justicia no toma ninguna acción.
