No podemos ignorar que hay eventos en el escenario que están causando ruido a la gobernabilidad política de Honduras. Son eventos activados por la estructura narcotraficante del país, que conserva una cuota de poder paralela al Estado, afincada en instituciones clandestinas. Quieren perturbarnos otra vez.
Entre otros eventos de esta perturbación sobresalen la reactivación de la estructura golpista que intentó en enero boicotear el funcionamiento del Congreso Nacional para favorecer la continuidad del modelo narco. También destaca la conversión del partido nacional en una banda de vengadores sujeta a la estrategia del extraditado, en sociedad con un sector del partido liberal.
El alineamiento opositor de los medios de la dictadura contra el gobierno que preside Xiomara Castro y la evidente reactivación de los escuadrones de la muerte al interior de la secretaría de seguridad sobresalen, tanto como el boicot contra la Uferco y la CICIH por grupos locales, lobistas de Washington y ladrones impunes que chillan sus delitos.
Se observan, definitivamente, unos movimientos concertados por la derecha narcotraficante para impedir una elección independiente de los nuevos fiscales y magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
Son los narcos criminales en definitiva los opositores, los corruptos que sienten sus intereses amenazados por la soberanía popular.
Estamos seguras que esos movimientos están debidamente documentados por los servicios de inteligencia del gobierno y que la voluntad política de la Presidenta Xiomara Castro no será suficientemente fuerte para detenerlos sin el alistamiento de las fuerzas populares.
Con la intuición de casi 40 años en la plaza del centro histórico de Tegucigalpa, el Comité de Familiares de Detenidos-Desaparecidos en Honduras levantó esos eventos en su plantón del primer viernes de junio.
En un comunicado público, la organización humanitaria no dejó pasar la tortura y asesinato del joven Wilson Ariel Pérez al estilo de los escuadrones de la muerte de 1980. Wilson sufrió una persecución feroz de medios privados, del sistema de seguridad 911 y una unidad militarizada de la policía que puso precio a su cabeza después de cometer una falta grave contra la humanidad de una oficial de policía en el estadio Olímpico de San Pedro Sula.
El cadáver del aficionado presentaría las uñas de sus manos extraídas, sus dientes removidos, la lengua cortada y otras laceraciones brutales, en un cuadro que remite a los actos de tortura de escuadrones de la muerte y no al trabajo científico de forenses buscando muestras del ácido desoxirribonucleico.
El Cofadeh calificó la denuncia de este crimen contra Wilson como un acto valiente de su familia, porque apunta el dedo contra policías sedientos de venganza y contra una institución uniformada enteramente comprometida con el cartel de los Hernández.
Frente a este hecho, la oficina que dirige el general Sabillón ha incurrido en una cadena de contradicciones públicas respecto a las circunstancias y motivaciones al extremo de hacer recordar la matriz del asesinato salvaje de Keyla Martínez el año pasado en La Esperanza.
Si la presión social y política continúa sobre la policía, dijo el Cofadeh, la sociedad podrá desenmascarar esta ejecución extrajudicial. Si, por el contrario, es desviada la atención pública, el general Ramón Sabillón y su viceministra perderán la oportunidad de presentar a la justicia a los policías asesinos, para sanar la pudrición con transparencia.
Si Sabillón, líder de la extradición de narcos, no se concentra en extirpar el pus de esta banda uniformada, toda la sociedad estará en alto riesgo advirtió el Comité de víctimas.
Hacemos un llamado, entonces, a la presidenta Xiomara Castro para que no deje pasar esta oportunidad de descubrir toda la verdad, recomendó el Comité, porque Mateo y Casamata – sedes de la seguridad nacional — no están al servicio exclusiva de la embajada de Estados Unidos, sino del pueblo hondureño.
Otro de los temas de interés nacional que levantó el Cofadeh en la Plaza de los Desaparecidos fue la lentitud del proceso de instalación de la Comisión Internacional contra la Impunidad y la Corrupción en Honduras por parte de las Naciones Unidas.
El comunicado público del viernes considera que la tardanza es un regateo entre las condiciones objetivas y subjetivas del país, que menosprecia sin embargo el clamor concreto del pueblo hondureño para desmontar las estructuras criminales que devastaron la institucionalidad del Estado de Derecho.
A la organización de los 40 años de lucha no le parece el lenguaje extremadamente calculador de la ONU que envió una misión al país para sondear el consenso de esta medida contra los impunes, pero todavía está en fase de consideración.
El Cofadeh señala que esa misión habló con actores políticos comprometidos con la dictadura de Hernández quienes desconocen la legitimidad de la junta directiva del Congreso Nacional, exigen la derogación de la amnistía y rechazan el cambio de reglas para elegir a los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
Las mujeres contra la muerte de la Plaza La Merced dijeron que ellas son víctimas del sistema corrupto e impune que domina en el país, porque se ven forzadas frecuentemente a elevar litigios en tribunales del sistema interamericano de derechos humanos ante los cerrojos existentes a nivel local. En consecuencia, están interesadas en una CICIH que muerda las estructuras y las encarcele.
En el caso extremo que las consideraciones o las recomendaciones condicionen al Estado a derogar, bajo presión de sectores interesados, iniciativas de ley como la amnistía a los presos políticos de la dictadura corrupta y narcotraficante, o a mantener leyes que impiden una elección transparente de fiscales y magistrados, esta organización de víctimas condenará tales despropósitos.
Así lo advirtió el Cofadeh, enfatizando que “no vamos a permanecer en silencio ante las instancias internacionales, sean o no nuestras aliadas en temas de interés general, para que continúen impunemente como correas de transmisión del consenso de Washington o vehículos de lobby global en perjuicio de nuestro pueblo”.
Uno de los señalamientos concretos a esta política celosa o de cálculo que guía a la ONU en el contexto hondureño actual es su apoyo institucional sumiso a la dictadura criminal de Hernández durante 12 años, censurando que ese reo de Nueva York tenía voz permanente en la Asamblea General.
Así fue el plantón del viernes. Así andan las cosas por ahora. Es preciso analizar los nuevos hechos que están moviéndose, y actuar en consecuencia.
Buenas noches.
Editorial Voces contra El Olvido, sábado 4 de junio de 2022
