Tegucigalpa.- El reconocido dirigente sindical e integrante de la coordinación nacional de la Convergencia contra el Continuismo (CCC), Carlos H. Reyes, analizó las repercusiones para Honduras después la extradición de Juan Orlando Hernández hacia Estados Unidos.
Carlos H. Reyes participó el sábado 23 de abril en el programa radial “Voces contra el Olvido”, un espacio que se transmite todos los sábados a las 7:00 de la noche, y que es producido por el equipo de prensa del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), a través de Radio Globo.
Inicialmente Reyes dijo que Estados Unidos al llevarse a Juan Orlando Hernández para juzgarlo y hasta dictarle prisión de por vida, está resarciéndose de todos los daños que éste les hizo.
El dirigente sindical señaló que el propio Estados Unidos es responsable de los daños “que este tipo nos infringió, y que fue originado por el mandato de Estados Unidos de mantenerlo en el poder, porque decir que él resolvió la criminalidad y que Honduras había dejado de ser un narco-estado; todo ello está teniendo un enorme impacto”.
Para el líder sindical todos los daños ocasionados en lo social, económico y político están poniendo en peligro a la presidenta Xiomara Castro, porque dejó al país quebrado y con un montón de problemas.
El pasado jueves 21 de abril el secretario de Justicia de EEUU, Merrick Garland, presentó la acusación formal contra Juan Orlando Hernández.
Estados Unidos señala al expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, de abusar de su posición como mandatario, para convertir al país en un “narco-Estado”, utilizando dinero del narcotráfico para financiar sus campañas y comprar votos y traficar 50 toneladas de cocaína.
El ex dictador enfrentará ante la justicia estadounidense tres cargos criminales: uno por conspirar para importar cocaína a EEUU y otros dos por uso y conspiración para el uso de armas de fuego, como parte de una conspiración de narcotráfico. De ser encontrado culpable, Hernández podría pasar el resto de su vida en prisión.
Antes de su extradición hacia Estados Unidos, Juan Orlando hizo circular un video en las redes sociales en el que asegura que es inocente y que está siendo víctima de la venganza de los narcotraficantes que él mismo extraditó o que obligó a huir a Estados Unidos.
El próximo 10 de mayo Juan Orlando Hernández comparecerá ante el juez de la Corte del Distrito Sur de New York, Kevin Castel, el mismo togado que le impuso una cadena perpetua más 30 años a Juan Antonio (Tony) Hernández, (hermano del ex dictador), por traficar con drogas en territorio estadounidense.
Los gringos nos están dando atol con el dedo, expresó Reyes, porque quedamos con un daño enorme y están diciendo que vienen ayudas, que vienen inversiones, después de que nos han dejado un enorme daño.
“Hay que ver que Juan Orlando no actuó sólo, había una mafia de militares, policías, jueces, más otros personajes que formaban parte de toda esta mafia”, dijo.
Y añadió que por lo tanto el trabajo no será nada fácil, los Estados Unidos van a continuar llevándose a más hondureños, pero no por corrupción, sino por tráfico de drogas, presagió el líder sindical y miembro de la Convergencia contra el Continuismo (CCC).
Reyes indicó que va a ser difícil resarcir todo esto, porque a aquellos a los que se les toque, van a decir que se trata de una persecución política. “Va a ser difícil resarcir todos los daños que nos han hecho”.
Por otra parte, Reyes señaló que toda la cobertura mediática que vendrá con el juicio de Juan Orlando en Estados Unidos, nos va a ir a ir entreteniendo con los personajes que vayan saliendo del país, y eso afectará el avance en el desarrollo del país y en el gobierno de Xiomara Castro. Van a andar persiguiendo gente, otros van a salir huyendo y habrá una entretención horrible con las extradiciones.
Es necesario que Honduras tenga tribunales con gente honrada para que esos delitos se castiguen acá y no tengan que estar viendo a quién se llevan, apuntó.
“En Honduras lo que se tiene que enfrentar es a una estructura dictatorial que hay que desmantelar, y eso pasa por sacar a esta gente y desmantelar el sistema de impunidad”, enfatizó.
Reyes dijo que la con la venida de la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad (CICIH) se deberá definir cuál va a ser su función primordial y cuántos años estará, porque lo que nos ha dejado el régimen de Juan Orlando es un país destrozado, que busca la ingobernabilidad, para que vuelva el cachurequismo, advirtió.
Por otra parte Carlos H. Reyes resaltó los avances del gobierno de Xiomara Castro, al derogarse la Ley Zonas de Empleo y Desarrollo (ZEDES), que involucraban la venta del país y la partición del territorio. Esta ley derogada por el Congreso Nacional, deberá ratificarse en la próxima legislatura.
Al respecto el reconocido líder sindical dijo que tocará al gobierno hacer ver a los inversores de las ZEDES, sobre las nuevas disposiciones adoptadas e instarlos a que se acojan a otros regímenes ya existentes, que no vulneran la soberanía nacional.
Reyes pidió al gobierno de Xiomara Castro a continuar avanzando en la derogación de otras leyes que lesionan los derechos de la clase trabajadora en Honduras, como la Ley de Empleo por Hora, que desregula el mercado de trabajo para despedir empleados y empleadas, se paga lo que quieren y se aplica la jornada que ellos quieren.
“Es una ley que ha empobrecido a miles de hondureños y hondureñas. Los migrantes dicen que abandonan el país por los bajos salarios”, resaltó el dirigente sindical.
Consultado si esta situación podría mejorar a futuro, el entrevistado respondió que el problema es que para pagar esa empleomanía resultante de trabajos temporales, se ha tenido que hacer préstamos. La gente está reclamando derechos por todo tipo de actividades. Para generar empleo se necesita de inversión y el estado no está en disposición de hacer inversiones.
Previo a la conmemoración del Día Internacional del Trabajo, el próximo 1 de mayo, Carlos H. Reyes anunció que en ese marco la clase obrera espera que ya haya sido derogada la Ley de Empleo por Hora y que demandarán la derogación de lo que él llamó “las leyes marco”, que implican la privatización de servicios vitales para la vida de la población como el sector salud, energía eléctrica, telecomunicaciones y una serie de fideicomisos que comprometen las arcas del estado y que enriquecen al sector privado.
