Giorgio Trucchi | Rel UITA
El Foro “Amnistía, un acto de justicia y reconciliación”, sentó un concepto fundamental: la amnistía debe ser una herramienta jurídica y política que beneficia a las víctimas de los gobiernos golpistas y post golpistas y no un instrumento para legalizar la impunidad.
De acuerdo con datos del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), son 615 las personas acusadas por delitos comunes por oponerse a la narcodictadura entre 2009 y 2021.
“La crisis de derechos humanos se prolongó por doce años. Una de las formas que ha tomado la violencia estatal ha sido la práctica de detenciones selectivas y arbitrarias de personas que participaban en las protestas, que se convirtieron en presos políticos”, explica Cofadeh.
Desde que tomó posesión la presidenta Xiomara Castro y que el Congreso aprobara la Ley de Amnistía (decreto 4-2022)1, son varias decenas las personas que han sido liberadas o que han podido regresar al país después de años de exilio.
Entre otros puntos, la nueva ley rechaza el golpe de 2009, deroga el decreto con el cual se separó de su cargo al entonces presidente Manuel Zelaya, reconoce la validez del Acuerdo de Cartagena2 y concede amnistía a las víctimas de la criminalización judicial.
Para beneficiarse de la ley, las víctimas serán acreditas por la Secretaría de Derechos Humanos en coordinación con Cofadeh.
No más impunidad
“Hoy no es un día cualquiera. Nos estamos reencontrando con aquellos hijos e hijas que, obligatoriamente, se convirtieron en ausentes porque se utilizó toda la estructura judicial para perseguirlos, acusarlos, condenarlos”, dijo Bertha Oliva, coordinadora de Cofadeh.
La defensora de derechos humanos advirtió que no todo va a ser fácil y que la nueva ley ya está siendo satanizada por los medios de comunicación corporativos que apoyaron el golpe.
“Ya están diciendo que es la ‘ley de la impunidad’ y nos atacan. Esta ley fue elaborada desde el alma, desde el sufrimiento, desde las personas que realmente estamos comprometidas con devolver Honduras a un estado de derecho”, explicó.
Oliva instó a todos los presentes y a las nuevas autoridades a seguir trabajando
“La refundación del país se hace con los hechos, con el trabajo, con devolverle la dignidad, la esperanza al país. Se hace también contrarrestando esos intentos de desvirtuar y criminalizar la nueva ley”, concluyó.
Libertad para los presos políticos
El Comité por la Liberación de los Presos Políticos en Honduras ha librado grandes batallas en estos años. En múltiples ocasiones, junto a Cofadeh y la Convergencia contra el Continuismo, la Rel UITA apoyó e hizo suyas estas batallas de verdad, justicia y contra la impunidad.
“La persecución fue sistemática y permanente. Tuvimos que trabajar incansablemente para posicionar el tema de la existencia de presos políticos en Honduras”, dijo Alba López del Comité.
Huelgas de hambre, plantones, eventos públicos, conferencias de prensa y acciones legales se multiplicaron para contrarrestar las campañas criminalizadoras y estigmatizadoras contra quienes denunciaban la existencia de presos políticos en el país, exigiendo su liberación.
A ellos y ellas se les perseguía por delitos comunes, porque el objetivo no era perseguir el delito, sino a las y los luchadores sociales.
Pero la lucha paga.
“El resultado de esta lucha hasta hoy es la liberación de 37 presos políticos y el posicionamiento del concepto de ‘preso político’ en los medios y en la sociedad”, concluyó López.
