Texto y Fotos Sandra Rodríguez
Comayagua, Honduras.- Hoy se llevará a cabo la audiencia de solicitud de Amnistía Política en favor de seis estudiantes universitarios de Comayagua, perseguidos y criminalizados desde el 2016, por el supuesto delito de usurpación del Centro Universitario Regional del Centro (CURC).
La audiencia está programada para las 9:00 a.m. en los Tribunales de Justicia de Comayagua, al centro del país, a solicitud de la defensa legal representada por el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), desde el inicio de la criminalización, en el marco de la lucha estudiantil por una educación universitaria pública, gratuita, inclusiva y de calidad.
Para los ahora graduados y egresados universitarios, Tony Ernesto Ávila, Julio Ricardo Santos, Luís Fernando Madrid Padilla, Rudbel Idail Barahona Ordóñez y Óscar Edgardo González Madrid, la persecución estudiantil que los llevó a los juzgados hace seis años les ha complicado su estabilidad académica, laboral y por lo tanto personal.
Desde que el equipo legal compuesto por las abogadas Karol Cárdenas y Dora Oliva, del área legal del COFADEH, medió para una presentación voluntaria, evitando la ejecución de la orden de captura, cómo solicitaban las autoridades del Centro Universitarios Regional del Centro (CURC), que dirigía Óscar Meza, los líderes estudiantiles permanecieron bajo medidas sustitutivas a la prisión.
Luego las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), bajo la rectoría de Francisco Herrera, propusieron acuerdos de conciliación, pero el registro de antecedentes penales de los jóvenes, continúan marcados por la persecución política que emprendió la entonces rectora Julieta Castellanos.
Más de 200 estudiantes universitarios entre 2014 y 2017 fueron llevados a los Tribunales de Justicia a nivel nacional, acusados en su mayoría por el delito de usurpación con una pena entre 3 y 6 años de prisión. Tres líderes estudiantiles de Ciudad Universitaria fueron condenados en el 2017, el caso permanece en casación. Otro tanto fue suspendido por 15 periodos académicos, equivalente a cinco años de estudio, esta sanción fue rebocada. Algunos estudiantes (egresados) continúan bajo el proceso legal bajo medidas sustitutivas a la prisión.
El Decreto Legislativo 004-2022 aprobado el pasado 4 de febrero beneficiará a más de 7 mil personas que han sido perseguidas judicialmente durante la dictadura impuesta a partir del golpe de Estado de 2009, es para las víctimas opositoras al régimen golpista, campesinos, defensores de la soberanía, ambientalistas, gremialistas y otros que apliquen según el catálogo de delitos establecidos en la LEY PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL ESTADO CONSTITUCIONAL DE DERECHO Y PARA QUE LOS HECHOS NO SE REPITAN, publicada en el Diario Oficial La Gaceta 35,840.
