El gobierno inaugurado en Honduras el 27 de enero de 2022 es muy particular. No es una sucesión normal de administradores del Estado. No es el traspaso de papeles entre cachurecos y liberales.
En realidad estamos viviendo el reinicio de la historia de Honduras después de un bache profundo de 12 años de delincuencia organizada. De drogas, de armas y de muerte. De robos y de falso cristianismo.
Por eso sería un poco ridículo juzgar el tiempo de Xiomara Castro con esa misma medida de tiempo de 100 días que nació en Estados Unidos durante la gran depresión de 1929.
Fue precisamente el presidente Franklin Roosevelt quien impuso el plan de 100 días que incluía leyes, programas y estrategias para superar la precaria situación económica de ese país.
El éxito de aquel plan dependía de las relaciones entre poderes, de la capacidad de comunicar al público y de inyectar optimismo a los diferentes actores de la sociedad.
En Honduras es otro el contexto. Este es un país en tinieblas, asolado por liberales, nacionalistas, chafas, policías y religiosos, coludidos para enmierdar el nombre del país. ¡Se lo llevaron a sus bolsas los canallas!
La expulsión simbólica por la vía electoral de semejantes delincuentes enriquecidos sobre la miseria del pueblo ha sido apenas el principio de un sacrificado camino que tomará tiempo. Más de 100 días.
El país está sin finanzas, sin instituciones creíbles, con el ex jefe mafioso y su ex director de policía enchachados a la espera de su extradición a una corte federal estadounidense. Hay militares, religiosos, empresarios y ex funcionarios huyendo de sus propios crímenes. Esos faltan. Hay que atraparlos.
El país sufre demasiado. La indigencia de millares de personas es algo que no tiene comparación con ninguna época de la historia. La emigración ha sido forzada, dolorosa y masiva. Apenas se ha detenido un poco.
Entonces, no seamos ridículos esperando 100 días para evaluar si Xiomara fue capaz de impulsar la CICIH, la abolición de la ley de empleo por libras, el desmantelamiento de los escuadrones de la muerte y el juzgamiento de los Atala como autores del crimen de Berta Cáceres. En verdad, todo eso urge y deberíamos aprovechar la energía popular ahora. La felicidad es posible.
Pero el pueblo en general tiene un problema serio de ingresos económicos, eso es evidente, se expresa en la precariedad alimentaria, en el abandono escolar de miles de niñas, niños y jóvenes a nivel nacional, y se expresa en el desmejoramiento de las viviendas y en la calidad de vida en general.
Esta es una precariedad que muerde aún más duro en medio de la pandemia de la Covid que sobrepasa los dos años de continuidad y de la nueva pandemia bélico-económica impulsada por el capitalismo gringo y europeo, que trae nuevas incertidumbres. Es una precariedad que podría apartarnos de los desafíos democráticos.
Uno de esos desafíos es continuar la reconciliación de la sociedad nacional sobre las bases del perdón con justicia y sin odios, como esos que expresan académicos lánguidos y antiguos forenses macabros convertidos en constitucionalistas anti amnistía.
¡Qué gran desafío superar los estereotipos, los prejuicios y las miserias humanas de gente corrupta que no sabe de persecuciones ni de limitaciones porque gozan de privilegios de género, de estatus social y de vínculos políticos con las mafias partidarias!
Esa gente es precisamente la que está ejerciendo presión para juzgar los primeros 100 días de Xiomara con parámetros tradicionales, sin considerar la herida mortal de aquella ruptura de 2009 y sus consecuencias hasta nuestros días.
Hay corrientes malignas tratando de hacer que la Presidenta malgaste el respaldo popular y la fuerza espiritual del pueblo con nombramientos infelices y con acciones no estratégicas como seguir pagando deuda externa a los buitres.
Las mismas estructuras de terror instaladas por el cartel Hernández siguen vigentes, forman parte de una conspiración subterránea que trata de imponer otra vez el miedo y la mediocridad para detener los cambios.
El país vive una guerra con bajas civiles superiores a las de esa guerra de Rusia contra la OTAN en Ucrania. Del 1 de enero al 12 de marzo, 662 personas han sido víctimas de homicidios violentos en Honduras, incluyendo víctimas de 14 masacres y tres motines en cárceles de máxima seguridad controladas por las fuerzas armadas de la dictadura Hernández.
En Ucrania, para ser leales con la verdad, las víctimas civiles no sobrepasan las 500 personas según la Organización de las Naciones Unidas.
Sin embargo esa guerra en Europa, que ha disparado los precios de los alimentos, los abonos, los combustibles fósiles y encarecido el valor de las monedas, en cobertura está por encima de la guerra local que amenaza la estabilidad del nuevo gobierno avanzando a sobrepasar las 1000 víctimas a finales de marzo.
Desde estas líneas nocturnas hacemos, en consecuencia, un llamado al ministro de seguridad, Ramón Sabillón, para que impulse con mayor celeridad la limpieza de los cuadros policiales comprometidos con el cartel de los Hernández, y que detenga la maquinaria paralela de criminales operando a nivel nacional.
La producción y el transporte de drogas y armas no deben continuar como dinámica de negocios en Honduras, porque representan discordias, odios y avaricias, que enlutan las familias y afianzan sólo las finanzas de Wall Street y de las instituciones internacionales que promueven esos negocios de muerte.
Señor Sabillón, usted tiene el respaldo político para desmantelar la estructura que extorsiona, la mafia que dirige el sicariato y las instituciones que esconden los sicarios. No vacile en nombrarlos, si otra vez le impiden detenerlos.
En cuanto a los tomadores de decisión, hagamos bien las cosas por favor. No caigan en la tentación de darle poder a especímenes racistas, fascistas, acosadores, delincuentes que podrían desperdiciar bien pronto la sacralidad del voto popular.
Buenas noches!
Editorial Voces contra El Olvido, sábado 12 de marzo de 2022
