Tegucigalpa.- Con el objetivo de beneficiar varios sectores, entre ellos estudiantes, maestros, campesinos, el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) solicitó ante las instancias judicial de Siguatepeque y Comayagua, se aplique la Ley para la Reconstrucción del Estado Constitucional de Derecho y para que los Hechos no se Repitan, que fuera aprobada por el Congreso Nacional y publicada el 4 de febrero del presente año.
En este caso los ciudadanos que serían beneficiados con este decreto están los cinco estudiantes de Centro Universitario Regional del Centro con sede en Comayagua, criminalizados desde el 2017 por defender la educación pública; de igual manera en la ciudad de Siguatepeque los campesinos criminalizados de la Empresa Campesina 11 de marzo.
La abogada del área de Acceso a la Justicia del COFADEH, Karol Cárdenas, señaló que “el objeto de solicitar esta aplicación es que mediante el proceso de amnistía sean beneficiados y se les cierre el proceso penal incoado contra estudiantes, manifestantes, profesores y campesinos”.
A estas personas el Ministerio Público les incoo procesos penales por el hecho de oponerse al golpe de estado perpetuado en el año 2009, por manifestarse en el marco del proceso post electoral y en la actualidad.
“Esperemos que el poder judicial a través de los operadores de justicia, así como aquellas diligencias que están en el proceso de investigación, ya sea ante el Ministerio Público, ante instancias policiales, militares, puedan cerrar estos expedientes, y lograr con ello que se les extinga la responsabilidad y en el caso de las personas criminalizadas se les pueda otorgar su libertad definitiva”.
Oscar Edgardo Gonzales, estudiante criminalizado, quien ahora es ingeniero civil, señaló que este proceso al que han sido sometidos ha sido un largo y difícil.
“Ha sido un proceso difícil, sabemos que al final eso de la criminalización y de la persecución son consecuencias de una lucha que un grupo de estudiantes a nivel local y nacional emprendimos, sabíamos que la lucha era justa, pero también sabíamos que nos enfrentábamos a algo grande y que consecuencias iban a haber, pero aquí estamos enfrentándolas y sabiendo que nosotros hicimos lo correcto y que no hicimos nada malo”.
Explicó que el primer proceso de criminalización lo enfrentaron en el 2016, proceso del que salieron bien.
“Así como debimos salir en 2017, que es cuando enfrentamos el segundo proceso, pero en este proceso de 2017 ya se nos dio sobreseimiento provisional, lo que nos deja a nosotros como amarrados cinco años y afortunadamente bajo la amnistía, ya se están dando los primeros pasos para salir de ese problema, que ya son casi cinco años de que nosotros estamos enfrentando proceso”.
Además, señaló que debido a la criminalización y persecución por defender la educación pública y de calidad, a pesar de que se graduaron de la misma, no han podido colocarse en un trabajo por los antecedentes penales.
No podemos trabajar y seguimos en el sistema judicial vistos como delincuentes, como cualquier tipo de delincuente común, pero si tenemos esperanzas que nosotros como estudiante y no solo nosotros, sino que todos los que de una u otra forma han sido perseguidos políticos bajo estos años de dictadura, puedan liberarse, puedan demostrar que son inocentes y que todo lo que se nos acusa y se nos acusó todos estos años, eran completamente una línea de persecución para cualquier persona que intentara protestar en contra de un régimen, ya sea bien a nivel nacional, como de régimen del partido que afortunadamente salió o contra el régimen de Julieta Castellanos en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).
La amnistía para mí viene a reparar o amortiguar el daño para todas las personas que fueron perseguidos políticos, que al final medios de comunicación y algunas organizaciones intenten ver la amnistía como un blindaje, sin saber que vivimos en años de dictadura, como víctimas del régimen.
“Decir que es un blindaje para corrutos es cerrar los ojos o no salir de una burbuja, han habido personas que todos estos años han sido víctimas de un sistema judicial, víctimas de persecución, y cualquier cosa que sea un poquito de reparar el daño va ser bienvenido, porque aquí estamos nosotros que se nos acusó de delitos como usurpación”.
Según la parte final del artículo 4 del decreto 4-2022 la condición de ciudadanos que ejercieron su derecho constitucionales de resistencia a la opresión, de la protesta, de defensores de derechos humanos o defensores de su territorio, tierra, aguas o patrimonio inmaterial, serán acreditados con constancia por la Secretaria de Derechos Humanos en coordinación con el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), que contenga una relación de hechos y una justificación amplia, clara y suficiente la cual será el documento necesario para el respectivo operador de justicia aplique la amnistía.
