Tegucigalpa.
En el marco del 157 Período de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en donde abordó el tema del conflicto de tierras en el Bajo Aguán en la costa norte de Honduras, tanto el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) como la Coordinadora de organizaciones Populares del Aguán (COPA) manifestaron que los defensores y defensoras de derechos humanos se encuentran en completa y absoluta indefensión.
El Valle del Aguán posee una extensión territorial de 608 mil 490 hectáreas y se ubica en el litoral Atlántico de Honduras. Es una de las tierras más fértiles de América Latina. Ahí hay una disputa permanente por la tierra entre grandes agroindustriales, terratenientes, políticos y familias campesinas.
Del total de la extensión, se afirma que unas 16 mil hectáreas están en posesión de la familia del terrateniente y agroindustrial Miguel Facussé (fallecido en junio de 2015) y otro tanto de tierras significativo que poseen otros dos grandes terratenientes de la zona (Reynaldo Canales y René Morales).
Apenas 31 mil hectáreas están repartidas entre 6 mil familias campesinas y garífunas organizadas.
En los dos últimos años se presentaron 16 desalojos, en la mayoría de los casos violentos, avalados por la permanente militarización en la zona, además de la constante represión, persecución, estigmatización, campañas de descalificación, criminalización, hostigamiento y asesinatos, los que mantienen en constante temor a las familias campesinas y a la población en general, afirmó la dirigente de la COPA, Esly Banegas.
Banegas señaló que la principal reivindicación del movimiento campesino es que exista una verdadera Reforma Agraria. “En la actualidad la conflictividad agraria en el Aguán continúa sin ser atendida, pues la institución agraria (Instituto Nacional Agrario) se orienta mayoritariamente a la titulación de propiedad individual de pequeños productores y a cobrar esas deudas a favor del estado, favoreciendo así a los intereses de los terratenientes y sus fincas”.
Aunado a ello la permanente militarización que por decreto inicio el 10 de abril de 2010 (durante la administración de Porfirio Lobo Sosa) con la instalación de 2 mil efectivos de diferentes unidades militares del país, ha evolucionado, constituyéndose actualmente en la Fuerza de Tarea Conjunta Xatruch, que sirve como medida de presión y persecución mediante la estrategia de terror hacia la población, denunció la dirigente de COPA.
El último año registró 6 atentados contra defensores y defensoras de DDHH
Entre el 2010 y el 2016 el COFADEH ha documentado la criminalización de alrededor de 700 personas y en el último año, seis atentados violentos en contra defensoras y defensores, 3 secuestros, 16 casos de vigilancia permanente, 5 casos de infiltración militar en el movimiento de defensa de la tierra, el fallecimiento de un hijo de una defensora; cuyas causas aún están por determinarse, 8 casos de hostigamiento y la toma de fotografías con fines intimidatorios.
“La situación es aún más grave si tomamos en cuenta que dichos campesinos y campesinas no cuentan con la asesoría jurídica para garantizar su derecho a la tierra, dejando hasta la fecha; aproximadamente 150 campesinos asesinados “, aseguró Esly Banegas.
Da la grave situación la CIDH ha otorgado 123 medidas cautelares de seguridad a igual número de campesinos y campesinas, cuya implementación no ha sido desarrollada con efectividad por parte del Estado de Honduras.
Entre los campesinos que han sido amenazados, hostigados e incluso recibido ataques se menciona al comunicador social y dirigente Vitalino Alvarez, quien el 20 de marzo de este año abandonó su residencia junto a su familia, dadas las amenazas que penden contra su integridad personal.
De igual manera Marta Ligia Arnold Dubón, presidenta del Observatorio Permanente de Derechos Humanos del Aguán (OBPDHA), ha tenido que abandonar la zona debido a amenazas y hostigamientos y luego que recientemente la Unidad de Investigación de Muertes Violentas del Aguán (UMBIVA) le negara información y le entregara una nota en la que decía que por órdenes superiores no se le proporcionaría información de investigaciones porque consideraban que ella está ligada a una banda de delincuentes que opera en el Aguán.
Otra de las defensoras que han sufrido amenazas, hostigamientos y atentados es Irma Lemus coordinadora del OBPDHA, que se restablece de las heridas sufridas luego que un vehículo sin placas embistiera la motocicleta en la que se conducía con su compañero de hogar Rigoberto Durán (defensor de derechos humanos), en un hecho que se produjo en noviembre de 2015. Asimismo han sido víctimas de hostigamientos y amenazas Orbelina Flores del Movimiento Campesino Unificado del Aguán (MUCA) y María Sara Hernández Pérez, todas miembras del OBPDHA .
En otro caso se mencionó a Ada Zenaida López, comunicadora social y lideresa en la Cooperativa Buenos Aires de Trujillo, departamento de Colón quien fue víctima de agresiones por parte de un desconocido que la violentó con un machete en su espalda y brazos.
En otros incidentes se denunció ante la CIDH que Esly Banegas y Haydé Saravia de la coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA) han sido víctimas de reiterados incidentes que han puesto en peligro sus vidas, entre éstos, vigilancia permanente en sus lugares de residencia, seguimiento de sus rutinas diarias y ataques con piedras en varias ocasiones a la sede de COPA en Tocoa, Colón.
Desde el inicio del conflicto agrario 5 mujeres defensoras de derechos humanos han sido asesinadas, 78 aproximadamente son viudas relacionadas con el conflicto agrario y se han registrado 10 casos de violaciones sexuales de mujeres lideresas de base, de los movimientos campesinos de la región del Aguán.
Incluso 4 casos de violencia sexual relacionados con la masacre de 2010 en El Tumbador, finca ubicada en Trujillo, donde fueron asesinados 5 campesinos, todavía permanecen en la impunidad, aparte de que a las viudas de los campesinos que murieron en condiciones violentas, no se les ha hecho justicia.
Estado elude responsabilidades y busca a quien culpar
La delegación del Estado de Honduras que estuvo en la audiencia estuvo presidida por el embajador permanente de Honduras ante la Organización de Estados Americanos (OEA) y ex Fiscal General, Leónidas Rosa Bautista, el Procurador General de la República Abraham Alvarenga y la Subsecretaria de Estado en el Despacho de Derechos Humanos, Karla Cueva, entre otros funcionarios.
Esta delegación, en sus argumentaciones no pudo justificar sobre el por qué no se aplican con efectividad las medidas cautelares de protección dictadas a favor de los defensores y defensoras, y tampoco la tardanza en la aprobación del Reglamento de la Ley de Protección para Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, Comunicadores Sociales, Periodistas y Operadores de Justicia aprobada por el Congreso Nacional y que entró en vigencia el 15 de mayo de 2015.
También la delegación del estado de Honduras eludió su obligación de proteger los derechos humanos de los defensores y defensoras, achacando la violencia denunciada, a la presencia de narcotraficantes en la zona.
El estado informó que la Unidad Especial de Muertes Violentas en el Aguán (UMVIBA) está manejando 121 casos, de los cuales 24 denuncias fueron remitidas por el Observatorio Permanente de Derechos Humanos del Aguán (OBPDHA).
La UMVIBA ha obtenido apenas 2 casos en los cuales se han obtenido sentencias condenatorias y afirmó que mantiene 19 casos judicializados y los imputados están actualmente guardando prisión. La UMVIBA señaló que ha practicado 55 exhumaciones.
Bertha Oliva: “Estamos en una completa y absoluta indefensión”
Por su parte la Coordinadora General del COFADEH, Bertha Oliva expresó que la situación expuesta pertenece únicamente a la grave situación que viven los defensores de derechos humanos en Aguán, sin embargo “esa misma situación se ha expandido a todo el país para los que defendemos la vida y defendemos derechos humanos”.
“Podemos decir que estamos en una completa y absoluta indefensión; que por más que puedan reglamentar una Ley de Defensores y Defensoras; si no existe voluntad política de parte del Estado para implementarla, si no asume con la responsabilidad debida, su mandato que es proteger la vida de los y las hondureñas, es lógico que de nada sirve que hagan reformas y que tengamos nuevas leyes en el país”.
En cuanto a las medidas cautelares de protección, Oliva sostuvo que el hecho de tener medidas cautelares “pareciera que los defensores en el interior del país y a nivel general nos colocamos de blanco para ser víctimas. Me parece que esta es una reflexión que deberíamos tomar en cuenta y más aún cuando enfrentamos una situación tan grave de militarización en el pueblo hondureño como nunca antes vista, ni siquiera en la década de los años ochenta y eso es gravísimo”, afirmó la reconocida defensora de los derechos humanos.
Finalmente Oliva señaló que a diario el COFADEH recibe denuncias relacionadas a la existencia de escuadrones de la muerte que están operando en Honduras, “y un país donde no se desarticulan escuadrones de la muerte es lógico que la degradación en materia de derechos humanos es inminente”.
