Cloc-La Vía Campesina Honduras 17 de enero del 2016.- El pasado 28 de noviembre del 2016, el Juzgado de Letras Seccional de La Paz, emitió una orden de desalojo que debió efectuarse el 06 de enero de este año, para la Empresa Asociativa campesina 9 de Julio, de las Huertas, San Pedro Tutule, en el departamento de La Paz, Honduras; perteneciente a la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC).
La resolución ordenaba que sean notificadas la Policía Preventiva de la ciudad de La Paz, notificar al Fiscal, a la defensa. Así mismo al Comisionado Nacional de Derechos Humanos de La Paz.
El Tribunal no consideró la situación de calamidad en la quedarían las familias pertenecientes a este grupo campesino, sobre todo sin vivienda, alimentación y seguridad, si se efectuaba éste desalojo.
La pronta intervención de La Cloc-Vía Campesina Honduras y el Comité de Familiares y Desaparecidos de Honduras (COFADEH), logró que el desalojo programado para el 6 de enero fuera abortado.
COFADEH, tomo la determinación de presenciar cómo se realizaba este acto de desalojo, «desalojo que se quiso legalizar y que tuvo que tener un debate público y humano, porque no podía realizarse un desalojo violento sino se cumple con los estándares internacionales de protección a los Derechos Humanos» expresó la Coordinadora del COFADEH, Berta Oliva.
En primera instancia el COFADEH solicitó al Comisionado Nacional de Derechos Humanos, Roberto Herrera Cáceres, que interpusiera sus buenos oficios y solicitará de inmediato se considerara sin lugar dicho desalojo, petición que fue engavetada en las oficinas del alto Comisionado defensor de los Derechos Humanos en el país.
Seguidamente, el COFADEH interpuso en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), un Recurso de Amparo.- Auto de Admisión.- Medida Cautelar Urgente de Suspensión del Acto Reclamado.
Por su parte el Coordinador General de La Cloc-Vía Campesina Honduras, Rafael Alegría, acudió hasta la Secretaría de Seguridad, solicitando al General Julián Pacheco Tinoco, su intervención en lo anunciado.
Al no ejecutarse dicho desalojo, se reprogramó para el día 13 de enero a las 6:00 de la mañana.
El día 13 de enero, llegaron a la base campesina 12 patrullas de la Policía Preventiva, 02 comandos de la Policía Militar, 01 comando de los COBRAS y la representación de la Fiscalía.
El desalojo fue ejecutado, aunque los campesinos les hicieron saber sobre los Escritos presentados por el COFADEH: un Recurso de Amparo con Suspensión del Acto Reclamado ante la Sala de los Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el pasado 05 de enero; y dos Manifiestos en relación dicho Recurso de Amparo y haciendo de conocimiento la reprogramación del desalojo, interpuesto en esa misma Sala y el Juzgado de letras de La Paz, el día 12 de enero.
Pese a que el COFADEH ha colocado estos tres Escritos para detener el desalojo, ninguno fue resuelto, por lo que se cometió un acto de brutalidad al repetirse los hechos del 11 de mayo del 2016 con este mismo grupo campesino.
El pasado 11 de mayo se realizó en esta base campesina el 26 desalojo violento, por miembros de la Policía Nacional y el Ejército.
La 9 de Julio, tiene siete años de estar en el proceso de recuperación de las tierras, durante este desalojo llegaron al menos 12 patrullas de la Policía Nacional y 80 efectivos del Ejército con maquinaria y con órdenes de destruir todo lo que la base tenía, casas y cultivos.
Nueve (9) familias están en posesión de aproximadamente 35 manzanas de tierra que han cultivado de café, árboles frutales, maíz, frijoles y huertos familiares que hay en cada casa.
El contingente policial destruyó todo, por órdenes del supuesto dueño de las tierras, Carlos Benjamín Arreaga Vásquez, mientras que la Organización Campesina asegura que las tierras que ocupa la 9 de Julio son de naturaleza jurídica ejidal totalmente comprobado por las diferentes inspecciones de campo realizado.
Durante este 27 desalojo, ejecutado el pasado 13 de enero, se reporta que los ataques de la policía han provocado que el presidente del Consejo Indígena de Simpinula, La Paz, y miembro del Movimiento Indígena Independiente de La Paz- Honduras (MILPAH), Víctor Vásquez haya sido herido en su rodilla derecha, donde tiene una bala insertada, mientras tomaba video del desalojo y David Vásquez de Tutule fue herido en la mano izquierda, producto del lanzamiento de bombas lacrimógenas.
El COFADEH y La Cloc-Vía Campesina Honduras, condenan la disposición del supuesto terrateniente Carlos Benjamín Arreaga Vásquez, de autorizar a su hijo Junior Benjamín Arreaga Guevara de que más de 40 personas dirigidas por este último, deshicieron las casas y los huertos familiares de la base campesina 9 de julio en Tutule, La Paz, inmediatamente después del desalojo ejecutado de forma ilegal al desconocer las autoridades Judiciales de este departamento los recursos de amparo con suspensión del acto reclamado interpuso para este desalojo por COFADEH.
Ante estos hechos El COFADEH y La Cloc-Vía Campesina Honduras, solicitan que se resuelvan los tres escritos presentados ante el Poder Judicial, a favor de los campesinos: un Recurso de Amparo con Suspensión del Acto Reclamado presentando el 05 de enero ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), y dos manifiestos en relación al Recurso de presentados el día 12 de enero ante la CSJ de Tegucigalpa y el Juzgado de Letras de La Paz.
Asimismo, que el Gobierno de la República de Honduras garantice los derechos legalmente protegidos en la Constitución de la República en los artículos 1, 59, 66, 127, 142, 178; La Ley de Municipalidades en el artículo 68.3 y 70; la Ley de Justicia Constitucional en los artículos 41 y 60; y el artículo 45 de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos.
La labor de las autoridades gubernamentales va encaminada a dar respuestas a los Escritos presentados por el COFADEH, donde se da a conocer las preocupaciones y haciendo solicitudes al Sistema Judicial para que no se ejecute el desalojo violento como se acostumbra.
De igual manera, El COFADEH y La Cloc-Vía Campesina Honduras hacen un llamado a la solidaridad nacional e internacional para que solicite a las autoridades competentes la no repetición de las acciones de salvajismo contra el grupo campesino 09 de Julio, que desde hace siete años está en proceso de recuperación de tierras, y cuyos derechos están amparados en convenios y tratados internacionales.
