Existe en la Honduras de hoy un acumulado de hechos fermentados en la impunidad que han ido produciendo lentamente una represa de indignación general. Un fermento que puede estallar y pulverizar en breve a quienes lo alimentan.
Por ejemplo, el saqueo de los fondos de vejez y muerte del seguro social por una banda organizada de forajidos políticos, drogueros y testaferros de toda laya, que no han sido puestos en el lugar que les corresponde.
La mujer cuyos laboratorios ofrecían pastillas de harina a los pacientes graves era diputada vicepresidenta del Congreso Nacional cuando juntos tramaron y ejecutaran el atraco con sus compinches, y ella no está en prisión. Y es muy probable que el Legislativo todavía le paga su salario y ella lo recibe. Y se declara enferma… para no presidir las sesiones del honorable Congreso.
El hombre cristiano católico, devoto de la virgen María, que pagaba sus fantasías sexuales con la plata que obtenía como líder visible de la banda de delincuentes en la gerencia del Seguro, está en prisión en un régimen especial, rezando el credo en un batallón militar.
El director de la orquesta delincuencial que financió su campaña política con el trabajo acumulado de hombres y mujeres envejecidos, sigue dirigiendo su Marca País y apostando a su continuismo. Construye alianzas con otros transgresores y con los más entusiastas inventores de enemigos que hemos conocido, los militares; uniformados para construir el terrorismo de Estado.
En las últimas horas el sistema de inteligencia del Estado, que no la policía de investigación criminal, capturó a un sexto responsable material del crimen contra Berta Cáceres – un militar en retiro con espíritu de cuerpo –, pero no llegó todavía a los responsables con poder, a los señores del Banco, a las señoras de la empresa privada y a los generales que querían muerta a la lideresa indígena lenca. Este es el reclamo general, que lleguemos a los verdaderos provocadores de la violencia en Honduras.
Causa indignación también el hecho que la Presidenta del Partido Nacional utilizó su posición de directiva del Congreso después del golpe de Estado para auto asignarse las riquezas naturales del departamento de La Paz, causando una enorme desestabilización en las comunidades indígenas que son las únicas y legítimas propietarias de las sierras, montes y valles de La Paz.
Una diputada — como muchos otros políticos abusivos — aprovechó la diarrea legislativa de su partido para hundir sus garras ambiciosas sobre reservas, ríos y parques de Marcala, Chinacla, Santa María, San José, Santa Elena, Tutule, Opatoro, Guajiquiro, y otros municipios lencas de La Paz.
Aquella mujer sin respeto por el pueblo al que ella ni representa ni pertenece, inspiró a otros caciques locales al despojo de los territorios ancestrales de las comunidades milenarias. Por la fuerza, retorciendo escrituras y aterrorizando de diversas maneras, se hicieron falsos terratenientes.
Y, fruto de esa soberbia inspirada, hoy tenemos en precarias condiciones a familias indígenas-campesinas en Tutule, desalojadas violentamente por centenares de policías militares, y en cuidados médicos a cuatro dirigentes heridos.
Siete años después de su organización, las empresas agrarias de San Pedro Tutule recibieron ayer en sus predios una desproporcionada presencia de 12 patrullas de la Policía y 3 camiones militares, llenos de hombres agresivos, más fiscales y jueces malencarados, como en una guerra donde los armados del sistema no respetan los recursos de Amparo interpuestos ante la tal Corte Suprema de Justicia ni los manifiestos ante los juzgados seccionales. Nada. Pura brutalidad pretoriana, insignia de un sistema depredador, corrupto y esencialmente violento, que impone su orden a sangre y fuego. Y se repitió otra a vez la escena brutal del 11 de mayo del 2016, y seguirá así el acumulado de la indignación en el campo, en las sierras y montañas.
Esta desproporción en el trato judicial, policial y mediático a los indígenas que habitan las zonas donde nacen los ríos, que habitan al lado de las plantas medicinales, las corrientes de aire potente y sobre las vetas minerales, no es comparable al trato hacia los corruptos que destruyen el país desde el Estado. Nada comparable, y eso indigna de modo general.
Ante los hechos, a las organizaciones indígenas de La Paz les queda hacer llamados a la comunidad internacional, que conoce su situación porque ha sido documentada en reiteradas ocasiones, y les queda elevar su nivel organizativo y de articulación regional para defenderse de esta avalancha neoliberal que recuerda la colonización de 1492.
A las organizaciones nacionales acompañantes de las luchas campesinas e indígenas les queda porfiar por el respeto a la ley, aunque ésta se esconda entre los asaltantes y parezca inútil insistir en ella. Y la denuncia documentada siempre, para crear conciencia en la humanidad que estos bandoleros con poder no defienden la propiedad privada ni representan ningún orden, pues más bien son responsables del desorden en que lamentablemente hoy se encuentra la Patria.
Y en medio de esta indignación nacional, tenemos los medios que poner las cosas claras: el gran tema de debate no es la reelección ni las alianzas partidarias para evitarla, el gran tema es la continuidad de la masacre neoliberal, que debemos detenerla ahora!
