CCC expone la inoperancia del MP y aboga por la unidad en el movimiento social de cara al nuevo gobierno

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Tegucigalpa.- La coordinadora General del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), Bertha Oliva y el líder sindical Carlos H. Reyes, ambos integrantes de la coordinación nacional de la Convergencia contra el Continuismo (CCC), comparecieron al programa radial Voces contra el Olvido, en su emisión del sábado 16 de enero de 2022.

Ambos personajes expusieron las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del régimen de Juan Orlando Hernández, así como los abusos de grupos de poder en contra de defensores de los recursos naturales.

Asimismo llamaron a la unidad del movimiento social de cara al restablecimiento del orden constitucional bajo la figura de la lideresa del partido Libertad y Refundación (LIBRE), Xiomara Castro, que recibirá la banda presidencial el próximo 27 de enero.

carlos hEn su comparecencia, Carlos H. Reyes advirtió que el poder fáctico no está contento con el cambio de rumbo del país, y que ya ha comenzado su estrategia de hacer que el gobierno de Xiomara Castro fracase.

En torno al asesinato del defensor de derechos humanos y comunicador social del departamento de Lempira, Pablo Hernández, e integrante de la red de defensores de aquella comunidad que organizó y capacitó el COFADEH, Bertha Oliva dijo que el crimen contra Pablo “es un ataque directo a los y a las defensoras de derechos humanos que hacen su labor territorial y que están comprometidos con la verdad, la justicia y con las grandes mayorías de este país”.

La Coordinadora General del COFADEH anunció que no descarta enviar un equipo de procuradoras de derechos humanos para entrevistar a los familiares, a sus compañeros y compañeras de lucha, así como a líderes y lideresas de la comunidad, con el propósito de “obtener un impulso colectivo de exigencia de justicia”.

Bertha Oliva reclamó enérgicamente respuestas sobre las investigaciones tanto de la Fiscalía Especial de Derechos Humanos, la Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida, así como de la Fiscalía de las Etnias, ya que en el momento oportuno, el comité presentó las denuncias respectivas sobre amenazas a muerte, persecución y seguimiento de que fue víctima el comunicador social y defensor de los derechos humanos.

El domingo 9 de enero de 2022, desconocidos le dispararon por la espalda a Pablo Hernández, mientras éste se dirigía hacia la iglesia. El asesinato se ejecutó en el municipio de San Marcos de Caiquín, departamento de Lempira.

Una serie de casos presentados no han sido investigados por el Ministerio Público (MP) que ha estado a cargo del abogado Oscar Chinchilla, por lo que una de las tareas del próximo gobierno será la de investigar la desidia de este funcionario y de otros fiscales que no cumplieron con su trabajo, demandó Oliva.

bertaOtro caso denunciado por Oliva donde se plasma la inoperancia del Ministerio Público, fue el de la enfermera Keyla Martínez estrangulada en una celda de una posta policial de la Esperanza, Intibucá.

La estudiante universitaria de enfermería, Keyla Martínez, fue detenida por agentes de la Unidad Departamental de Policía #10 (UNDEP #10) de La Esperanza, Intibucá, junto al médico Edgar José Velásquez, en el marco de la suspensión de garantías constitucionales por Decreto Ejecutivo PCM 012-2021, supuestamente para evitar la propagación del Covid-19, dejando al pueblo totalmente militarizado.

La noche del 6 de febrero de 2021, los profesionales de la salud fueron llevados a las celdas de la UDEP #10.  Edgar José fue liberado horas después, según declaración de la policía, pero Keyla fue ejecutada bajo custodia policial la madrugada del domingo 7 de febrero.

“El fiscal asignado no se hizo presente sino, hasta que ya se había limpiado la escena del crimen, y eso es inaudito. No podemos estar entonces haciendo acciones y pensando que los responsables solo son los gatilleros. Los gatilleros disparan porque saben que tienen un cuerpo de operadores de justicia a su disposición y que no van a investigar absolutamente nada”, recalcó Bertha Oliva.

Respecto de los ambientalistas de Guapinol, que se encuentran privados de libertad por más de 2 años, acusados por el empresario Lenir Pérez, emparentado con la familia terrateniente Facussé y protegido por el régimen de Juan Orlando Hernández, Bertha Oliva dijo que “está totalmente demostrado que el Ministerio Público (MP) está siendo obediente y todo el sistema de justicia a un empresario que se ha empecinado en poner presos a los que defienden el agua y los recursos naturales”.

En su intervención Carlos H. Reyes denunció cómo funcionarios del gobierno ilegítimo de Juan Orlando Hernández a pocos días de entregar el poder, se han dedicado a saquear el presupuesto nacional y a ejecutar lo que llamó “los asaltos de último minuto”.

El líder sindical dijo que los nacionalistas “están desesperados por asaltar todas las instituciones y lo que queda del presupuesto nacional”.

Es doloroso lo que está pasando en el país con el tema de los derechos humanos. En el caso de los compañeros de Guapinol vemos cómo un empresario avanza en su explotación de la minería, y se tiene prisioneros a los dirigentes populares, como quien dice, para que no  haya bulla, pero definitivamente el pueblo está claro de lo que está pasando, detalló Reyes.

Xiomara castroEn el plano político, Reyes se hizo eco del editorial del COFADEH difundido en el programa radial, en donde señaló “que se quiere distorsionar la agenda con el caso de la lucha por la presidencia del Congreso Nacional. Es una vergüenza realmente que esto esté pasando en el país”.

En relación a la investidura de Xiomara Castro como primera presidenta de Honduras y que representa el retorno al orden constitucional destruido tras el golpe de estado de 2009 y los gobiernos sucedáneos, Bertha Oliva señaló que es importante traer el pasado al presente, respecto de las graves violaciones a los derechos humanos.

Oliva ha visto como un espacio muy interesante el que se está promoviendo desde el gobierno de Xiomara Castro, a través de la respectiva comisión y que tiene que ver con plasmar las propuestas de las organizaciones de derechos humanos para que se construya una política pública en este tema específico.

“Está claro que no es una lista de peticiones, es una propuesta abarcativa en el tema de derechos humanos, para hacer enormes avances. Es una dinámica en la que estamos y que es urgente empezar”, sostuvo.

Por su parte Carlos H. Reyes comentó que una de las acciones de la Convergencia contra el Continuismo (CCC) para los próximos meses será la de mantener la unidad en el movimiento popular.

“Buscar cómo articular lo desarticulado. Hoy necesitamos volver a juntar las distintas fuerzas sociales y políticas en el país, porque este régimen busca dejar el país en ruinas para que el próximo gobierno fracase. Y eso no lo debemos permitir”, apuntó el líder sindical.

Reyes expuso que hay un grupo fáctico, que no está contento con lo que está pasando y que la única salida para poder luchar frente a ese “poder fáctico” y frente al poder dictatorial que han tenido manejando este país, es la alianza social y política, de lo contrario es peligroso que tengamos un fracaso.

“Esta gente está jugando a que este gobierno fracase, para que en los próximos 4 años, ellos puedan volver a continuar en el poder. Y hay que ver lo que pasa en los Estados Unidos porque su influencia es grande en este país. Si en Estados Unidos, Biden pierde las próximas elecciones, vuelven los republicanos, se juntan cachurecos y republicanos y aquí en el país vamos a tener una situación de nuevo terrible con una dictadura más represiva de lo que hemos tenido”, advirtió Carlos H. Reyes.

Finalmente Bertha Oliva señaló que en Honduras hay demasiadas víctimas y demasiados mártires. “Y a los mártires del golpe de estado, no podemos olvidarlos. No podemos pasarlos al olvido. No podemos olvidar, tampoco perdonar a todos esos responsables de esos crímenes que han cometido y que se volvió a poner la práctica de la desaparición forzada”.

Oliva dijo que tampoco debe olvidarse a los mártires de los procesos electorales fraudulentos, que consolidaron la dictadura de Juan Orlando Hernández.