Siguatepeque, Honduras. – Los ayotes, patastes, yuca, maíz y frijoles no lograron llegar a la mesa familiar. La maquinaria pesada enviada por el terrateniente arrancó la esperanza de la próxima cosecha.
Un contingente ejecutó el desalojo que destruyó los huertos y milpa de 54 familias del grupo campesinos «11 de marzo», El Porvenir, en el municipio de Siguatepeque, Comayagua este miércoles 15 de noviembre.
No sé qué voy hacer para comprar alimento, ropa y útiles escolares para mis hijos, declaró una de las afectadas, integrante de la empresa campesina, donde hay varias mujeres a cargo de sus familias.
“Hemos vivido días de dolor y tristeza, porque tenemos que luchar para sacar adelante a nuestros hijos y darles de comer, y esta semana ver cómo nos destruyeron los alimentos me tiene con una sensación de mucho dolor”, agregó la campesina quien prefirió omitir su nombre por temor a represalias.
Aunque el desalojo se ejecutó el miércoles 17 de noviembre, los y las campesinas aún no saben a cabalidad a cuánto asciende los costes derivados de la destrucción con maquinaria pesada que envió el terrateniente Marco Antonio Valeriano, quien se dice dueño de los predios de vocación forestal.
Según estudio de la organización Oxfam, en Honduras hay dos millones de mujeres rurales, de las que 1.3 millones viven en la pobreza. En este texto (2013) agrega Edith Villanueva, pequeña productora de Café de Marcala, La Paz y actualmente integrante de la Red de Defensores/as indígenas lencas de La Paz-Honduras (REDHIL-Paz): “Las mujeres sufrimos para garantizar el sustento de nuestros hijos. Nosotras andamos viendo cómo sembramos para que haya comida, las que junto al hombre vamos a trabajar al campo”.
Y agrega “La mayoría de las mujeres terminamos de hacer el desayuno y nos encargamos del hogar antes de salir a la parcela a trabajar, y ese esfuerzo no es valorado, es invisible”.
Para las campesinas de la EAC “11 de marzo” este desalojo les recordó cuando la policía destruyó sus casas y cultivos en este mismo lugar, en el 2018, apenas iniciaban el proceso de recuperación de las tierras estipuladas de carácter ejidal, tal como lo afirmó la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC), a la que están afiliados.
Ahora, lo primordial era que ninguno de los socios fuera privado de libertad, porque aún se mantiene el caso de criminalización contra los líderes campesinos Vicente Castro (62), Juan Mejía (62) y José Vásquez (52), a quienes el Tribunal de Sentencia de Siguatepeque los condenó por el delito de usurpación, en agosto reciente. Pero tienen un acta de advertencia tras recibir el beneficio de Suspensión Condicional de la Ejecución de la Pena de Prisión, a petición del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), que es su representante legal.
La criminalización data desde el años 2019 cuando el empresario de la madera, combustible y transporte Marco Antonio Valeriano Barahora, los acusó por roturación de suelos y usurpación, por el que los campesinos estuvieron nueve días en prisión hasta la Audacia Inicial, cuando el COFADEH logró que se defendieran en libertad.
Los campesinos criminalizados tenían un mes para abandonar los predios, aunque, ellos ya no estaban allí por que era una de las medidas sustitutivas a la prisión que cumplieron a cabalidad por casi 30 meses, en el caso de Santos Vásquez ni siquiera tiene un predio, sino que ayudaba a una señora a “chapear” (limpiar) la tierra, según sus declaraciones.
Las 90 manzanas de tierra que estaban ociosas en el 2018, han sido aprovechadas para alimentar a las familias de la comunidad El Porvenir, kilómetro 5 carretera a Intibucá. Donde también unas 26 familias se dedican a la alfarería, dependiendo directamente de la tierra.
En Honduras más de siete mil campesinos han sido criminalizados por el acceso a la tierra, entre las que figuran 2,700 mujeres según datos ofrecidos por la Vía Campesina-Honduras.
La situación se agrava cuando el régimen de Juan Orlando Hernández, en el 2019 aprobó el Decreto Ejecutivo en Consejo de Ministro PCM-052-2019 para dejar en poder los militares un plan productivo nacional, que dispone los fondos a las Fuerzas Armadas, militarizando aún más el campo hondureño en el tiempo de la pandemia por Covid-19.
Hasta el momento no se ha visto el producto agrícola de los militares, encargados del Programa de Desarrollo Agrícola de Honduras (PDAH), cuyo fondo es de 4,000 millones de lempiras manejado por la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), según el decreto ejecutivo. Pero si la presencia de fuerzas de seguridad vigilando y destruyendo el cultivo campesino, lamentaros algunos de los afectados
