Marcala, Honduras. – Los abusos policiales en la ciudad de Marcala, departamento La Paz, siempre se han dado, pero ahora son más excesivos; y por miedo la población no quiere denunciar, aseguraron varias personas entrevistadas que prefieren mantener el anonimato.
Algunas denuncias de abuso policial fueron expuestas por víctimas de golpes, abusos de autoridad, violación a la libertad de expresión o amenazas, en la cuidad de Marcala, ubicada a 154 kilómetros de Tegucigalpa (capital del país) y 31.6 kilómetros de La Esperanza, Intibucá.
Varias de las personas entrevistadas coincidieron en que los agentes asignados a la Jefatura Policial en Marcala, llegaron de la Unidad Departamental de Policía #10 (UDEP #10), en la vecina ciudad de La Esperanza, días después del crimen contra la estudiante de enfermería Keyla Martínez Rodríguez, el pasado 7 de febrero estando bajo custodia policial.
La universitaria fue arrestada la noche del sábado 6 de febrero del 2021 por la policía que coordinaba el sub comisionado Melvin Alvarenga, por suponerla responsable de violentar un toque de queda cuyo fin [supuestamente] es evitar la propagación del Covid-19, y el domingo en la madrugada fue llevada sin vida al hospital “Enrique Aguilar Cerrato” de La Esperanza.
En este contexto, la población de Marcala que ronda los 36 mil habitantes, recibió el cambio de policías, cuyo jefe municipal es el inspector Jackson Lira.
Un dirigente comunal expresó que los operativos de tránsito se realizan sin los protocolos establecidos por la Secretaría de Seguridad, se llevan a la gente y la golpean.
«No me quiero meter a problemas, aquí la policía cuenta lo que uno hace, no lo que ellos hacen” expresó una víctima de intimidación policial, aclarando que no es el inspector Lira sino los subalternos quienes agreden.
En este contexto, un transportista de taxi relató que a algunos compañeros los han golpeado y privado de libertad, este gremio es fuerte y tiene voz de convocatoria, porque haciendo protestas es la única forma de hacer respetar sus derechos. Al menos 60 unidades de taxis transitan en Marcala.
“Hubo un altercado con los policías nuevos, sin embargo, uno se calla por miedo. A un compañero lo detuvieron por no andar el cartón de operación, son policías que trasladaron de La Esperanza”, relató un motorista que pidió no ser identificado.
Este transportista afirmó que el policía le dijo al taxista “como perro te voy a llevar”. En otra ocasión un agente increpó al encargado de sanitización por no andar licencia para motos. La Asociación de Taxistas ha denunciado estas actuaciones policiales sin que haya respuesta, por el contrario, temen las represalias.
Otra denuncia fue con respecto a un comunicador social que realizaba su trabajo dando cobertura a la fuente policial, cuando los agentes de la patrulla PN-089 lo agredieron e interrumpieron la transmisión grabada en video en el portal de Facebook Enforque Social.
Persecución para quien denuncia
El temor de denunciar llega a tal grado que las víctimas prefieren guardar silencio ya sea no refiriéndose al tema o no respondiendo las entrevistas, porque no quieren más problemas, aseguraron en algunas comunicaciones.
Al contrario, si se interponen denuncias, la actuación de los operadores de justicia es indiferente, por no decir deficiente. En Marcala y municipios aledaños se realizan acciones de protesta ya sea por la reparación de calles o el descombro del bosque, y quienes salen perseguidos y criminalizados son los defensores.
El regidor municipal por el Partido Innovación y Unidad (Alianza-PINU) en Marcala, Marlon Calles, es víctima constante de persecución por la defensa del bosque y los derechos humanos, ante su riesgo “el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), me ha acompañado con la denuncia”, declaró al ser consultado sobre el contexto social marcalino.
Las intimidaciones llegan sobre todo de las empresas madereras; en los últimos días recibió tres amenazas por parte de los dueños y quienes venden la madera en Marcala. Agregó que ya suma dos años en su lucha directa contra los planes de manejo que autoriza el ministro del Instituto de Conservación Forestal (ICF), Mario Martínez.
Actualmente, Calles es candidato a vice alcalde por el partido Libertad y Refundación (LIBRE), y su curul político lo utiliza para denunciar las violaciones a los derechos humanos, pese que en la ciudad hasta los medios de comunicación callan por temor a represalias, afirmó.
El municipio reconocido por la producción de café, está compuesto por 82 barrios, caseríos y colonias, su población es indígena lenca que no tienen acceso a los derechos básicos como salud y educación.
Los toques de queda impuestos por la dictadura bajo los Decretos Ejecutivos PCM 021-2020 y 012-2021, afianzaron el poder policial y militar en todo el país. Aunque era para evitar la expansión de la pandemia, “el Covid-19 nos tiene en niveles altos de contagio sin espacio en hospitales, no hay medicamentos en los triajes (estación de emergencia para atender a pacientes sospechosos de contagio) y el pueblo reclama el derecho a la salud”.
Calles informó que en los últimos meses se ha realizado unas seis tomas de carreteras con el cierre definitivo de Marcala, la respuesta fue “ataques e intimidación policial hacia los líderes, la policía desalojó con gas lacrimógeno”.
La pandemia también ha impactado en la crisis económica, obligando a la gente a laborar fuera del horario establecido por la ley del régimen de Juan Orlando Hernández, que prohíbe toda circulación de personas de 10 p.m. a 5 a.m. además en Marcala hay circulación segmentada por el último dígito de la tarjeta de identidad en las instituciones bancarias, como ordenanza municipal.
Otro video en redes sociales, muestra como la policía usó gas lacrimógeno para desalojar un comercio local con gente dentro, esto en horas de la noche y al perecer es la norma para los que incumplen el toque de queda.
“Estos acontecimientos nos hacen reaccionar, la gente dice que, si la policía es quien me cuida ¿Por qué ahora los denuncio? pero eso no tiene que ver con que yo tenga escoltas asignados como una medida de protección”, dijo Calles, quien goza de medidas cautelares por el Mecanismo Nacional de Protección para los Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales, Abogados y Operadores de Justicia.
Entre las irregularidades de las actuaciones policiales es que, mientras desalojan, destruyen y no dejan trabajar a los pequeños y medianos comerciantes, los establecimientos de empresarios y políticos de la región atienden sin ningún problema a los clientes las 24 horas del día, lamentó un poblador.
Inspector Lira hace un llamado a que denuncien estos abusos
El Inspector Jackson Lira, jefe municipal de la Policía Nacional en Marcala, en comunicación con Defensores en Línea, expresó que el abuso de autoridad es un gran delito y la gente tiene que comprobarlo, pero no ha llegado ningún requerimiento a la Fiscalía.
En cuanto a los operativos nocturnos, se concientiza a las personas que se vayan a su casa, y que hasta el momento [de la entrevista] no han detenido a ninguna persona según lo establecido por el PCM que manda el toque de queda.
“Cualquier información acérquese a la posta, le podemos ayudar. Nosotros tenemos voceros y no estoy autorizado, el vocero es el sub oficial Hernández en La Paz, y la policía Breni Orellana en Marcala”, recalcó al no poder dar mayor información sobre la situación que describen las víctimas.
Y reiteró “Cuando a mí me dicen de abuso de autoridad, ellos pueden ir a denunciar al Ministerio Público, si ellos creen que la policía está cometiendo abuso de autoridad, nosotros tratamos de cumplir con la ciudadanía, tenemos capacitaciones y yo soy una persona accesible”.
“Si son personas que hablan es por que realmente se les aplicó la ley como corresponde, quizá se les hizo una esquela…” El inspector también negó el uso con gases lacrimógenos, al comentarle sobre los videos de desalojo “no hay problemas que me envíen esos videos, porque no los he visto”.
Lira afirmó que como policía de Marcala “también hemos hecho buenas capturas, hay que alabar esos”. Pero al preguntarle si sus subalternos habían sido trasladados de la UDEP #10 expresó que “usted va por otro lado, mejor… usted va tomando por otra cuestión, con gusto la puedo atender aquí, y le voy a enviar los números para que le den información…” y colgó la comunicación telefónica.
Los agentes policiales mencionados en el caso de Keyla Martínez son: Brayan Isaac López, Jonás del Cid Álvarez, Danilo Vásquez Sánchez, Jarol Rolando Perdomo, Marvin Carmelo Manueles Reyes, Gersón Esteban Figueroa López, Manuela Judith Suazo Morazán, Raquel Sarahí Núñez Reyes, Yorman Anael Ventura Galeas, Zacarías Domínguez García y Elmer Leonel Domínguez Hernández.
También estaban asignados en la UDEP #10 para febrero de 2021: Marlon Antonio Aguilar Cárcamo, Tomás Galeas Moreno, Jorge Alexander Vásquez Bautista, Marvin Rodríguez Blanco, Luís Fernando Bueso Flores, Erasmo Licona Martínez, el sub comisionado Melvin Alexander Alvarenga Derás y el doctor Edgar José Velásquez, con quien capturaron a Keyla la noche del 6 de febrero en La Esperanza, Intibucá.
Hay que denunciar para evitar más daños
Las denuncias por abuso policial se extienden a municipios vecinos como le sucedió a Suyapa Benítez, de Santa Elena, cuando ella denunció a un hermano.
No hay que tener miedo a denunciar, afirmó Felipe Benítez Vásquez, líder del Movimiento Indígena Independiente de La Paz- Honduras (MILPAH), quien acompaña a víctimas de violaciones a derechos humanos en La Paz.
El 90 por ciento (90%) de la población paceña es indígena y debe enfrentarse a la policía y militares que cuidan de los poderosos. En estos procesos de defensa de los bienes comunes de la naturaleza, la fuerza de seguridad pública llega a las comunidades lencas y zonas de recuperación de tierras a desalojarlos violentamente destruyendo casas y cultivos, lamentó Benítez.
Si bien “la nueva policía de Marcala es muy prepotente” también hay abusos en el municipio de San José, declaró Ermín López, representante de MILPAH e integrante de la Red de Defensores/as Indígenas Lencas de La Paz (REDHIL-PAZ), que forma y acompaña el COFADEH.
López expuso el caso de un señor que se dedica a la compra/venta de ganado, salió de San Antonio de Los Linderos para Chinacla, haciendo a pie un recorrido de 16 kilómetros. Cuando pasaba por Marcala la policía lo interceptó y como no llevaba los documentos de cuatro reses, lo esposaron a un poste de tendido eléctrico por varias horas hasta la noche hasta que le llevaron los documentos que el vendedor se los iba a entregar después.
Esto sucedió días antes de Semana Santa, pesé que hablé con el comisario, el señor permaneció atado al poste, lamentó el líder indígena, quien es víctima de ataques por su labor de veeduría y defensoría en La Paz.
Ermín aseguró, que se creará una comisión para denunciar ante la Secretaría de Seguridad todos los abusos que golpean al pueblo del departamento de La Paz.
Videos
El siguiente vídeo muestra un desalojo violento en Marcala
Video: Policía arrebata la cámara a un comunicador social cuando cubrí al fuente informativa.
Video: Policía arrebata la cámara a un comunicador social cuando cubrí al fuente informativa.
