COFADEH logra suspensión de pena a favor de campesinos en Siguatepeque

Siguatepeque, Honduras. – Los líderes campesinos Vicente Castro, Juan Mejía y José Vásquez, salieron de los Tribunales de Siguatepeque con un acta de advertencias tras recibir el beneficio de Suspensión Condicional de la Ejecución de la Pena de Prisión, a petición del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH).

Este 18 de agosto se desarrolló la Audiencia de Individualización de la Pena, por el supuesto delito de Usurpación en perjuicio del empresario de la madera, combustible y transporte Marco Antonio Valeriano Barahora, criminalización que data desde hace 29 meses y por el que los campesinos estuvieron nueve días en prisión hasta la Audacia Inicial, cuando el COFADEH logró que se defendieran en libertad.

Desde entonces, Vicente Castro (62), Juan Mejía (62) y José Vásquez (54), cumplieron a cabalidad las medidas sustitutivas a la prisión de ir a firmar cada semana al Tribunal de Siguatepeque, no acercarse al terreno en litigio, no acercarse al denunciante y no salir del país, mismas que debían seguir cumpliendo al ser condenados el pasado 3 de agosto, únicamente por el deliro de usurpación; y fueron absueltos del delito de Roturación de Suelo en perjuicio del Estado de Honduras, al no comprobarse quién fue el ejecutor, según dictamen del Tribunal que preside el juez Víctor Antonio Cálix Ponce.

El anterior Código Penal, en vigencia hasta el 2020, establece en el artículo 227 “Quien usurpe un bien inmueble o un derecho real será sancionado con reclusión de dos (2) a cuatro (4) años, sin perjuicio de que tan pronto como se acredite en autos el derecho correspondiente, el juez que conoce de la causa ordene el desalojo del bien de que se trate o el reintegro del derecho usurpado”.

Por lo que el Tribunal dio un mes de plazo para que los criminalizados abandonen el predio, aunque ellos no están allí y don Santos ni siquiera tiene un predio, sino que ayudaba a una señora a “chapear” (limpiar) la tierra, según sus declaraciones. Esta situación no deja de preocupar a los demás miembros de la empresa campesina.

El Ministerio Público solicitó la pena mínima que es de dos años, misma que solicitó la defensa quien después presentó nuevos documentos en favor de los campesinos consistentes en constancias de trabajo, buena conducta, vecinales y patronales que dio paso a solicitar la suspensión de la pena.

Es un logro, declaró la abogada Karol Cárdenas del área de Acceso a la Justicia del COFADEH, haber logrado Pena Mínima en favor de los campesinos condenados por usurpación, y debido a ello, es que solicitó al Tribunal la suspensión de la pena por cumplirse los requisitos establecidos en Código Penal anterior, no dejando lugar a oposición del Fiscal Maximiliano Rubí, y fue admitida por la terna judicial.

Los líderes campesinos Vicente Castro, Juan Mejía y José Vásquez, quienes gozaban de Medidas Sustitutivas a la Prisión, quedaron exentos del cumplimiento, a lo que los criminalizados manifestaron sentirse reivindicados, ya que semana a semana llegaban al Tribunal a firmar el libro, aun en tiempos de pandemia sin transporte y sin dinero, no faltaron. En Octubre de 2019 COFADEH logró al libertad definitiva de Héctor Velásquez, acusado por los mismos delitos.

Son 54 familias que luchan por la recuperación de unas 90 manzanas de tierra que estaban ociosas, en la comunidad El Porvenir, kilómetro 5 carretera a Intibucá. Este predio, aseguran sus miembros, son de carácter ejidal, por lo que allí cultivan para su alimentación maíz, frijoles, yuca, guineos y demás hortalizas.

Temen que se dé a futuro otro desalojo violento como sucedió en 2018, cuando la policía acompañada por el Ministerio Público destruyó sus cultivos y las pequeñas viviendas descritas en un informe técnico presentado en el juicio Oral y Público del 21 de julio anterior.

En Honduras más de siete mil campesinos han sido criminalizados por el acceso a la tierra, entre las que figuran 2,700 mujeres según datos ofrecidos por la Vía Campesina-Honduras.

La situación se agrava cuando el régimen de Juan Orlando Hernández, en el 2019 aprobó el Decreto Ejecutivo en Consejo de Ministros PCM-052-2019 para dejar en poder los militares un plan productivo nacional, que dispone los fondos a las Fuerzas Armadas, militarizando aún más el campo hondureño en el tiempo de la pandemia por COvid-19.

Hasta el momento no se ha visto el producto agrícola de los militares, encargados del Programa de Desarrollo Agrícola de Honduras (PDAH), cuyo fondo es de 4,000 millones de lempiras manejado por la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), según el decreto ejecutivo.