Concluye juicio oral y público contra campesinos de Siguatepeque

Siguatepque, Honduras.– El próximo tres de agosto se conocerá la decisión judicial sobre el caso donde se criminaliza a los miembros del grupo campesino “11 de marzo” Vicente Castro (62), Juan Mejía (62) y José Vásquez (54), enjuiciados por los supuestos delitos de usurpación y roturación de tierra en el centro del país.

El Tribunal de Justicia de Siguatepeque que lleva el caso, es también el escenario donde los tres campesinos llegan cada semana a firmar el libro de registro para quienes tienen medidas sustitutivas a la prisión, desde hace dos años, incluso durante el confinamiento por la pandemia del COVID-19 cuando no había transporte público.

En la empresa campesina hay 54 familias que luchan por la recuperación de unas 90 manzanas de tierra que estaban ociosas, siendo de carácter ejidal y que hora las cultivan para su alimentación.

Sumando los miembros de la familia, son unas 250 personas que cuidan el bosque donde hay pinos, ya que no han descombrado para sembrar, sin embargo, el fiscal del medio ambiente Maximiliano Rubí del Ministerio Público, insistió en acusar a los campesinos de dañar el ambiente y utilizar la madera, pero defiende la causa “desde la legalidad” del empresario de la madera, Marco Valeriano, quien denunció a los imputados.

Si se va a criminalizar a estos tres campesinos por realizar su labor y utilizar su machete, única arma que se le decomisó a Juan Mejía y José Vásquez, cuando los capturaron, limpiando el terreno en litigio, entonces el Ministerio Público debería encarcelar a todos y todas las campesinas del país, alegró la abogada Karol Cárdenas, representante legal del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), que defiende a los campesinos.

El presidente de la empresa campesina, Vicente Castro, Juan Mejía y José Vásquez, estuvieron privados de libertad por 8 días en marzo de 2019, ahí recibieron la visita de Berta Oliva, coordinadora general del COFADEH, desde entonces el acompañamiento es permanente. Mientras que, en octubre de 2019 este Comité logró la libertad definitiva del líder campesino Héctor Orlando Velásquez, de esta misma cooperativa.

La abogada Karol Cárdenas expresó que para la jornada de este miércoles 21 de julio, estaban convocados para seguir con las conclusiones, donde el Ministerio Público fehacientemente da por hecho las cosas, y solicitó penalizar acciones propias de agricultura, magnificando los hechos.

En la audiencia anterior, habíamos solicitado que se siguiera la causa por el derecho civil al reconocer que el grupo es un asentamiento humano, y fue denegado por mayoría, esperamos que esto nos favorezca para acciones futuras, agregó la abogada.

Por lo que espera un fallo absolutorio para los campesinos criminalizados el próximo 3 de agosto a las 9:00 a.m. en los Tribunales de Siguatepeque, ciudad donde habita el supuesto dueños de la tierra en litigio, que se dedica, además, al transporte y combustibles, según su propia declaración.

 Berta Oliva, hizo un llamado a los Fiscales y Jueces de Honduras, a que cumplan con su papel histórico de aplicar justicia, porque la patria se los demanda. Ya que en el país se criminaliza a la víctima haciendo ver como el victimario.

El 80 por ciento del terreno nacional es de vocación forestal, por lo que los productores utilizan los espacios para los cultivos de alimentos, huertos familiares y cuidado de los bienes comunes. En Honduras más de 300 mil familias campesinas no tienen acceso a un terreno para cosechar sus alimentos, y al menos siete mil personas han sido criminalizados por defender la tierra, además de unas 200 víctimas mortales desde el año 2010.