No estamos hablando precisamente del modelo de la bandeja paisa, del bollo de yuca o de la cumbia del palenque San Basilio. Tampoco de la Increíble y triste Historia de la Cándida Eréndira y su abuela desalmada. De lo que estamos hablando es del modelo de muerte exportado por el uribismo a los golpistas hondureños.
En 2005, cuando el Comando Sur, el Pentágono y la Agencia de Drogas de los Estados Unidos decidieron coordinar el transporte y la producción de cocaína desde Colombia a través de Honduras, en ese momento impusieron un modelo que cambió todo en nuestro territorio. Cambió el gobierno por la fuerza y cambió el Estado, para decirlo todo.
Las fuerzas armadas, entrenadas y amamantadas ideológicamente por los gringos, dieron seguridad a los carteles nativos conectados a Guatemala y México, para introducir miles de toneladas de drogas por año y lavar millones de dólares estadounidenses en la economía regional.
Las cortes y tribunales, no registraron siquiera las faltas de tránsito cometidas por los líderes de los carteles. Las iglesias, inspiradas en las redes brasileñas y colombianas, ungieron con aceites mágicos los cargamentos y las armas. Y los medios aplaudieron o callaron. Y los políticos, caramba, los políticos cachurecos y liberales, se sumaron como empleados del Chapo. Y cambiaron sus carros, sus casas y sus familias. Y jodieron el país.
En el marco de esta reconversión empresarial criminal, Estados Unidos trianguló con Israel la venta de armas de guerra al ejército y a la policía, y coordinó con la mafia colombiana el entrenamiento de las tropas represivas contra el pueblo. Los pequeños grupos de sicarios con chimbas fueron convertidos en verdaderas escuelas de asesinos con armas provenientes de la operación “rápido y furioso”, desde la frontera de México hasta el último rincón de Honduras.
Antes del golpe de Estado en 2009, el uso de prácticas de “falsos positivos” en los valles de Leán y Aguán fueron denunciadas por los movimientos campesinos, que enfrentaban los ejércitos privados de los finqueros terroristas y también a las propias fuerzas militares de ocupación, controladas en aquel momento por el comandante de operaciones, Miguel Facussé Barjum.
Los “falsos positivos” habían llegado al valle desde Cundinamarca, Colombia, donde el ejército reclutó decenas de jóvenes que luego asesinó con uniformes y presentó falsamente a través de la prensa como insurgentes abatidos o como soldados caídos en combate, según conviniera mejor. La tiranía de Álvaro Uribe estaba sedienta de victorias entre 2002 y 2010, y no le importaba montar esos teatros macabros para manipular la opinión pública o desmoralizar a las fuerzas revolucionarias alzadas en armas.
El caso del Tumbador, en el Aguán, tuvo esas características. También fueron observadas en la comunidad Guadalupe Carney. Existen testimonios que identifican a oficiales colombianos dando clases a sus alumnos hondureños en aquel teatro de operaciones, y en otros fabricados antes del golpe y después, durante los años sucesivos.
Pero la estrategia de los “falsos positivos” no sólo es aplicada a las ejecuciones extrajudiciales de opositores por militares o policías, también es utilizada en escenarios de protesta social induciendo acciones extremas como la quema de la recepción del hotel Marriot o la chamuscada del portón de la embajada de Estados Unidos, después del fraude de 2017. El propósito es inculpar manifestantes reales con falsos manifestantes infiltrados para criminalizar y encarcelar.
Esta técnica militar también es utilizada por el ejército para introducir agentes terroristas disfrazados de manifestantes con la misión de disparar desde adentro de la multitud, romper vidrios o destruir propiedades, para ofrecer escenarios criminales a las televisoras que se encargan de matar la reputación de las organizaciones convocantes. Auténticos escuadrones de la muerte.
La muerte moral y política debe traducirse en repulsión y odio, que según los abanderados del “modelo” favorece el posicionamiento del status quo criminal en el poder. Los vándalos destruyen el país. Los saqueadores de tiendas socavan la democracia.
Toda la persecución a Berta Cáceres, por ejemplo, desde 2009 hasta su asesinato en marzo 2016, caracterizó el modelo colombiano a favor del extractivismo, del crimen organizado y del racismo sistémico. Este crimen contra Berta reveló todas las etapas de esa operación a gran escala.
La cadena comenzó con el financiamiento de Holanda y Finlandia al Banco Centroamericano, acaparado por los Atala, que movieron el dinero hacia Ficohsa y DESA, que financiaron el crimen. El COHEP hizo la persecución ideológica contra el COPINH a través de los medios, con Aline junto a Edy que odia los indígenas. El Batallón de Ingenieros de Siguatepeque hizo la vigilancia territorial. Los tribunales de Santa Bárbara criminalizaron. Las Fuerzas Especiales del Ejército usaron a Castillo y a Bustillo para organizar la logística asesina. Los alcaldes de Intibucá y San Francisco de Ojuera hicieron su parte. Los infiltrados la suya. Todos en una operación encubierta, hasta matar.
Este modelo escoge a sus víctimas, les impone un rasgo de identidad que los define públicamente como “enemigos”, y luego justifican su ataque.
En los últimos días, Colombia sufre las mismas técnicas de sus militares exportados a Honduras hace 12 años. En todas las grandes ciudades colombianas, los alcaldes fueron suplantados por comandantes militares para atacar la resistencia popular contra las reformas tributarias impuestas por Duque, en plena pandemia de la Covid19.
El llamado público del terrorista Álvaro Uribe a utilizar las armas de los policías y los militares para dispararle a las personas manifestantes ha sido acatado por sus súbditos de uniforme. Hoy las víctimas heridas de bala se cuentan por centenares, y las personas asesinadas superan las dos decenas. Colombia está agitada. Colombia está de luto.
Sin embargo, el Departamento de Estado gringo no condena con energía ese tipo de masacres y Juanes no canta, ni Montaner ni Shakira ni los otros guacamayos de la derecha fascista que solo saben escupir contra el pueblo venezolano. Es un momento de aprendizaje para todo mundo.
Como dijimos el sábado pasado, la reforma que hurgó al pueblo en Cali, Bogotá, Barranquilla y muchas otras ciudades, es tan parecida a la reforma que cachurecos y liberales aprobaron para robarse las aportaciones al fondo de pensiones. Ahora que ven la gresca venir a 5 meses de las elecciones, el Fondo Monetario Internacional se ofrece para seguir endeudando el país y la dictadura endulza el oído del magisterio con el viejo expediente de las condonaciones de deudas. La dictadura quiere detener preventivamente las manifestaciones y matar la moral de las personas cuentahabientes. Un juego audaz y peligroso. Un juego intolerable.
Aquí estamos, aquí nos quedamos, a cinco meses de elecciones en plena pandemia, pandemia de todo, de las que contagian y matan, de las que drogan y corrompen. Pero nada de eso corrompe el corazón de nuestras madres desaparecidas y vivientes. A ellas, a las madres del Cofadeh, a las mujeres contra la muerte que fundaron estas voces contra el olvido, a ellas la última línea de amor contra este modelo colombiano.
Buenas noches.
Editorial Voces contra El Olvido, sábado 8 de mayo de 2021
