En 2021 el Derecho a la Verdad es una deuda innegable

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Mural El Salvador/ Foto: ICTJ

Tegucigalpa, Honduras.- A un año del confinamiento mundial ante la pandemia del Covid-19 que ha afectado a más de 124 millones de la población mundial y casi tres millones de muerte, se conmemora hoy el Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con las Violaciones Graves de los Derechos Humanos y la Dignidad de las Víctimas.

La pandemia ha desatado más violaciones a los derechos humanos, en el caso de Honduras se registran asesinatos por parte de la policía y ejército, desapariciones forzadas, crímenes contra defensores de derechos humanos, persecución, además falta de atención médica oportuna, desempleo, deserción escolar y corrupción.

Con la consigna ¿Dónde está el dinero? El pueblo hondureño empezó a desafiar el confinamiento y expresarse por las calles. Otras preguntas que permanecen sin respuestas de parte del régimen de Juan Orlando Hernández son ¿Dónde están los hospitales móviles? para atender pacientes de Covid-19 ¿Dónde están las vacunas? anti coronavirus que aún no llegan al país.

También hay familias preguntando ¿Dónde están los y las desaparecidas? ¿Cuándo se concederá libertad a los presos políticos y defensores de la tierra? ¿Dónde están los responsables de crímenes bajo custodia policial?

Por lo que hoy el Derecho a la Verdad en relación con las Violaciones Graves de los Derechos Humanos y la Dignidad de las Víctimas, es un tema vigente, en este sentido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anunció el lanzamiento de la nueva sección en su página web dedicada a la Relatoría sobre Memoria, Verdad y Justicia.

En esta fecha se conmemora el 45 aniversario del golpe de Estado en Argentina al mando del militar Jorge Rafael Videla, que dejó más de 30 mil detenidos desaparecidos, pero que la cifra puede ser mayor, porque existen casos que no fueron denunciados.

Madres de Detenidos Desaparecidos en la develacion del monumento a la memoria
Madres de Detenidos Desaparecidos en la develacion del monumento a la memoria/ 2012 Jacaleapa

No existe un dato exacto sobre la cantidad de víctimas de las dictaduras civiles y militares en Latinoamérica, opositores al sistema gubernamental en contextos democráticos y conflictos armados internos. El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), registra 184 detenidos desaparecidos entre 1979 y 1993. Posteriormente en el marco del Golpe de Estado la cantidad de víctimas de violaciones a derechos humanos aumentó a más de 5 mil casos.

En 2017 y 2018 las protestas contra el fraude electoral también sumaron las agresiones, muertes y presos políticos. Para 2019 el detonante popular fue la exigencia por el derecho a la salud y educación, mientras que en 2020-2021 se militarizó totalmente el país e inmovilizó al pueblo, las fuerzas represoras del Estado amparadas en los Decretos Ejecutivos PCM 021-2020 y PCM 012-2021 que suspenden las garantías constitucionales, capturan a quienes violentan el “toque de queda” y en algunos casos asesinaron a las víctimas, como sucedió con Rufino Portillo López (74), en Santa Bárbara y Keyla Martínez (26), en Intibucá.

Las víctimas y sus familiares tienen el derecho de conocer la verdad sobre los hechos que dieron lugar a estas violaciones, quienes son los autores intelectuales y materiales de los crímenes de lesa humanidad y que se aplique la justicia para el ¡Nunca más!

Desde el año 2010 la Organización de las Naciones Unidas decretó que el 24 de Marzo se rendir un homenaje a todas aquellas personas que han sido víctimas de la violación de sus derechos humanos, como son los casos de secuestro, tortura, desaparición y muerte.

El propósito de conmemorar este día es reivindicar de alguna forma a las víctimas de violaciones, así como crear conciencia para que hechos de esta naturaleza no se vuelvan a repetir.

Y se rinde homenaje a todas las personas que han dedicado su vida para que los derechos humanos se respeten y se cumplan, pero también a quienes perecieron por defender esta causa.

Homenaje a Obispo/mártir defensor de los derechos humanos

Mons. Romero
Mons. Romero

También se rinde homenaje a Monseñor Oscar Arnulfo Romero asesinado el 24 de marzo año 1980 por denunciar abusos de este tipo, durante el conflicto armado de El Salvador. Aunque la iglesia católica lo decretó Santo en el año 2018, su crimen y el de miles de salvadoreños continúan en la impunidad.

Romero tenía 62 años de edad, cuando su sangre fue derramada como semilla de libertad, en un crimen que aún espera “Verdad”. El siguiente texto es de fragmentos de sus últimas homilías en la Catedral Metropolitana, donde ahora descansan sus restos, en una tumba con su figura revestida de Obispo y una esfera color rojo en su pecho, símbolo del impacto de bala, y tras de él, decenas de criptas de sacerdotes:

“Yo quisiera hacer un llamamiento, de manera especial, a los hombres del ejército. Y en concreto a las bases de la Guardia Nacional, de la policía, de los cuarteles… Hermanos, son de nuestro mismo pueblo. Matan a sus mismos hermanos campesinos. Y ante una orden de matar que dé un hombre, debe prevalecer la ley de Dios que dice: No matar.

Ningún soldado está obligado a obedecer una orden contra la Ley de Dios. Una ley inmoral, nadie tiene que cumplirla. Ya es tiempo de que recuperen su conciencia, y que obedezcan antes a su conciencia que a la orden del pecado. La Iglesia, defensora de los derechos de Dios, de la Ley de Dios, de la dignidad humana, de la persona, no puede quedarse callada ante tanta abominación.

Queremos que el gobierno tome en serio que de nada sirven las reformas si van teñidas con tanta sangre. En nombre de Dios pues, y en nombre de este sufrido pueblo, cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día más tumultuosos, les suplico, les ruego, les ordeno en nombre de Dios: cese la represión”.

Entre las víctimas de desaparición forzada que registra el COFADEH están las sobrinas de Monseñor Romero: Sara del Carmen Arce Romero, Jesús Enoé Arce Romero, Nora Gómez Barillas (secretaria de monseñor Romero), y su esposo Maurico Barillas, quienes después del asesinato del Obispo integraron la comunidad Cristiana Monseñor Romero, que fue allanada por agentes de la entonces Dirección Nacional de Investigación (DNI), en 1981.

El matrimonio Barillas Gómez, fue separado de sus tres hijos Nora Patricia (11), Gerardo Mauricio (9) y José Daniel (5), y según los recortes periodísticos de la época -documenta el COFADEH- los niños y una anciana fueron entregados en mayo del mismo año con nombres falsos a las autoridades migratorias de El Salvador, en el puesto fronterizo de El Amatillo.