Tegucigalpa.- Que agentes policiales hayan cometido homicidio contra una ciudadana bajo su custodia, dentro de una estación policial, es un crimen gravísimo que debe tener respuestas inmediatas de parte de un sistema judicial serio, comprometido con los derechos humanos y con la causa de la aplicación de la justicia.
Pero Honduras, no vive bajo un gobierno constitucional. Lo que existe es un régimen que burló la democracia y estableció una dictadura en la que los cuerpos policiales y las Fuerzas Armadas (FFAA) han cometido todo tipo de vejámenes, abusos y hasta muertes violentas en contra de la ciudadanía.
La joven Keyla Patricia Martínez Rodríguez, fue víctima de homicidio ejecutado por agentes de la Policía Nacional, asignados a la Unidad Departamental de Policía Número 10 (UDEP #10) de la Esperanza, Intibucá.
Según lo que se conoció, la joven enfermera fue detenida la noche del 6 de febrero de 2010, junto al médico Edgar José Velásquez Orellana, quien conducía el automóvil en que se transportaban, porque violaron un toque de queda establecido por las autoridades a causa de la pandemia de covid19.
Tras haber sido liberado, el médico Velásquez Orellana ocultó su versión de los hechos, hasta que habló para una televisora internacional en la que dijo que Keyla Patricia se había mostrado triste y desesperada y que había expresado su deseo de morir.
Entrevistada por www.defensoresenlinea.com una pariente de Keyla Patricia dijo que “tenemos conocimiento que no sólo la Policía anda tras nuestros pasos sino personas particulares, específicamente familiares de la Familia Velásquez que le han dado persecución a algunos familiares y personas cercanas y constantemente enfrente de nuestras casas se paran vehículos sin placas por la noche”.
“Hay mucho movimiento fuera de las casas y sí, nos hemos percatado de muchas situaciones que no son normales y pues, han persistido, no sólo de parte de la policía sino que sabemos que hay muchas más personas interesadas en que este caso no se resuelva, por lo tanto sí tenemos esa situación de que hay personas extrañas que andan rondando y esto genera cierto tipo de temor, sin embargo nosotros estamos en una lucha por la muerte de Keyla y no vamos a detenernos hasta que los verdaderos culpables paguen por ese delito”, dijo la informante.
Keyla Patricia murió a manos de quienes juraron “servir y proteger” y su caso está en absoluta impunidad. Si no, ¿cómo explicar que a la fecha, el Ministerio Público (MP) no haya librado requerimientos contra los supuestos responsables del crimen, cuando ha sido de público conocimiento que su muerte se ejecutó bajo el resguardo de agentes policiales que son también “servidores públicos”?.
Tras conocer de la muerte violenta de su hermana, la joven Nancy Martínez muy golpeada emocionalmente por la trágica noticia expresó: “A mi hermana me la quitaron los mismos policías, en las manos donde debió estar segura”.
Se conoció que todo el personal de la Jefatura Policial de La Esperanza fue “rotado” después del crimen perpetrado contra la joven. Y que se reasignaron agentes de la posta de Marcala, departamento de La Paz.
Keyla Patricia cursaba el último año de enfermería en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y fue retenida el sábado 6 de febrero del año en curso, tras una denuncia al 911 por supuesto escándalo en la vía pública.
En las primeras declaraciones dadas a conocer, el Ministerio Público (MP) aseguró que se trató de un homicidio y no de un suicidio como ha querido hacer creer la Policía Nacional. La Fiscalía informó que la autopsia practicada al cuerpo de la fémina, reveló que su muerte se debió a “asfixia mecánica” o estrangulamiento.
Mientras tanto otro pariente de Keyla Patricia que dialogó con www.defensoresenlinea.com de quien se omite su nombre por razones de seguridad, expresó que “es indignante que a estas alturas todavía no haya un implicado directamente o un responsable directo de la muerte de Keyla”.
Las respuestas que nosotros hemos recibido del Ministerio Público es que se está trabajando, que se está investigando; que se está haciendo pruebas científicas en el caso. Esperemos que sea ésta la situación por la cual el Ministerio Público se está tardando tanto en presentar un requerimiento fiscal y que no estén tratando de manipular las pruebas de alguna manera, para que algunas personas sean favorecidas de los que estén implicados, sostuvo.
Añadió que “la situación es desesperante para la familia y el hecho es que Keyla murió dentro de una celda y el número de personas que estaban en la Policía es reducido, entonces ya debería de haberse hecho algún tipo de acciones, pero en cambio hemos visto que lo que se ha pretendido es favorecer a los implicados en el caso”.
Consultado sobre el actuar de los agentes policiales, el entrevistado señaló que la policía es una organización criminal que se ha encargado por muchos años de servir y proteger a los criminales y no al pueblo hondureño.
“Ellos sirven y se protegen entre ellos mismos, son delincuentes, que solo se han encargado de hacer mucho daño al país no solo en el caso de Keyla, si no en muchos casos que han sucedido en Honduras en manos de la policía”.
En este caso están protegiendo a alguien de alto rango de la Policía y por eso vemos que los procesos han sido demasiado lentos, que han tratado de ocultar evidencias, aseguró.
Familiares afirmaron que una vez que el cuerpo de Keyla Patricia fue sacado sin vida de la celda en donde estaba retenida, los agentes habrían borrado evidencias de la escena del crimen. Con esto se montó una escena falsa en la que se pretendía que la familia creyera que la joven se había quitado la vida.
Este crimen ha generado y continúa generando todo tipo de protestas y manifestaciones, algunas de las cuales han encontraron como respuesta del régimen de Juan Orlando Hernández, represión, seguimiento y criminalización de quienes demandan justicia.
El 10 de febrero de 2021, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) divulgó un comunicado en el que condenó la muerte violenta de Keyla Patricia Martínez Rodríguez.
La OACNUDH consideró que los hechos podrían ser constitutivos de una ejecución extrajudicial y que, por tanto, la investigación debería llevarse a cabo de acuerdo a lo dispuesto en el Protocolo de Minnesota sobre la Investigación de Muertes Potencialmente Ilícitas.
La Representante de OACNUDH en Honduras, Isabel Albaladejo, recordó que “de acuerdo al Protocolo de Minnesota, las investigaciones deben orientarse a identificar no solo a los autores directos, sino también a todos los demás responsables de la muerte, incluidos los funcionarios de la cadena de mando que fueron cómplices en ella”.
El organismo mundial con representación en Honduras instó a las autoridades a desarrollar sin dilación y por todos los medios legales disponibles una investigación pronta, exhaustiva, diligente e imparcial orientada a la determinación de la verdad y a la persecución, enjuiciamiento y eventual castigo de todos los autores de los hechos, así como la reparación de las víctimas y sus familiares.
Otro aspecto importante señalado por OACNUDH tiene que ver con la detención de la joven estudiante de enfermería y las disposiciones del régimen aplicadas producto de la pandemia provocada por el covid19 y las ejecutorias de los cuerpos de seguridad.
En ese sentido apuntó que, “con relación al establecimiento de toque de queda en el marco del estado de excepción en el que se produjo la detención de Keyla Martínez, OACNUDH reitera que, de acuerdo a las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos, las restricciones a algunos derechos con el fin de proteger la salud pública deben respetar los principios de necesidad, proporcionalidad y no discriminación. Asimismo, recuerda que esas medidas de emergencia no deben servir de pretexto para abusos y vulneraciones de derechos humanos”.
Entre tanto, el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) con una larga trayectoria de 38 años en defensa y promoción de los derechos humanos, a petición de los familiares, asumió la representación legal del caso.
La Coordinadora General, Bertha Oliva, dijo acerca del desempeño del Ministerio Público (MP) que “en los últimos años ha dejado clara su posición en base a su acción”.
El accionar del Ministerio Público deja mucho que desear. No actúan como dice la ley que deben ser representantes de la sociedad ante las denuncias que se hacen y los delitos de los cuales es víctima la sociedad, señaló.
Oliva indicó que el Ministerio Público es parte del control y de la centralización de los poderes para enfrentar “justicia a la manera del dueño del poder, o mejor dicho en el caso de Keyla Patricia, sabemos con mucha certeza, con mucha propiedad; que no fue un caso producto de violar el toque de queda. No”.
“Aquí lo que pasa es que como no hay órganos investigativos independientes, las investigaciones que nos dan a conocer son las que ya han diseñado que van a implementar en los casos como el de Keyla Patricia”, sostuvo la reconocida defensora de los derechos humanos.
Bertha Oliva expresó que una, como ciudadana, se asusta de la poca ejemplar actuación y la sanción de las autoridades del Ministerio Público (MP) para el fiscal o los fiscales que estaban en la zona de La Esperanza, Intibucá; de no ordenar inmediatamente la detención en el término de infragancia del jefe de la unidad policial, de los policías que estaban de turno, desde que se inició la detención.
Y a la última persona que acompañó a Keyla Patricia, en este caso al doctor, al que escondieron, le acomodaron un discurso que no lo elaboraron bien. No hubo una orden en el término de infragancia, e inmediatez de parte del Ministerio Público y lo que querían posicionar en el imaginario colectivo era que Keyla Patricia se había suicidado. ¡Vea que barbaridad, que locura!. Entonces todo eso involucra al Ministerio Público porque sus actuaciones no son ejemplarizantes, sus actuaciones son de complicidad con el crimen y con el delito.
Por otra parte Bertha Oliva dijo que la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) ha estado muy acertada con la calificación del delito. “Es una ejecución extrajudicial, independientemente que Keyla Patricia es una mujer, esa es la calificación que debe tener”.
En Honduras lo que hay es una política de terror y miedo, que ha venido alimentando a las unidades policiales y militares en todo el país, más con el decreto de la suspensión de las garantías constitucionales, que “sirve como aval y justificación para la detención de las personas, y se amparan en el decreto para justificar su poca ejemplar actuación.
Y también alimentan ese accionar, los niveles de impunidad que hay en el país, los altos niveles de corrupción, el crimen organizado, así como la complicidad y la venia que se tiene del que ha centralizado el poder y ha convertido a Honduras en una dictadura, sostuvo Bertha oliva.
El 23 de febrero de 2021, la familia de Keyla Patricia Martínez Rodríguez con el acompañamiento del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), organización que representa legalmente a los familiares de la víctima, realizaron un plantón frente a las instalaciones del Ministerio Público (MP) para exigir justicia y denunciar hostigamientos y vigilancia de parte de agentes policiales.
Mediante un comunicado leído ante los medios de comunicación que brindaron cobertura al plantón, los parientes de la joven asesinada, manifestaron que están siendo “víctimas de constante vigilancia, persecución e intimidación de parte de las fuerzas represoras del Estado”.
“Hay patrullas policiales que merodean nuestras casas y a los lugares que hemos frecuentado. Hacen fuertes ruidos cuando estamos en casa, como advirtiéndonos de su presencia. Se escucha que cargan sus fusiles. Hace unos días, una mujer vestida de civil y armada con un fusil en compañía de varios miembros uniformados de la Policía Nacional, hacía movimientos con su arma, cerca de nosotros”, denunciaron los familiares.
Respecto al caso de Keyla Patricia Martínez Rodríguez, la autopsia reveló claramente que la causa de su muerte fué “homicidio por obstrucción de vías respiratorias”, contradiciendo la versión policial que afirmó un suicidio, cuando Keyla estaba bajo su custodia en calidad de detenida, supuestamente por infringir el toque de queda según el Decreto Ejecutivo PCM 012-2021.
El caso de Keyla Patricia tiene similitud con otro evento acontecido la noche del 2 de junio de 2010. Se trata del crimen perpetrado por agentes policiales en contra de Mario Orlando Sequeira Canales de 37 años.
Había viajado desde Denver, Estados Unidos, para visitar a su madre, hermana y hermanos en Honduras, específicamente en la ciudad de Siguatepeque, departamento de Comayagua.
Arribó el 27 de mayo a Siguatepeque, y decidió hospedarse en el hotel Gómez de la ciudad. El 2 de junio, estuvo consumiendo bebidas alcohólicas en su cuarto de hotel, y protagonizó un escándalo que obligó a la administración a llamar a la policía.
Una patrulla conformada por cuatro agentes policiales se presentó al hotel para proceder al arresto. Sequeira presentó resistencia, y fue sometido por los policías. Una vez sometido, los agentes lo golpearon con brutalidad desde su detención, durante su transporte a la jefatura policial, e incluso, en la propia sede de Policía. Las torturas de las que fue víctima, le ocasionaron la muerte, y curiosamente murió por asfixia, porque fue estrangulado.
El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) asumió la representación legal y acompañamiento psicológico a los familiares de Mario Orlando Sequeira Canales.
La Fiscalía Especial de Derechos Humanos del Ministerio Público (MP) y el COFADEH, en su condición de acusador privado, promovieron la causa judicial en contra de un oficial y 7 agentes policiales, que fueron acusados por los delitos de homicidio, torturas, falta a los deberes de los funcionarios y abuso de autoridad en perjuicio de Mario Orlando Sequeria Canales y el Estado de Honduras.
Los días 12, 13 y 14 de junio 2017, siete años después de los hechos, los imputados enfrentaron Juicio Oral y Público en el juzgado de Siguatepeque.
En la Audiencia, se reveló que uno de los policías acusados por la muerte del señor Sequeira había fallecido. También se informó que ninguno de los imputados se encontraba ya en servicio activo dentro de la Policía Nacional, ya que algunos habían sido separados por un proceso de depuración y otros que presentaron su renuncia, años después de iniciado el proceso judicial.
Bajo un largo proceso judicial que incluyó muchas dilaciones, fue hasta el 28 de julio del 2017, donde se celebró la audiencia de notificación de sentencia.
El Tribunal “absolvió a los agentes de policía, de los delitos de abuso de autoridad, falta de los deberes de los funcionarios públicos, homicidio y torturas”, en perjuicio de Mario Sequeira Canales y la Administración Pública.
Este caso reveló cómo el sistema de justicia actual, sigue protegiendo a policías y militares implicados en graves violaciones a los derechos humanos. Ya que el tribunal no consideró, pese a tener pruebas contundentes, que se practicaron torturas contra la víctima.
De hecho el Tribunal de Sentencia sólo condenó a 3 agentes, por el delito de “vejámenes” en perjuicio del Mario Sequeira Canales. Es determinante señalar que el Tribunal ignoró completamente los delitos de tortura y homicidio, pese a que se presentaron pruebas materiales y testificales irrefutables que indicaron que Mario Sequeira, a raíz de las múltiples torturas inflingidas, murió durante su detención en la Jefatura Policial.
El expediente “Sequeira”, es considerado por el COFADEH, como un caso emblemático que contiene graves violaciones a los derechos humanos, en el que agentes del estado, torturaron y mataron a Mario Sequeira, mientras estuvo “bajo custodia policial”.
El homicidio es un delito contra la vida humana que se produce cuando una persona mata a otra. En el caso abordado, se trata de un agente o varios agentes del estado, que mataron a una ciudadana. Lo que se convierte en una grave violación a un derecho humano; el derecho a la vida.
