Tegucigalpa.- La Convergencia contra el Continuismo (CCC), realizará un mítin este lunes 21 de diciembre a partir de las 10:00 am, frente al Ministerio Público (MP), en protesta por la decisión de la jueza Zoe Guifarro del Juzgado de Letras Seccional de Tocoa, departamento de Colón, quien descartó la revisión de medidas solicitadas por los apoderados legales de los defensores del agua y del territorio de Guapinol y que decidió mantenerlos “en privación de su la libertad en cárceles de Olanchito y La Ceiba”.
“La CCC condena y repudia la determinación que tomó la jueza en el caso de los defensores del agua y del medio ambiente de la comunidad de Guapinol, en el municipio de Tocoa, departamento de Colón, afirmó Bertha Oliva; Coordinadora General del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) y miembra de la Coordinación Nacional de la Convergencia contra el Continuismo (CCC).
Oliva añadió que “exigimos que no se lleve a cabo el juicio, porque es ilegal y arbitrario, así que por lo tanto lo que procede es la liberación de los 8 ambientalistas de Guapinol”.
La Coordinadora General del COFADEH indicó que la jueza no aceptó la revisión de medidas sobre el caso Guapinol, requerida por la defensa al cumplirse casi 2 años de mantenerlos en las cárceles de Olanchito y La Ceiba, Atlántida, respectivamente.
La jueza no aceptó que los ambientalistas y por lo tanto defensores de derechos humanos, se defendieran en libertad, “y la justificación de la determinación de la jueza fue mandarlos de regreso a la cárcel bajo el argumento que no es legal; que la defensa no había aportado nada nuevo sobre el caso”, dijo Oliva a www.defensoresenlinea.com
Lo que se está alegando es que ha habido una violación a los derechos humanos a los defensores de la Montaña Botaderos y de los ríos San Pedro y Guapinol frente a la destrucción que está produciendo el extractivismo provocado por la empresa minera Los Pinares, propiedad de Lenir Pérez, ligado a la familia Facussé, que explota amplias plantaciones de palma africana en la zona norte de Honduras y gran parte de territorios en la Península de Zacate Grande frente al Gofo de Fonseca.
Para Bertha Oliva, para la CCC y para el movimiento social hondureño, los ambientalistas de Guapinol que guardan prisión en las cárceles hondureñas, “son presos políticos del régimen de Juan Orlando Hernández”.
“La determinación de la jueza es totalmente arbitraria, e ilegal, como ilegal es todo lo que se ha venido gestando durante el régimen inconstitucional de Juan Orlando Hernández es ilegal e ilegítimo”, sostuvo Bertha Oliva.
Consultada sobre lo que hay detrás de la decisión de la jueza Zoe Guifarro, Bertha Oliva señaló que lo que “hay detrás es la orden y la determinación de mandar un mensaje claro y que; lo que ratifica, es que no hay sistema de justicia en el país”.
Por otro lado, Bertha Oliva sostuvo que la decisión del tribunal de Tocoa, ratifica una vez más que los defensores del agua y del ambiente de Guapinol, son “en efecto, presos políticos del régimen, porque no hay ninguna argumentación legal que justifique la privación de libertad por casi dos años de los defensores de Guapinol”.
Y también que esa decisión representa un apoyo a las empresas transnacionales para que sigan extrayendo recursos naturales en nuestro territorio, sostuvo la reconocida defensora de derechos humanos.
Bertha Oliva insistió en que el régimen de Juan Orlando Hernández mantiene cooptados todos los poderes del estado.
Y señaló que mientras el régimen está liberando a políticos y empresarios involucrados en sonados casos de corrupción en Honduras, aplicando el nuevo Código Penal, por otro lado, se está ensañando contra defensores y defensoras de derechos humanos, citando como ejemplo; el caso Guapinol.
Como señaló el editorial del COFADEH en la emisión de su programa radial “Voces contra el Olvido “ del sábado 19 de diciembre en Radio Globo: “Mientras tanto, en Tocoa, Colón, el juzgado de letras fue rodeado con militares y policías, impidió la difusión pública de la audiencia y limitó el acceso al juicio contra ocho defensores del agua de Guapinol injustamente privados de su libertad desde hace dos años. Y cuando llegó el mediodía del viernes, la jueza Zoe Guifarro anunció que su fallo sería hasta el sábado 19 de diciembre”.
“El fallo, efectivamente llegó el sábado, pero dictado al revés, a la medida del crimen organizado que presiona y controla la justicia, que utiliza el derecho penal para criminalizar la lucha social. La jueza Guifarro mantiene en prisión a ocho defensores de la vida bajo el argumento que no hubo elementos nuevos para dejarles en libertad. Y así, otra vez, ese retrato perverso de la injusticia está frente a nosotros”, señaló el editorial del COFADEH.
Más adelante el editorial sostuvo que: “Este doble rasero de la injusticia hondureña, uno que se muestra manso frente al crimen organizado de las élites cachurecas y liberales, y el otro hostil frente a los defensores sociales del medio ambiente, sólo es posible entenderlo en el marco de una dictadura”.
La dictadura Hernández se deshizo en principio de las competencias de Callejas, de Maduro, de Ricardo Álvarez, de Pastor y del tal Papi, que eran ruidosos en el círculo cachureco pero estaban agarrados del cuello y con la bota puesta encima, por sus actos corruptos. Igual que Oliva.
Después la sociedad de Hernández con el dueño del partido liberal le ha permitido el control de la otra banda de magistrados con la cual el poder judicial está a su disposición para castigar a unos, premiar a otros y controlar a los demás.
Con este juego de poderes dentro de las elites, el crimen organizado está con las manos libres para operar en los territorios. En la costa atlántica se juegan millonarios intereses para pedacear el territorio y en la costa sur, igualmente.
El interés geoestratégico del capital transnacional apunta hacia esas zonas en perjuicio de la población local, que sin embargo resiste a ese modelo extractivo, militarista y salvaje contra los bienes naturales.
“En Colón, por ejemplo, la jueza que condenó a la población de Guapinol a dormir anoche en las afueras del tribunal a la espera de su fallo, sabía muy bien que las inversiones Pinares han estado libres operando en la montaña, sin las restricciones de circulación que impone la pandemia. Pero la población es consciente y valiente”.
“Durante la vigilia, la esposa de Jeremías Martínez – uno de los ocho hombres encarcelados hace 15 meses en Olanchito – decía que es ridículo ese argumento policial que ha resistido la liberación de los acusados porque van a regresar a integrar la banda”, sostuvo el editorial de COFADEH sobre este tema, en su emisión del programa “Voces contra el Olvido”, del sábado 19 de diciembre por la cadena Radio Globo.
Entretanto, la alianza Centroamericana Frente a la Minería presentó el sábado 12 de septiembre de 2020, el reporte denominado “Guapinol Resiste: Orígenes del Conflicto Minero en el Bajo Aguán”.
El reporte establece que en en la ciudad de Tocoa, el estado hondureño se ha enfrentado a comunidades organizadas que se oponen a las actividades extractivas de la empresa Inversiones los Pinares con prácticas sistemáticas de criminalización, persecución y agresión física contra los habitantes que buscan defender el territorio donde habitan y sus fuentes hídricas.
En dicho informe respaldado por tres universidades internacionales (Western University de Canadá, Ferris State University de los Estados Unidos y la Universidad de Londres, (Inglaterra), se indica que las víctimas y los testigos entrevistados identificaron a los cuerpos militares, la policía y grupos armados locales, empleados como guardias de seguridad por la empresa, como los principales responsables de estas acciones.
“Estas violaciones de derechos humanos son un ejemplo claro de la violencia generalizada que sufren los defensores de derechos, líderes indígenas y sociales, y pequeños agricultores en Honduras cuando resisten la legalidad de megaproyectos corporativos y las industrias extractivas”, resaltó el reporte.
Los defensores del agua, del medio ambiente y de los territorios, que son presos políticos del régimen y que permanecen en cárceles hondureñas, son: Ewer Alexander Cedillo Cruz, José Abelino Cedillo Cantarero, José Daniel Márquez Márquez, Kevin Alejandro Romero Martínez, Porfirio Sorto Cedillo, Orbin Nahúm Hernández, Arnold Javier Alemán que están presos en la cárcel de Olanchito, departamento de Yoro y Jeremías Martínez que se encuentra privado de su libertad en la cárcel de La Ceiba, departamento de Atlántida.
Mientras tanto y para resaltar la criminalización que existe de parte del régimen de Juan Orlando Hernández en contra de defensores, es preciso citar el caso de 2 defensores del ambiente y los territorios indígenas lencas del departamento de La Paz.
El pasado 17 de diciembre de 2020 y luego de más de seis horas en audiencia inicial en contra de Víctor Vásquez, miembro de la Coordinación General de Movimiento Indígena Lenca Independiente de La Paz Honduras (MILPA-H) y Santos Vigil, socio de la Base Campesina Nueva Esperanza, se les dictó prisión preventiva por el delito de desplazamiento forzado.
Víctor, como defensor de la tierra y el territorio, dio acompañamiento a los campesinos de la Base Nueva Esperanza, donde Santos Vigil es miembro, pero fueron acusados injustamente por los supuestos dueños de tres delitos, de los que la juez desestimó dos, pero quedan privados de libertad por el delito de desplazamiento forzado.
Luego de conocer el fallo, el abogado Roger Medina expresó que “los compañeros Víctor Vásquez y José Santos Vigil fueron procesados por los delitos de robo, desplazamiento forzado y daños, ellos son líderes ambientalistas, defensores del agua, del medio ambiente, del bosque y de los derechos humanos, y lastimosamente se les ha venido haciendo de parte de la Fiscalía un ataque sistemático, porque hace dos semanas aproximadamente, por otros dos delitos, se les decretó sobreseimiento definitivo”.
