Entramos a la recta final hacia el examen periódico que realiza la ONU a los Estados parte en materia de respeto a los derechos humanos.
El próximo jueves 5 de noviembre, en horas de la tarde en Ginebra, el Estado de Honduras deberá responder por 150 recomendaciones que recibió en 2015.
Las recomendaciones son relativas a la vida, la intergidad física, la libertad, la igualdad entre hombres y mujeres, la no discriminación por ningún motivo.
También la evaluación de hace cinco años incluye recomendaciones sobre el proceder de las instituciones, del Estado en su conjunto.
Está fresco en la memoria colectiva de Honduras el éxodo de niños y niñas no acompañados en 2015, por las violencias que habían expulsado antes a sus padres hacia México y Estados Unidos.
La destrucción de los derechos económicos y sociales con 160 leyes habilitantes del sistema de corrupción capitalista fomentado desde el Congreso de la impunidad.
El asesinato de Berta Cáceres en 2016 y la impunidad oficial sobre la familia Atala, que encabeza la dirección ejecutiva de la empresa eléctrica que planificó, financió y ejecutó ese crimen.
El fraude electoral monstruoso, vulgar y violento de 2017 dirigido por la teniente Fulton, en nombre del supremacismo blanco estadounidense, apoyado por la obediente Europa, la “políticamente correcta”.
Las represiones violentas de 2017 que identifican a los militares y a los policías-militares como responsables de torturas, desapariciones y asesinatos, como está probado en el informe de Naciones Unidas.
La entrega total de la justicia en 2018 a las mafias corruptas que destruyeron el presupuesto nacional y que destruyeron la comisión contra la impunidad creada por el Consejo Colonial Imperialista que dirige Almagro, el yesman de Washington.
Nadie olvida que hacia finales de 2018 las tropas militares que Miguel Facussé heredó a Lenir Pérez entraron violentas a destruir el campamento ciudadano que defiende la montaña “Carlos Escalreras”, en Tocoa, Colón.
Desde aquel momento lamentable el río Guapinol arrastra el estiércol de la industria minera a cielo abierto y la comunidad sufre todavía hoy el encarcelamiento injustificado de sus liderazgos como consecuencia de su heroísmo ambiental.
En 2019, las caravanas de migrantes climáticos expulsados del sur de Honduras por la sequedad, los perseguidos de la violencia del crimen organizado, las familias peregrinas sin trabajo ni esperanza, expulsados todos por el gobierno impostor continuista del golpe religioso-militar pro gringo.
Durante 2020 más de 60 manifestaciones causadas por la desigualdad, que ha sido profundizada por la pandemia del Covid 19, han sido reprimidas de modo violento en todo el país. Y las ejecuciones extrajudiciales mediante la modalidad de “masacres” continúan en pleno confinamiento.
Un confinamiento obligatorio, irregular, arbitrario y violento ha sido impuesto a la sociedad hondureña por el régimen militar, suspendiendo abusivamente derechos civiles y políticos aún hasta nuestros días.
En nombre de la pandemia, la dictadura inmoral ha robado miles de millones de dólares que no llegaron para la salud del pueblo, causando la muerte de más de 2000 seres humanos hasta la fecha.
En medio de ese confinamiento abusivo, controlado exclusivamente por los uniformados armados, la comunidad Triunfo de la Cruz y la Organización Fraternal Negra de Honduras, reclaman con vida a cinco personas desaparecidas hace tres meses.
En otros puntos del país, en Santa Bárbara, Choluteca, El Paraíso y Francisco Morazán, otras 12 familias reclaman con vida a sus seres queridos desaparecidos por militares o policías, o por miembros del crimen organizado, que en el contexto actual de Honduras equivalen a la misma identidad.
Estas son apenas algunas de las imágenes que pasan a través de la memoria colectiva a pocas horas que el Estado de Honduras responda qué hizo con 150 recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas hace cinco años.
En cuanto al Cofadeh, organización responsable de estas voces contra el olvido, ha presentado propuestas de recomendaciones a varios Estados a través de sus diplomáticos en Tegucigalpa y Ginebra.
En diferentes reuniones de incidencia el Comité ha insistido en la urgencia de parar la criminalización de los liderazgos sociales que defienden sus territorios, sus comunidades y sus medios de vida. Ha puesto, igualmente, un énfasis particular contra la militarización oprobiosa de Honduras y contra la impunidad de las desapariciones forzadas de 1980, de 2009 y 2020.
Este próximo martes, a través de distintas plataformas de transmisión en vivo, la organización símbolo contra la desaparición forzada en Honduras y la FIDH-Federación Internacional por los derechos Humanos, ofrecerán una rueda de prensa a las 9:30 de la mañana hora centroamericana para revelar hechos y recomendaciones.
Como ha expresado la coordinadora del Cofadeh, Bertha Oliva, esto que ocurrirá el próximo jueves en Ginebra, “no es un concurso escolar de quién hizo la tarea”. Es una evaluación seria en la que están de por medio vidas humanas, libertades y dignidades de personas concretas de carne y hueso. Por eso no es tolerable banalizar este momento.
¡Buenas noches!
Editorial Voces contra El Olvido, sábado 31 de octubre de 2020
