San José, San Pedro Sula y Tegucigalpa, 20 de octubre de 2020.- En octubre de 1997 el defensor de derechos humanos y ambientalista Carlos Escaleras fue asesinado en Honduras como represalia por su labor. Más de dos décadas después, frente a la impunidad de los autores intelectuales del crimen, el caso llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), la cual, mediante una Sentencia de Homologación del Acuerdo de Solución Amistosa suscrito entre las partes, reconoció como responsable al Estado de Honduras por los hechos, en particular por la violación al derecho a la vida, al derecho de asociación y a los derechos políticos de Carlos Escaleras, así como por la violación de los derechos de acceso a la justicia y a la integridad personal de sus familiares.
En su sentencia, la Corte también reconoció el contexto de violencia que, en su momento, enfrentaban las personas defensoras del ambiente en Honduras y que, al día de hoy, se ha profundizado. En la última década, alrededor de 150 personas defensoras del ambiente han sido asesinadas en Honduras, al menos 14 de ellas en 2019. El país se mantiene como uno de los más mortales para personas defensoras en la región, según el más reciente reporte de Global Witness. Tan solo en los últimos meses se han registrado, entre otras múltiples agresiones, la desaparición de los líderes garífunas Milton Joel Martínez Álvarez, Suami Aparicio Mejía García, Gerardo Misael Trochez Calix y Albert Snaider Centeno Thomas; así como el asesinato de ambientalistas y personas vinculadas a la defensa de la naturaleza y los bienes comunes, como Marvin Damián Castro, José Antonio Teruel y Arnold Joaquín Morazán Erazo.
Estos asesinatos representan la expresión última de agresiones en contra de personas defensoras; sin embargo, quienes defienden derechos humanos y el ambiente en Honduras enfrentan de manera constante una multiplicidad de agresiones. Ejemplo de ello son las recientes agresiones denunciadas por la comunidad indígena Lenca de Río Blanco e integrantes del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), así como los ataques y criminalización denunciadas por la comunidad de Guapinol, cuya labor de defensa se enfoca, precisamente, en la protección del Parque Nacional Carlos Escaleras.
Frente a este contexto, las organizaciones que conformamos la Mesa de Seguimiento al Cumplimiento de Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Mesa de Seguimiento) recordamos el legado de Carlos Escaleras y hacemos un llamado urgente al Estado de Honduras a reconocer la fundamental labor que ejercen las personas defensoras de derechos humanos y del ambiente en el país y a tomar todas las medidas necesarias para garantizar condiciones dignas y seguras para el ejercicio de su labor.
En particular, llamamos a la investigación, juicio y sanción de todos los autores intelectuales responsables por el asesinato de Carlos Escaleras y de todas las personas defensoras asesinadas en Honduras. Tal y como han señalado los órganos interamericanos, reconocemos que la impunidad de estos crímenes da lugar a nuevas violaciones de derechos humanos, por lo que el Estado debe asumir sus obligaciones internacionales como garante a la labor y ejercicio del derecho a defender derechos.
En este sentido, urgimos al Estado a avanzar en las medidas de reparación establecidas en la Sentencia, y en particular, a aprobar e implementar un protocolo de debida diligencia para la investigación de crímenes cometidos contra defensores y defensoras de derechos humanos, tal como lo ordenó la Corte IDH en 2018. Este protocolo es urgente para reconocer el contexto de riesgo que enfrentan las personas defensoras, avanzar hacia el acceso a la verdad y la justicia, y combatir la constante impunidad que acompaña estas agresiones sistemáticas para evitar que esta realidad continúe.
En este nuevo aniversario de los hechos, conmemoramos la vida y lucha de Carlos Escaleras, enviamos nuestra solidaridad a su familia, y sostenemos nuestro compromiso con la dignidad, la verdad y la justicia para todas las personas defensoras en Honduras.
Sobre la Mesa de Seguimiento:
La Mesa de Seguimiento al Cumplimiento de Sentencias y Resoluciones de la Corte IDH (Mesa de Seguimiento) se conformó como un esfuerzo conjunto de actores nacionales e internacionales que busca contribuir a que Honduras mejore su sistema normativo, a que se haga justicia y que las violaciones de derechos humanos no se repitan.
Nuestro objetivo es monitorear la implementación de las sentencias y resoluciones de la Corte Interamericana, con el fin de señalar sus avances y demoras e informar a la sociedad hondureña y al Tribunal regional sobre la capacidad y voluntad estatal para darle cumplimiento a tales sentencias y así garantizar su efectivo cumplimiento.
Organizaciones que conforman la Mesa de Seguimiento:
Asociación de Jueces por la Democracia (AJD)
Casa Alianza
Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura y sus Familias (CPTRT)
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH)
Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC-SJ)
Equipo Jurídico por los Derechos Humanos
Pastoral Penitenciaria Iglesia Católica
Pastoral Social Cáritas de la Diócesis de San Pedro Sula
Red Lésbica Cattrachas
