Siguatepeque, Honduras.- Más de 400 familias campesinas en centro del país han hecho producir la tierras que mantienen en proceso de recuperación, pese a que tres de sus compañeros son perseguidos judicialmente.

De vocación alfarera y agrícola, la tierra es la que da de comer a los pobladores de la aldea El Porvenir, Siguatepeque, quienes al inicio de la pandemia por COVID-19 y el toque de queda impuesto por el Decreto Ejecutivo PCM 021-2020 se quedaron “sin nada”.

Don Vicente Castro, en marzo´pasado lanzó un llamado de auxilio porque 25 familias, incluso la suya, viven de hacer objetos de barro que venden a los comerciantes apostados a la orilla de la carretera CA-4 justo entre Tegucigalpa y San Pedro Sula, y debido al confinamiento no había circulación de personas, quedándose con la producción y sin mercado.

Dato:

La Asamblea general de las Naciones Unidas aprobó el lunes 17 de diciembre de 2018, la Declaración de Derechos de Campesinos y Campesinas y otras personas que trabajan en zonas rurales. Por lo que se debe exigir su implementación cuyo fin es “proteger, respetar y garantizar los derechos de campesinos y campesinas” que son defensores de territorios.

El barro es un lujo. La gente prefiere comprar comida, afirmó Castro, quien tiene un proceso judicial abierto, acusado de supuesta usurpación de tierras, en perjuicio de un maderero de la región centro de Honduras.

A diferencia de marzo, ahora comenta que la producción agrícola ha sido abundante, si bien, dejaron de vender alfarería, muchas personas regresaron a trabajar la tierra con la siembra de maíz y frijoles, por lo que no han carecido de comida.

Si estuviéramos a la espera de la bolsa solidaria que solo nos llegó una vez, nos hubiera matado el hambre y no el Coronavirus, agregó el también alcalde auxiliar. En esa ocasión las autoridades locales sólo llevaban provisión para 30 familias, y les dije que con esa cantidad mejor que no dejaran nada porque toda la gente nos estamos muriendo de hambre.

Para lograr esos alimentos, las familias se vieron obligadas a realizar una protesta pacífica en el desvío de Siguatepeque a la ciudad de La Esperanza, Intibucá, zona occidente. La policía los desalojó de manera violenta, y al día siguiente volvieron a la toma y aun diálogo con otros agentes armados, les dijimos que necesitábamos alimentos, y logramos 300 bolsas de alimentos.

Los habitantes de El Porvenir donde se ubica la empresa asociativa campesina “11 de Marzo” han recibido donaciones de víveres pero de parte de iglesias y empresas privadas. Los militares [asignados para entregar la bolsa solidaria] y autoridades locales se olvidaron de regresar.

Más de 100 mil millones de lempiras se le han asignado al presidente del régimen Juan Orlando Hernández, supuestamente para hacerle frente a la pandemia, según la Ley de Aceleración Económica, pero de esos fondos no llegaron a El Porvenir.

Y si nos preguntamos ¿Dónde está el dinero? O a la espera que se nos asignen fondos para la producción agrícola al mando de las Fuerzas Armadas, no hubiéramos tenido nuestra comida, expresó don Vicente Castro.

Más bien entre los compañeros nos preguntamos ¿De dónde sacamos dinero para nuestros cultivos? Porque no teníamos recursos económicos, pero hicimos el esfuerzo para sembrar y compra una carga de abono que cuesta mil lempiras.

A criterio del defensor de la tierra y el territorio, el dinero está en las cuentas de los mismos que atacaron en la década de 1980, porque contra ellos no se ejerce ningún tipo de castigo, por eso no hay un cambio sustancial para el país.

Entre los mismos corruptos se prestan a hacer las cosas mal. Son otros los que exponen la cara y ponen la vida, pero los que se lucran no los vemos, afirmó el defensor de 60 años.

También denunció que, el pueblo no tiene acceso a un sistema adecuado de salud, en la comunidad hay contagios de Coronavirus sin atención médica, hacemos lo que podemos desde nuestro conocimiento. Sin embargo, en el centro de Siguatepeque la gente no toma medidas correspondientes, al parecer tenemos que acostumbrarnos a andar con el tapabocas, y a veces no es la mascarilla que indican los expertos en salud, porque hay familiar que no tienen dinero para comprar ni una bolsa de café, peor para un bote de gel para manos.

Debido a la escasez de dinero, hay muchachas que compran ropa barata y confeccionan las mascarillas que venden a 3 lempiras (u$ 0.12 ctvs), realmente baratas en comparación a las que compró el Estado de Honduras a 30 lempiras y eran de papel, declaró el alfarero, que poco a poco vuelven a dar vida en el torno.

Los defensores de El Porvenir, específicamente de la empresa campesina “11 de Marzo”, son víctimas de hostigamiento y criminalización judicial desde marzo de 2019, acusados por el supuesto delito de usurpación y roturación de un predio de uso forestal, en perjuicio del maderero Marco Barahona y el Estado de Honduras, por el que están con medidas sustitutivas a la prisión, tras varios días encarcelados, Juan Mejía Euceda (61), Santos Evelio Vásquez (49), y Vicente Castro (60), presidente de la empresa.

Mientras que, Héctor Orlando Velásquez (54), capturado en octubre pasado, fue sobreseído definitivamente, todos son representados por la defensa legal del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH).

Sin cortar un solo árbol de pino y cuidando el bosque, han hecho producir esa tierra durante esta cuarentena iniciada el 16 de marzo de 2020, enfrentado el marginamiento ante la llegada de un virus desconocido que oficialmente registra 66,049 contagios y un saldo de 2,058 muertes, según el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo (SINAGER).

El maíz está floreando, los frijoles madurando y, Juan Mejía Euceda, Santos Evelio Vásquez y Vicente Castro siguen cumpliendo con las medidas sustitutivas a la prisión, estampando su firma en el libro de control de medidas en el Juzgado de Siguatepeque, a la espera que se les indique apertura a juicio oral y público.