Tegucigalpa.
Una empresa israelí, de la cual no se precisó el nombre, ejecutaría a corto plazo un proyecto geotérmico en el Valle de Siria mediante una concesión de 15 años, situación que preocupa a las comunidades de esta región, sometida durante casi una década a la explotación minera a cielo abierto, dejando graves daños para la salud de los pobladores y el medio ambiente.
Si bien el proyecto está en estudio, todo indica que será una realidad y que dicha empresa realizaría excavaciones a 300 metros de profundidad en las aguas termales en varios puntos de esta zona para obtener vapor, mover turbinas y generar unos 15 megavatios de energía eléctrica.
La denuncia fue conocida por www.defensoresenlinea.com a través de la ambientalista Olga Velásquez, quien sostuvo que esto resultaría en un impacto negativo para las comunidades, porque antes con la explotación minera, el ambiente se vio afectado severamente, aparecieron enfermedades de la piel, hubo escasez de fuentes de empleo, desaparecieron de las fuentes de agua y las actividades como la ganadería y la agricultura.
“La temperatura subió y si nos montan esta geotérmica, sería el colapso total del valle de Siria, porque la temperatura se elevaría otros grados más”, expresó Velásquez.
La defensora de derechos humanos comentó que de acuerdo a expertos, la zona del valle de Siria es en realidad un volcán que está dormido, “porque las aguas que están en ebullición se encuentra a 90 grados centígrados, y últimamente por el tajo que cortó la empresa minera ha habido grandes explosiones donde se han hecho cráteres hasta de un metro de profundidad donde tira como lava”.
Según habitantes de las comunidades cercanas las tierras donde se pretende desarrollar este proyecto, son un patrimonio nacional declarado durante la administración del ex presidente Juan Manuel Gálvez.
Olga Velásquez también desempeña un trabajo comunitario con las personas que resultaron afectadas en su salud, producto de la contaminación ambiental que generó la empresa minera Entremares.
Informes dados a conocer el 2 de noviembre de 2011 por parte el Movimiento Amigos de la Tierra Internacional destacan que estudios forenses realizados en el 2007 en muestras de sangre y orina a 62 personas de tres municipios del valle de Siria, todas salieron contaminadas con metales pesados, porque hay concentración de cianuro, plomo, mercurio y arsénico en la sangre.
Las concentraciones de plomo encontradas en las personas analizadas exceden los valores permitidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS). La empresa de capital canadiense GoldCorp más conocida como Entremares, se instaló en el país en el año 2000 y su cierre fue en el 2008, sin embargo causó grandes estragos en la salud de la población de los municipios de Cedros, San Ignacio y El Porvenir todos ubicados en el Valle de siria.
Olga Velásquez dijo que el Comité Ambientalista del Valle de Siria, surgió como una necesidad por la explotación minera, y que actualmente “lo que nos ha estado dando problemas es un centro turístico que se quería montar sobre las aguas termales dentro de la misma concesión de la empresa minera por el alcalde de San Ignacio, Hernán Hidalgo con fondos de la Unión Europea”.
“Hicimos todas las gestiones pertinentes en este caso, incluso llegamos a tener una reunión formal con el embajador de la Unión Europea (UE) acá en Tegucigalpa, donde le pusimos las cosas claras, los papeles sobre la mesa del por qué no estábamos de acuerdo con el centro turístico”, explicó Velásquez.
“Nos levantan perfiles, nos toman fotografías”
Velásquez dijo que se han opuesto a dicho proyecto porque las aguas termales han sido consideradas un patrimonio nacional y no puede un alcalde por la ambición económica pretender privatizarlas, cuando las mismas han sido de beneficio para las comunidades en temas como la recreación y con acceso libre y gratuito.
La defensora de derechos humanos explicó que al final se desistió de echar a andar el aparente proyecto turístico con las aguas termales, “pero tenemos problemas porque nos quieren montar una geotérmica dentro de esa misma área”.
La entrevistada dijo que desde el principio el comité ambientalista se dio cuenta que el trasfondo del centro turístico era privatizarlo, para después montar la empresa geotérmica que operaría moviendo las turbinas con la presión del vapor de las aguas termales.
“Por eso nos opusimos al centro turístico, porque fue el que promocionaron, ahora que el centro turístico ya no va, que la unión Europea bajó la guardia y destinó los fondos a otros proyectos, ahora sí, ya declararon que es la geotérmica la que va”, aseguró la ambientalista.
De hecho sostuvo que la concesión para dicho proyecto al parecer, ya fue aprobada por el Congreso Nacional.
“Aquí se están violando varios derechos, porque en primer lugar la concesión no ha sido consultada con las comunidades, y aún hay un cabildo abierto donde las comunidades de El Porvenir que son las que van a ser afectadas directamente, se opusieron rotundamente a que no se diera este proyecto en la zona y el Congreso Nacional está irrespetando la voluntad del pueblo”, anticipó la ambientalista.
A raíz de su labor como defensora del ambiente, Olga Velásquez está siendo víctima de persecución y seguimientos, después de promover varias reuniones en las comunidades para socializar el problema.
“En el patio de mi casa fueron a tirar una serpiente muerta, que yo lo veo como una amenaza directa hacia mí, luego en las últimas reuniones que hemos tenido como comité, han llegado patrullas de la Policía Preventiva a levantarnos perfil, nos toman fotografías y últimamente llegó una patrulla de la Policía Preventiva a tomarle fotos a mi hijo menor de edad”, denunció Velásquez.
Producto de estas acciones su hijo menor de 16 años, decidió irse de la comunidad y emprendió una travesía para llegar a Estados Unidos, sin embargo fue capturado por las autoridades fronterizas y está detenido junto a otros indocumentados en aquella nación del norte.
Velásquez también denunció que en cuatro ocasiones enfrente de su casa se ha estacionado un vehículo pick up color blanco, vidrios polarizados, doble cabina, con placa número PT50.
Respecto a su seguridad personal Olga Velásquez expresó que “estamos en total riesgo últimamente porque si uno se pone a pensar el alcalde de San Ignacio viene de grupos de poder, es Hidalgo, pero aún así seguimos con la lucha y vamos a llegar donde tengamos que llegar en cuanto a la defensa de los derechos humanos”.
