Washington, D.C.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) repudia el asesinato de José Ángel Flores y Silmer Dionisio George, Presidente y miembro, respectivamente, del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA). Ambos eran beneficiarios de medidas cautelares otorgadas por la CIDH el 8 de mayo de 2014 y habían denunciado en repetidas ocasiones y de forma pública la situación de grave riesgo en la que se encontraban. La Comisión insta a Honduras a que adopte las medidas necesarias a fin de garantizar el derecho a la vida, integridad y la seguridad de todas las personas defensoras derechos humanos en el país. Adicionalmente, la CIDH urge al Estado a investigar estos hechos de violencia, procesar y sancionar a los responsables.
De acuerdo a información recibida por la CIDH, el martes 18 de octubre de 2016 un grupo de personas encapuchadas y fuertemente armadas que viajaban en motocicletas dispararon contra José Ángel Flores, en la cooperativa campesina La Confianza, Tocoa, causando su muerte inmediata. En el ataque resultó gravemente herido Silmer Dionisio George, también miembro del MUCA, quien fue trasladado al Hospital de San Isidro, donde falleció. El ataque a ambos dirigentes ocurrió luego que los líderes campesinos salieran de una reunión de las Empresas Asociativas del Asentamiento la Confianza, donde participaban alrededor de 40 campesinos.
La CIDH toma nota de la carta enviada por la Misión Permanente de Honduras ante la Organización de Estados Americanos (OEA), expresando su condena al asesinato de ambos defensores y señalando los pasos adoptados para investigar estos hechos.
La CIDH considera de suma gravedad que el Estado de Honduras no haya adoptado las medidas necesarias para proteger la vida y la integridad de estas personas, teniendo en cuenta las medidas cautelares vigentes otorgadas y el contexto de violencia ampliamente conocido en contra de las organizaciones campesinas del Bajo Aguán. La Comisión expresa su consternación y preocupación debido a que, tras haber celebrado tres reuniones de trabajo en la CIDH, no se estén implementando medidas idóneas y efectivas para proteger a los beneficiarios de las medidas cautelares. En efecto, en la última reunión de trabajo que tuvo lugar el en la sede de la CIDH el 21 de octubre de 2015, la Comisión Interamericana llamó la atención sobre serias falencias en la implementación de las medidas de protección a favor de los beneficiarios de las medidas cautelares.
La Comisión urge al Estado a que se adopten las medidas que sean necesarias para garantizar la vida y la integridad de todas las personas defensoras de derechos humanos en Honduras. Con estos asesinatos ya son al menos diez los defensores y defensoras de los derechos humanos asesinados en el país en lo que va de año. A la luz de la continuidad de los asesinatos contra defensoras y defensores de derechos humanos, la Comisión expresa su alarma y consternación sobre estos actos de violencia. “El Estado hondureño tiene la obligación de investigar estos lamentables asesinatos de manera seria, pronta, eficiente y sin dilaciones, e incluir líneas de investigación donde se analice como hipótesis que este crimen haya tenido como móvil la actividad como defensores de derechos humanos”, dijo el Relator sobre Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, Comisionado José de Jesús Orozco.
La CIDH urge al Estado a adoptar en forma inmediata todas las medidas necesarias a fin de garantizar el derecho a la vida, la integridad y la seguridad de los demás beneficiarios de estas medidas cautelares, así como reforzar la protección para las personas defensoras de derechos humanos en Honduras. Como lo ha sostenido en el reciente informe sobre la situación de derechos humanos en Honduras, la CIDH reitera su recomendación de implementar, en forma prioritaria, una política global de protección de los defensores de derechos humanos y adoptar una estrategia efectiva y exhaustiva de prevención con el fin de evitar ataques en contra de las defensoras y defensores de los derechos humanos.
“El Estado de Honduras debe reforzar sus esfuerzos para que el Mecanismo Nacional de Protección de Defensoras y Defensores sea totalmente operativo, proveyendo de los recursos humanos y materiales necesarios para su debido funcionamiento”, agregó el Relator Orozco.
La Comisión reitera que los actos de violencia y otros ataques contra las defensoras y los defensores de derechos humanos no sólo afectan las garantías propias de todo ser humano, sino que atentan contra el papel fundamental que juegan en la sociedad. Dichos actos perjudican además a todas aquellas personas para quienes trabajan, dejándoles en un estado de mayor vulnerabilidad, llegando incluso hasta la indefensión. La Comisión recuerda asimismo que la labor de defensores y defensoras es esencial para la construcción de una sociedad democrática sólida y en la consolidación del Estado de Derecho.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
