La Convergencia Contra el Continuismo, el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), el Comité Nacional para la liberación de los Presos Político en Honduras, el Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura y sus Familias (CPTRT), la Pastoral Social-Cáritas de la Diócesis de San Pedro Sula, Acción Ecuménica por los Derechos Humanos, Defensores Sin Fronteras, Frente Nacional de Resistencia Popular y el Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, nos pronunciamos ante la situación que enfrentan las personas privadas de libertad en Honduras y los presos políticos en particular.
Por más de 10 años Honduras está sumida en una profunda crisis política, cuya solución va más allá de la eliminación de la violencia física, debe pasar por la superación de la violencia estructural del modelo de sociedad que se nos impone.
Las cárceles son, en este sentido, mecanismos de violencia física y estructural (violencia política). La aplicación de estrategias gubernamentales que criminalizan la pobreza y las expresiones de descontento social, convierten la privación de la libertad en una maniobra permanente de represión y la violación de los derechos humanos en las prisiones en una lamentable cotidianidad. Las cárceles por otra parte, reflejan las condiciones de inequidad y de desigualdad social y económica.
En Honduras, cerca de 22 mil personas guardan prisión en 28 establecimientos a cargo de un sistema penitenciario militarizado, sobrepoblado y hacinado, carente de una política pública penitenciaria integral rectorada por personal civil especializado en ciencias penitenciarias, tal como lo recomiendan los estándares internacionales en la materia. Esta carencia, no nos permite que los problemas estructurales que por décadas ha cobrado la vida de muchas personas privadas de libertad por la violencia, la insalubridad, los malos tratos y torturas y las severas carencias materiales, que imposibilitan el cumplimiento del mandato constitucional y los estándares internacionales de hacer de las cárceles establecimientos de seguridad y defensa social, y donde se prepare a personas por la rehabilitación, para el trabajo y la reinserción social. Por el contrario, se han implementado políticas adversas en materia criminal que han empeorado la situación – cerca del 60% de la población está sin sentencia – y que contradicen los principios del derecho penal garantista, y el principio de presunción de inocencia.
Con la llegada del coronavirus, el Gobierno emitió una serie de medidas, incluyendo la suspensión de garantías constitucionales con la finalidad de prevenir y controlar la pandemia.
Informó que había tomado medidas para prevenir la propagación del virus en los centros penitenciarios, entre ellas la pre-liberación de personas para disminuir la sobrepoblación y el suministro de insumos sanitarios.
No obstante, la Mesa Penitenciaria (conformada además por los familiares de los privados de libertad), demandó una rápida intervención conjunta entre el Instituto Nacional Penitenciario (INP), la Secretaría de Salud y el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER).
Además solicitaron para la Penitenciaría Nacional de Támara, la contratación inmediata de más personal de salud, la aplicación de pruebas PCR a toda la población penitenciaria y empleados, el aislamiento y tratamiento en las condiciones seguras y adecuadas de los y las contagiados/as, y la coordinación inmediata con los familiares de los afectados.
El Mecanismo Nacional de Prevención Contra la Tortura (MNP-CONAPREV) interpuso el 31 de marzo un habeas corpus humanitario a favor de más de 2,400 privados de libertad con problemas crónicos de salud, mayores de 60 años y con enfermedades de base que les vuelve vulnerables al contagio de coronavirus. La Sala de lo Constitucional declaró sin lugar la garantía demostrando una manifiesta crueldad hacia los PPL. Varias de estas personas mayores de 60 años, con enfermedades crónicas como la leucemia, problemas coronarios, broncopulmonares, etc. Hoy están fallecidos.
Personal médico del Instituto Nacional Penitenciario (INP) informó de un total de 1,055 contagios diagnosticados con pruebas rápidas, más 838 contagiados diagnosticados por la Secretaría de Salud mediante pruebas PCR, y que hay personas contagiadas en 20 establecimientos penitenciarios.
En cuanto a personas fallecidas en custodia del Estado, por monitoreo independiente, al menos 25 personas han muerto por o con sospecha de Covid-19 y 11 personas han muerto violentamente, incluidos 8 personas en dos masacres, 1 en la cárcel de mujeres de Támara. De estas 11 personas, 7 son mujeres.
La situación de los presos políticos no es diferente, ellos refirieron que tienen problemas para acceder a alimentos, que la atención sanitaria es deficiente y que no se toman medidas suficientes ni adecuadas para proteger a los internos frente a la ocurrencia y propagación de enfermedades al interior del centro penal. En una situación similar se encuentra Jeremías Martínez en el Centro Penal de La Ceiba. El 14 de mayo este Comité tuvo conocimiento que 230 privados de libertad en el Centro Penal de Olanchito, Yoro, se encuentran en una grave situación sanitaria, por falta de agua potable están haciendo sus necesidades fisiológicas en bolsas plásticas, bajo el riesgo de infectarse, ya no solo de COVID-19, las infecciones por parásitos, la fiebre tifoidea, paratifoidea, la disentería y la diarrea, la anquilostomiasis, la esquistosomiasis y la filaríais. Además de la afectación del olfato y la vista por la exposición de los deshechos.
Días previos solo recibían 3 litros de agua por privado de libertad al día, totalmente insuficientes para el consumo y actividades de limpieza personal.
El Centro Penal de Choluteca, un edificio vetusto con capacidad para 600 personas, alberga a 1,010 hombres y mujeres hacinadas (68%). Víctor Joseph Castillo, reside en unos pequeños espacios hacinados, con altas temperaturas, que en la zona sur sobrepasan en el verano a los 42 grados centígrados.
El principal problema es la alimentación y el acceso al agua. Además carecen de médicos y logística, y tienen un sistema eléctrico deplorable, lo que representa un riesgo permanente de incendio.
Los presos políticos y los defensores privados de su libertad manifiestan afectaciones de salud que los hace vulnerables a la pandemia COVID-19.
Jeremías Martínez tiene 63 años, sobrelleva un estado avanzado de Ulcera Gástrica y se le han reventado dos veces, estando privado de libertad. Esta situación le provoca “reflujo” que no le permite dormir acostado, permanece sentado durante día y noche y tiene infección en la próstata, esta última adquirida en prisión.
Daniel Márquez sufre hipertensión y no recibe un tratamiento adecuado.
Arnold Alemán es alérgico, en los últimos meses ha presentado cuadros graves y aunque está registrado en el archivo clínico del médico de la prisión, no recibe atención continua ni cuando la necesita.
Porfirio Sorto tiene problemas oculares y alergias que desarrolló en la prisión.
Ewer Cedillo sufre de asma y no recibe tratamiento.
Kelvin Romero sufre de hipertensión y ha desarrollado un cuadro infeccioso urinario que no ha sido tratado.
Orvin Hernández sufre de jaquecas agudas, no recibe tratamiento.
Rommel Baldemar Herrera Portillo presenta un cuadro depresivo agudo.
Es necesario que el Estado tome en cuenta las recomendaciones que ha formulado la comunidad internacional, para alinear las medidas adoptadas con el respeto irrestricto de los derechos humanos de las personas privadas de libertad.
La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, instó a los Gobiernos de los distintos países a reducir la población reclusa y sacar de prisión a los presos políticos, los más vulnerables, de forma que los mayores y los reos menos peligrosos con patologías crónicas no estén expuestos. De esta forma, concluye que las autoridades deberían examinar la manera de poner en libertad a las personas, especialmente vulnerables al virus.
En esta línea, además de las recomendaciones en materia de salud, existen también las recomendaciones con fines a descongestionar las cárceles, las cuales tampoco han sido tomadas en cuenta por el Estado de Honduras hasta la fecha.
El Comité para la Liberación de los Presos Políticos en Honduras, las organizaciones de derechos humanos y los familiares de los presos políticos, exigimos la libertad inmediata de: Rommel Baldemar Herrera Portillo y Víctor Joseph Castillo; además de los defensores de derechos Humanos: Jeremías Martínez Díaz, Porfirio Sorto Cedillo, José Abelino Cedillo, Orvin Nahúm Hernández, Kelvin Alejandro Romero, Arnold Alemán, Ewer Alexander Cedillo y Daniel Márquez.
Tegucigalpa, San Pedro Sula, Tocoa, 30 de julio de 2020
