En el marco del «Día Internacional de la Violencia contra la Mujer», mujeres rurales demandan acceso a crédito para la implementación del Programa de Crédito “CREDIMUJER”, asimismo políticas públicas para incentivar la producción agrícola y la erradicación de los femicidios.
Las representantes de las organizaciones señalaron que otra modalidad de discriminación y violencia contra las mujeres del campo hondureño, son las dificultades que enfrentan para acceder a recursos productivos, por lo que la Ley CREDIMUJER, recientemente aprobada en el Congreso Nacional, es un mecanismo que promoverá la igualdad de género en las zonas rurales, «aprobaron la Ley pero ahora demandamos que se le asignen fondos, porque una ley sin presupuesto es papel mojado», comentó Wendy Cruz, representante de la campaña.
La propuesta de la Ley CREDIMUJER, que beneficiaría a más de dos millones de mujeres rurales, consiste en un programa de crédito solidario para las mujeres del campo, y fue formulada por más de 30 organizaciones, campesinas, feministas, de sociedad civil y cooperación internacional, teniendo posteriormente el apoyo de la Comisión de Género y de Dictamen del hemiciclo legislativo.
Femicidios
Por otra parte, la coalición de mujeres también demandó al Poder Ejecutivo la creación de la «Unidad de Investigación de Muerte Violenta de Mujeres y Femicidios» dentro de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), con su debido presupuesto aprobado por el Congreso Nacional.
«Desde el 2003 hasta el 20014 en Honduras fueron asesinadas 4,381 mujeres, y aún más preocupante, el 96% de estos femicidios permanecen impunes. Hay graves problemas en la investigación criminal, por lo que hemos presentado la propuesta de crear esta Unidad, que apoyaría a la reducción de esta impunidad y por ende, de la cantidad de femicidios», explicó Suyapa Martínez, portavoz de esta iniciativa.
En este esfuerzo participan organizaciones de mujeres, campesinas y feministas que aportan a la conformación de una propuesta técnica que permita ser impulsada por la ATIC con el Ministerio Público y consecuentemente con el Congreso Nacional de la República para la asignación de su presupuesto, de manera que se garanticen los recursos necesarios para la creación de dicha unidad y se asegure con ello el debido proceso investigativo, desde una perspectiva de género.
