Universitarias unidas por historia de lucha y criminalización (1982-2016)

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Tegucigalpa.

Por: Sandra Rodríguez
Eran las cinco de la mañana del 1 de julio del 2016, cuando cientos de policías invadieron el suelo universitario, capturaron sin ninguna orden judicial a 24 personas, entre ellas seis alumnas Alexandra Flores Sosa, Kelline Johana Reyes Carranza, Jennifer Flores Sánchez, Alejandra Ávila García, Sairi Banegas Ramos y Emmy Jiménez Zelaya, quienes permanecían en protesta social por la defensa de la educación pública, desde hace un mes, y presas por más de 36 horas.

Casi a la misma hora, pero del 27 de abril de 1982, hombres fuertemente armados allanaron ilegalmente la casa del sub Procurador General de la República, Rafael Rivera Torres, donde estaban reunidas sus hijas Gilda María y Ana Suyapa Rivera Sierra; con sus amigos Guillermo y Edwin Dagoberto López Lone; Milton Danilo y Marlen Irasema Jiménez Puerto, seis universitarios que fueron víctima de desaparición temporal por nueve días; cabe mencionar que Milton y Guillermo permanecieron privados de libertad por unos dos meses, por ser de los líderes con mayor perfil.

En la actualidad, la criminalización por la protesta social contra los y las estudiantes se origina por órdenes de las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNAH, llevando hasta el día de hoy 75 requerimientos fiscales; mientras que en la criminalización de los años ochentas, las autoridades universitarias intervinieron para que los seis desaparecidos volvieran a casa con vida.

En aquel año, los hombres armados, no sólo se llevaron a los estudiantes, sino a don Rafael Rivera Torres, quien fue retornado a su casa y obligado a permitir el cateo de la misma, ante la presencia de Enrique Flores Valeriano, vicerrector de la UNAH, Norma Lanza de Flores, vecinos de los estudiantes, y Carlos Rivas García, diputado del Congreso Nacional.

Las seis estudiantes capturadas infraganti dentro de la máxima casa de estudios, el pasado viernes, fueron ultrajadas por policías preventivos y cobras, las golpearon y subieron a una patrulla, junto a la defensora de DDHH Sandra Zambrano, quien logró liberar algunas muchachas de las manos de los uniformados, que llegaron a la “Lucem Aspicio” (lema de la UNAH) antes que saliera el sol.

“La fuerza que implementaban los policías era desmedida, no puedo recordar si a nosotras nos trataban con más violencia, pues estamos protegiéndonos entre todos», expresó Emmy Jiménez, estudiante de Psicología, y víctima de criminalización judicial, acusada por usurpación y daños en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras y la UNAH, donde estudia.

Estar detenidas más de 36 horas fue bien frustrante, más cuando nos sometían a torturas psicológicas sin saber lo que iba a suceder con nosotras. Sin embargo el acompañamiento de defensoras de derechos humanos fue importante para que se nos respetara, porque nos abrazaban y defendían de los policías.

Esta lucha para los y las estudiantes es un derecho, pero vemos que para lo que toman decisiones es una lucha de poder. Estamos conscientes que no andamos jugando, por lo que estamos conscientes de que cualquier cosa nos puede suceder, aunque no pensamos en medidas tan extremas.

«Vemos un discurso de doble cara, ya que las autoridades hablan de que no se violenta la autonomía universitaria, pero si permiten el ingreso de policías y militares a que nos agredan», afirmó Jiménez, quien fue arrestada con 23 estudiantes más.

Agregó que las autoridades dicen en los medios de comunicación, que aún se puede solucionar los conflictos a lo interno de la UNAH, pero las realidad se nota cuando nos atacan, su prepotencia y orgullo se refleja al no desistir de sus decisiones pese a que nosotros arañemos y paleemos.

Esta lucha va hasta donde lleguemos, porque hemos avanzado, estamos cansados y cansadas de ver que no interesamos, que no nos toman en cuenta, que no vamos a tener opciones en universidades privadas, para mi caso quiero estudiar psicología social y son el la Autónoma se brinda esa carrera, si voy a otra universidad sería con psicología industrial, y mi área es social andar en las comunidades y ver que se puede hacer con las personas.

En esta criminalización hay vacíos legales que no han podido explicar, desde la cancelación de clases y periodo académico afectando a más de 36 mil estudiantes, y la aplicación de medidas sustitutivas a la prisión a lideres universitarios, como ir a firmar el libro de registro en los juzgados, no salir del país o no acercarse al lugar del conflicto, en este caso la ciudad universitaria y los respectivos centros universitarios en el interior del país, coartando su derecho a libre circulación y a la educación misma.

El movimiento feminista, las organizaciones de mujeres y defensoras de DDHH condenan las acciones arbitrarias asumidas por las autoridades universitarias y sus asesores por utilizar la fuerza, la violencia y la judicialización en contra de seis jóvenes universitarias capturadas el 1 de julio en la UNAH, que su único delito es reclamar el derecho a una universidad pública, incluyente y de calidad.

Además denunciaron la actitud violenta e irrespetuosa de la policía, de la jueza Karla Vásquez quien ordenó la imposición de chachas y la medida arbitraria «Ley Mordaza» entre los y las detenidas; y la desaparición forzada temporal de la estudiante Flor Raquel Euceda, responsabilizando a la policía y autoridades de la UNAH.

«El estudiante indignado es muy peligroso», compartió una de las estudiantes criminalizadas, esta situación continuará hasta que cese la prepotencia de las autoridades y nos escuchen. Es una lucha justa, no somos vagas ni delincuentes para que se nos encachara, ni para estar detenidas por 36 horas sometidas a torturas psicológicas.

En un mes de protestas sociales hay 75 estudiantes judicializados por defender la educación pública gratuita, como un derecho a la libertad de de expresión, situación que ha expuesto a miles de manifestantes a persecución, vigilancia, hostigamiento, detenciones ilegales, sin obtener un diálogo abierto e inclusivo de parte de las autoridades que rectora Julieta Castellanos.

Comparaciones

La defensora de Derechos de la Mujer, Gilda Rivera, quien fue víctima de desaparición temporal en 1982, declaró a defensoresenlinea.com, que en aquellos momentos teníamos más claro a quienes nos estábamos enfrentando, era a grupos represivos y escuadrones de la muerte, cuando yo fui desparecida políticamente hubo apoyo de algunas autoridades universitarias para que nosotros apareciéramos con vida; hoy veo que estas muchachas se están enfrentando en un contexto mucho más difícil y criminalizador, las están acusando de cosas que son supuestamente delitos que atentan contra la Constitución de la República y además son las misma autoridades universitarias que las están criminalizando; el contexto es mucho más difícil.

En aquellos momentos no teníamos una institucionalidad fuerte, ahora supuestamente hay una institucionalidad formal, sin embargo la misma está siendo institucionalizada para criminalizar y detener el movimiento estudiantil.

Es duro este momento, lamentó Rivera, porque no hay ninguna esperanza en que el Sistema de Justicia pueda funcionar y que realmente vaya ejercer su labor que no se exceda con las sentencias que está emitiendo.

«Me identifico con ellas en la lucha, el deseo que querer cambiar nuestra sociedad y reconocer que hay mucha injusticia y el fracaso de la sociedad en su conjunto,  de que esta democracia no nos sirve, que es para unas pocas personas, que la mayoría de la población se enfrenta a situaciones de discriminaciones y exclusiones, donde la educación pública dejó de ser un derecho».

Y es que nunca ha sido un derecho realmente, pero ahora estamos peor, dijo contundentemente, Gilda Rivera, también directora del Centro de Derechos de la Mujer, CDM.

Considera que hay avances en la protesta social, «reconozco que las y los jóvenes de este momento tienen una lectura mucho más clara de su contexto, porque nosotros éramos mucha crítica al sistema, a los grupos de poder económico y político, pero nos costaba mucho  unir esa lucha con la del interior de la Universidad «.

El apoyo estudiantil que tienen en este momento y la incorporación de tantas personas, nosotros nunca lo tuvimos, eramos pequeños grupos  de jóvenes muy ilusionados que queríamos hacer cambios pero con poco apoyo dentro de la masa estudiantil.

Mientras las manifestaciones de parte del Movimiento Estudiantil Universitario, MEU, continúe, el Movimiento Feminista, las organizaciones de mujeres y defensoras de Derechos Humanos se han declarado en alerta permanente ante esta grave situación y aseguran que darán acompañamiento a las estudiantes hasta que el problema sea resuelto.

Entre los y las estudiantes con proceso judicial por exigir una educación pública e inclusiva están:

1. Sergio Luis Ulloa
2. Moisés Cáceres
3. Cesario Padilla
La lista de estudiantes con orden de captura:
1. Ariel Alejandro Álvarez Valladares
2. Cintia Rosibel Flores Villanueva
3. Jorkie Melissa Madrid López
4. José Adonay Pidena Elvir
5. Luis Carlos Rivera Lara
6. Edwin Adalid Santamaría Portillo
7. Daniela Alejandra Rico Rivas
8. Gabriela Verenice Cubas Ochoa
9. Génesis Fabiola Chávez López
10. Eduardo Enrique Aguilar Oseguera
11. José Isaías Palencia Mejía
12. Mario Roberto Reyes Tejada
13. Fausto Manuel Cálix Márquez
14. Gerson Daniel Moya Turcia
15. Baney Sebastian Rivera Aguilera
16. Kennye Estefan Aguilar Cuello
17. Jeny Jissele Núñez Palma
18. Jeny Mariela Reyes
19. Génesis Aracey Andino Vásquez
Fuente: La Prensa/la Vía Campesina
Con medidas sustitutivas en Choluteca
20. Adonis Jordiel Álvarez Soriano
21. Henry Orlando Rodríguez D’Vicente
22. Josué Nahúm Gutiérrez Yánez
Con medidas sustitutivas en Comayagua
23. Rusbbel Barahona Ordóñez
24. Óscar Gonzáles Madrid
25. Erick Silvestre Ortes
26. Enrique Barahona
27. Cristian Maudiel Bonilla
28. Darlin Romero.
Con medidas sustitutivas en Tegucigalpa
1. Alexandra Flores Sosa
2. Saúl Antonio Marroquín Díaz
3. Carlos Antonio Castro Del Cid
4. Daniel Abrahan Vásquez Díaz
5. Kelline Johana Reyes Carranza
6. Jennifer Flores Sánchez
7. Kellyn Montoya Pérez
8. Eduardo Guillén Fúnez
9. Reynaldo Madrid Rubio
10. Hezran Jacos Mairena
11. José Flores Paredes
12. Jorge Velásquez Contreras
13. Alejandra Ávila García
14. Elvin Flores Alvarado
15. Ariel Salina Fúnez
16. Cristóbal Vásquez Díaz
17. Sairi Banegas Ramos
18. Hugo tejada
19. Carlos Flores Sosa
20. Emy Jiménez Zelaya
21. Roy Arístides Martínez Montes
22. Roberto Barriento Díaz
Detenidos y liberados en Tegucigalpa
23. Flor Raquel Euceda
24. Nelson Blanco Navarro
25. Alan Ordoñez Aguilar
26. Andry María Flores