Decenas de organizaciones de la sociedad hondureña, comprometidas con la transformación nacional, a partir de la construcción de un nuevo Estado de derecho y una democracia que además de representativa sea sobre todo participativa, deliberativa y directa, en el marco de esta pandemia que amenaza nuestras vidas, y de la epidemia política liderada por Juan Orlando Hernández y su narco dictadura, como expresión del colapsado modelo neoliberal
capitalista, ante la inminente puesta en vigencia del Nuevo Código Penal, llama a elevar todas las voces indignadas hasta que las convirtamos en un único clamor nacional, en torno al siguiente posicionamiento:
1.- Repudiamos un Código Penal que se elaboró en el secreto de los más tenebrosos grupos políticos, de manera inconsulta, y a espaldas de las aspiraciones hondureñas de protección legal y penal ante las amenazas de los auténticos violadores de derechos humanos y que actúan en pleno contubernio con la delincuencia organizada.
2.- Repudiamos un Código Penal cuyo texto fue introducido como iniciativa en el pleno del Congreso Nacional por los sectores de más alta peligrosidad del Partido Nacional, y en lugar de cumplir con el proceso parlamentario de los tres debates, de inmediato se aprobó la dispensa de los primeros dos debates, y en un abrir y cerrar de ojos, fue aprobado en un tercer debate sin que su contenido fuese siquiera conocido por todos los parlamentarios.
3.- Repudiamos un Código Penal cuyo contenido, su proceso de aprobación y su eventual vigencia, ocurren en el marco de una dictadura, la cual se ha ido consolidando después de un fraude electoral, una feroz represión contra la oposición, y que cristaliza en un contexto de una emergencia sanitaria que está siendo motivo de decisiones discrecionales, de saqueo y corrupción incalculable de los recursos destinados a los pacientes del COVID-19 y en contra de la población que perdió sus fuentes de ingreso y las obreras y obreros a quienes se les ha violado sus derechos laborales y salariales.
4.- Repudiamos un Código Penal que para los penalistas más connotados, representa un retroceso en todos los aspectos decisivos de la vida democrática, y favorece a actores que lideran el poder político, público, empresarial y del crimen organizado. El rechazo para que entre en vigencia por parte de asociaciones de jueces y fiscales, al tiempo que la demanda porque se extienda el periodo de discusión y debate por al menos un año, deja establecido que, para los expertos en derecho más serios e independientes, la estructura temática y jurídica de este instrumento se decanta inevitablemente hacia la protección de los intereses más oscuros y criminales de quienes conducen la actual narcodictadura.
5.- Repudiamos un Código Penal que criminaliza la protesta social, sitúa en riesgo penal el ejercicio efectivo de las libertades de reunión y asociación, pone en peligro a quienes expresan oposición a las decisiones de los sectores oficialistas, y establece como delitos el “desorden público”, la “desobediencia a la autoridad”, las “reuniones y manifestaciones ilícitas” y “terrorismo”, en unos términos tan amplios y ambiguos que de inmediato se prestan para la discrecionalidad y arbitrariedad al momento de su interpretación y eventual aplicación.
6.- Repudiamos un Código Penal que en toda su estructura legal es discriminatoria hacia los sectores más vulnerabilizados de la sociedad, cuando se vuelve permisivo en exceso con delitos como la violencia sexual contra mujeres y niñas, dejando el tratamiento hacia los derechos de las mujeres en el más atroz de los retrocesos.
7.- Por consiguiente, de manera firme y sin dejar duda de nuestra posición, llamamos a todas las voces indignadas en contra de la narco dictadura, a que nos hagamos un solo nudo para presionar y exigir la abrogación de este Nuevo Código Penal, es decir, que exijamos que bajo ninguna circunstancia entre en vigencia, por ser instrumento penal de la dictadura que amenaza, pone en peligro y en estado de indefensión a todos los sectores que creemos en la democracia, los derechos humanos y en un auténtico Estado de derecho.
Honduras, mayo de 2020
