El 18 de octubre de 2016, el defensor de la tierra y Presidente de MUCA Sr José Ángel Flores y el defensor Sr Silmer George fueron asesinados por hombres encapuchados quienes les dispararon repetidamente con armas de fuego en Tocoa, Colón.
José Ángel Flores era el Presidente del Movimiento Unido Campesino del Aguán (MUCA), una organización creada en 2006 para defender el derecho a la tierra de comunidades campesinas en el Bajo Aguán. Silmer George también era un integrante de MUCA. Junto con otros defensores y defensoras de la tierra de diversas organizaciones campesinas del Valle del Agúan, José Ángel Flores era un beneficiario de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 8 de mayo de 2014 (No. 50-14). Sin embargo, el Estado Hondureño no ha implementado las medidas a cabalidad, lo cual resulta evidente en la ausencia de mecanismos de protección para el defensor de derechos humanos así como el acoso judicial que han experimentado José Ángel Flores y sus familiares como resultado de su trabajo pacífico a favor de los derechos humanos.
En la tarde del 18 de octubre de 2016, José Ángel Flores estaba participando en una reunión con otros defensores y defensoras de la tierra en la cooperativa La Confianza, donde también se encuentran las oficinas principales del MUCA. Cuando el defensor salió de la reunión, varios hombres encapuchados le dispararon repetidas veces con armas de fuego. Los agresores huyeron immediatamente en sus motocicletas. José Ángel Flores murió instantáneamente. El compañero defensor e integrante de MUCA Silmer George también recibió disparos y murió poco tiempo después de haber sido transferido al hospital San Isidrio de Tocoa.
El asesinato del líder campesino José Ángel Flores se da después de una larga serie de amenazas, actos de intimidación y acoso judicial contra el defensor, su familia y otros defensores y defensoras de la tierra en el Valle del Aguán. El 15 de marzo de 2016, oficiales de policía irrumpieron en la casa de Flores en La Confianza, procedieron a registrarla sin orden de cateo y lo arrestaron a pesar de su delicado estado de salud en ese momento. La Sra Orbelina Flores, una defensora de la tierra e integrante del Observatorio Permanente de Derechos Humanos del Bajo Aguán (OPDHBA), también fue arrestada durante el cateo y después fue acusada de «usurpación de tierras». Ambos defensores fueron liberados posteriormente.
El 28 de septiembre de 2016, Front Line Defenders denunció otra agresión contra defensores y defensoras de derechos humanos, líderes y líderesas campesinos del Valle del Aguán. Integrantes de la comunidad efectuaron una mobilización para recuperar tierras, alegando que estas estaban siendo usadas ilegalmente por una compañía privada. Apróximadamente a las 3 de la mañana, guardias de seguridad de la propiedad forzaron el portón de la entrada con su vehículo y luego comenzaron a arrojar piedras y a disparar de forma indiscriminada a hombres, mujeres y niños que se encontraban presente. Durante el ataque, la defensora de derechos humanos Reyna MIreya Figueroa fue herida por un disparo.
El 8 de mayo de 2014, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le otorgó medidas cautelares a 123 defensores y defensoras de derechos humanos del Valle del Aguán, incluyendo integrantes del MUCA, el Movimiento Campesino de Recuperación del Aguán (MOCA), el Movimiento Campesino Fundación Gregorio Chávez (MCRGC) y el Movimiento Auténtico Reivindicador Campesino del Aguán (MARCA). La Comisión otorgó las medidas como resultado del número de asesinatos, desapariciones, secuestros, tortura, amenazas, desalojos forzados, persecución y estigmatización contra integrantes de organizaciones campesinas en el Valle del Aguán. Estos actos de intimidación estaban presuntamente destinados a forzar a los defensores y defensoras a vender sus tierras y cesar su trabajo de derechos humanos. Desde el 2009 han habido 150 muertes violentas y al menos 6 desapariciones relacionadas a conflictos sobre la tierra en la región del Aguán.
Front Line Defenders condena enfáticamente el asesinato de los defensores de derechos humanos José Ángel Flores y Silmer George, los cuales considera un acto de represalia contra su labor legítima y pacífica en defensa de la tierra y los derechos humanos de las comunidades campesinas del Valle del Aguán. Front Line Defenders expresa su honda preocupación por el ambiente peligroso y a menudo mortal para defensores y defensoras trabajando por los derechos de la tierra y los derechos ambientales en Honduras, y urge al Estado de Honduras a facilitar medidas adecuadas y efectivas, en consulta con los defensores y defensoras, para garantizar su seguridad e integridad física y sicológica.
Front Line Defenders insta a las autoridades en Honduras a que:
* Condenen enérgicamente el asesinato de los defensores de derechos humanos José Ángel Flores y Silmer George;
* Inicien una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial sobre el asesinato de los defensores de derechos humanos José Ángel Flores y Silmer George, con el fin de identificar a los responsables, llevarlos ante un tribunal competente e imparcial, y aplicarles las sanciones previstas por la ley;
* Tomen todas la medidas necesarias, en consulta con los defensores y defensoras, para garantizar la seguridad e integridad física y psicológica de todos los defensores y defensoras del Valle del Aguán, así como los integrantes de sus familias, en particular a través de la implementación de las medidas cautelares No. 50-14 otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 8 de mayo de 2014;
* Garantizar en todas las circunstancias que todos los defensores y defensoras en Honduras puedan efectuar su trabajo legítimo en defensa de los derechos humanos sin miedo a represalias y libre de todo tipo de restricciones arbitrarias, incluyendo el acoso judicial.
