Giorgio Trucchi
El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh) envió una nota a Joel Hernández, Relator para Honduras de la CIDH, en relación a los graves riesgos que corren los presos políticos y defensores de derechos ambientales, que guardan prisión en diferentes centros penales del país.
Las dramáticas condiciones de las cárceles en Honduras han sido señaladas y condenadas tanto por organizaciones de derechos humanos como por organismos internacionales.
Una situación que se ha puesto aún más preocupante por las medidas sanitarias de emergencia impuestas en el país contra la pandemia de Covid-19.
Es por eso que Cofadeh, Grupo de Litigantes contra la Tortura en América Latina, OMCT y ERIC1 interpusieron ante la Sala Constitucional un hábeas corpus correctivo2, con el fin de que el Estado aplique medidas alternativas a la prisión preventiva para 11 presos políticos.
El recurso es a favor de los 8 defensores de los bienes comunes3 de la comunidad de Guapinol, que están siendo acusados de diferentes delitos por defender los ríos del Parque Nacional Montaña de Botaderos, cuya zona núcleo está siendo amenazada por la compañía minera Los Pinares.
La empresa es propiedad de Lenir Pérez, ya involucrado en el pasado en otros conflictos mineros, y Ana Facussé, hija del tristemente famoso terrateniente palmero Miguel Facussé Barjum.
El procedimiento jurídico también busca salvaguardar la salud de los otros presos políticos Carlos Daniel Tinoco (menor de edad), Víctor Castillo y Rommel Herrera Portillo, este último víctima del falso positivo de la quema de unas llantas frente a la entrada de la embajada estadounidense en Tegucigalpa.
Ante la falta de respuesta de la Sala Constitucional, Bertha Oliva, coordinadora general del Cofadeh, envió una nota al Relator para Honduras de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Copia de la nota fue enviada también a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
“Consideramos que la situación de los presos políticos y defensores ambientales actualmente privados de libertad es sumamente grave. Necesitamos que se les otorguen medidas alternativas a la prisión”, dijo Oliva a La Rel.
“Lamentablemente ̶ continuó ̶ la Sala Constitucional no ha dictado sentencia sobre el habeas corpus. Por eso hemos decidido dirigirnos al comisionado Joel Hernández para que se pronuncie públicamente, y recomiende al Estado tomar las medidas necesarias”.
Coronavirus y militarización
La semana pasada, la CIDH se pronunció sobre la situación generalizada de hacinamiento que hay en las cárceles, y los peligros que corren las personas privadas de libertad en el contexto de pandemia por Covid-19.
Por ello instó a los estados miembros a reevaluar casos de prisión preventiva “para identificar aquellos que pueden ser convertidos en medidas alternativas”.
“Lo más absurdo es que la justicia es lenta y tardía cuando se trata de presos políticos, pero se pone rápida y eficaz cuando debe liberar a funcionarios o políticos acusados de corrupción”, advirtió la coordinadora de Cofadeh.
Oliva se mostró preocupada también por la actitud del gobierno de querer enfrentar la pandemia sin capacidades profesionales, tratando de resolver todo con más militarización y la suspensión progresiva de derechos constitucionales.
“La situación es caótica y la crisis está siendo manejada de forma irresponsable, ignorando los aportes fundamentales que puede brindar el Colegio Médico.
Además, el régimen está aprovechando la situación para profundizar los ataques contra activistas sociales, y no está dando respuestas serias a las miles de personas que están aguantando hambre”, concluyó la defensora de derechos humanos.
