Tegucigalpa.– La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) condena la muerte de la defensora Iris Argentina Álvarez Chávez, ocurrida el 2 de abril de 2020, durante un desalojo violento en la comunidad de los Chachos, municipio de Marcovia, Choluteca.
De acuerdo a la información recibida, el grupo campesino Cerro Escondido al que pertenecía la defensora, se encuentra en un proceso de recuperación de tierras desde noviembre del año pasado, situación que también está en litigio ante tribunales. La Oficina pudo verificar con instituciones del Estado, organizaciones de sociedad civil y el Conadeh, que las y los integrantes del grupo campesino fueron desalojados violentamente por el personal de la empresa de seguridad privada al servicio de una empresa de la zona, mediante disparos de armas de fuego y destrucción de los bienes de las familias integrantes del grupo. Estas acciones dejaron como resultado una persona muerta, tres personas heridas y varias familias a la intemperie.
OACNUDH expresa su preocupación frente a la actuación de algunas empresas privadas en los contextos de desalojos de asentamientos de personas. El Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas, durante su visita de país en 2019, señaló su preocupación por el uso excesivo de la fuerza en numerosos desalojos, en algunos casos con la participación de empresas de seguridad privada, que han resultado en pérdidas de vida y graves lesiones a las personas[1]. En este sentido, El Grupo de Trabajo instó a las empresas a cumplir con la obligación de ejercer la debida diligencia antes de iniciar operaciones en tierras habitadas o utilizadas por las comunidades para su sustento. También reiteró el deber del Estado de adoptar las medidas efectivas contra los desalojos forzosos, de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos y garantizar que las víctimas tengan acceso a un recurso efectivo que les permita la restitución de sus posesiones, el regreso a su hogar o tierra y una indemnización adecuada.
OACNUDH Honduras reconoce las acciones avanzadas que han resultado en la acusación penal de los presuntos responsables, y, en el marco de su mandato, hace un llamado a las autoridades competentes a realizar una investigación independiente e imparcial y transparente que permita el esclarecimiento pronto y efectivo de lo acontecido, estableciendo las responsabilidades que correspondan.
La Oficina se solidariza con los familiares de la víctima y su grupo campesino. Y en consecuencia, insta a las autoridades a tomar las medidas pertinentes para prevenir que tales hechos se repitan y se pone a su disposición y la del sector privado para seguir brindando asistencia técnica en materia de empresas y derechos humanos.
