La Red de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos de Lempira, ante la pandemia declarada por la Organización Mundial de Salud (OMS), a causa del Coronavirus (COVID-19) el pasado 11 de marzo, mismo día que se informó de los primeros dos casos positivos en Honduras, también hemos evidenciado violaciones a los derechos humanos por las medidas improvisadas que ha impuesto el ilegal gobierno de Juan Hernández.
Reconocemos la epidemia que ataca el planeta tierra, y el riesgo que tenemos al contagiarnos si no ponemos de nuestra parte tomando las medidas a nuestro alcance desde nuestras comunidades, muchas de ellas remotas, sin acceso a servicios sanitarios de primera necesidad, transporte o empleo que nos permita los medios para adquirir alimentos, medicina y transporte en caso de una emergencia que requiera movilización.
Mediante el decreto Presidencial en Concejo de Ministros PCM 021-2020 se decretó una serie de medidas que suspenden garantías constitucionales como la libre locomoción que es vigilada por tropas militares y policiales, que además se toman la libertad de aplicar el castigo a quienes infrinjan sus leyes, sin tomar en cuenta la necesidad de alimentación, el derecho al trabajo y el querer estar con la familia.
Por lo que, condenamos la militarización de los pueblos para agredir e intimidar física y psicológicamente haciendo creer que son la ley e irrespetan la vida humana, que según la Constitución de la República en su artículo 59 “La persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado. Todos tienen la obligación de respetarla y protegerla”.
Pese a que desde finales de diciembre de 2019 China empezó a divulgar casos de coronavirus, y en enero de 2020 ya se informaba de su propagación e inexistencia (hasta este día) de un antídoto, era inminente su contagio a través de las personas que se movilizaron desde Asia a los demás continentes, y el régimen de Juan Orlando Hernández ya en febrero empezó a obtener fondos públicos con la excusa de medidas de prevención del COVID-19, como la distribución de tres millones de jabones anti bacteriales (con propaganda incluida) a centros de educación (donde ya no había estudiantes por que iniciaron cuarentena); pero, al momento de confirmar los casos, mostró no estar preparado como gobierno para enfrentar esta difícil situación.
En sus acciones inexactas de actuar ante una calamidad, se ha agenciado unos 10 mil 500 millones de lempiras (us $ 240 millones) con la aprobación de la Ley Especial de Aceleración Económica y Protección Social frente a los efectos del corononavirus, supuestamente para fortalecer el sector salud, la construcción de 94 centros médicos y dinamizare la economía para contrarrestar los efectos mundiales de la pandemia.
La epidemia no va esperar seis meses hasta que se construyan los hospitales, por lo que hacemos un llamado al Estado que atienda la emergencia sanitaria, que dote de medicamentos y equipo necesario al personal de salud que nos atiende en las comunidades alejadas de las ciudades, por cierto cerrados sus accesos y son transporte público.
Los defensores y defensoras de derechos humanos estamos pendientes de la situación de las demás personas sin tintes políticos, según el artículo 60 de la carta magna, en Honduras no hay clases privilegiadas. Así que, mediamos para que el Estado dote con los recursos necesarios como ser víveres medicinas y recursos económicos a las familias hondureñas enviadas a cuarentena y con toque de queda absoluto.
No permitiremos que su labor sea mecanismo de propaganda política para seguir en el poder y saqueando el erario público que colude con la corrupción e impunidad, hundiéndonos en crisis que obligan al pueblo huir hacia otras naciones hoy también afectadas por el Coronavirus.
Le exigimos al gobierno que de inmediato retire los cobros excesivos de los servicios públicos, porque si no hay movilización, no hay trabajo y por ende no hay dinero. Según organismos internacionales más del 60 por ciento de la población vive a pobreza, y el departamento de Lempira con población indígena y campesina, está en este cordón de miseria, lo que nos hace más vulnerables.
Junto al Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), estamos pendientes de que se respeten nuestros derechos y se garantice el derecho a la vida durante el periodo de cuarentena, toques de queda y cierres de ciudades para evitar la propagación del COVID-19.
Dado en la ciudad de Gracias, Lempira a los 19 días del mes de marzo del 2020
Red de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos del departamento de Lempira/COFADEH
