Las organizaciones que conformamos la Coalición contra la Impunidad, nos pronunciamos de la siguiente manera:
Primero: Repudiamos la conducta racista y clasista de la señora Elsia Esther Paz Mancias quien, en su condición de presidenta de la Asociación Hondureña de Energía Renovable, ha vertido comentarios discriminatorios en contra del pueblo indígena Lenca por rechazar la aprobación y ejecución de supuestos proyectos de desarrollo en sus territorios indígenas, y denunciar la violación de sus derechos colectivos a través del despojo de sus territorios y la entrega de los bienes comunes a un reducido grupo de empresas.
Segundo: Manifestamos que dichos comentarios discriminatorios son incompatibles con la dignidad humana y, en consecuencia, en este caso la acción del sistema de justicia debe sancionar estos hechos de discriminación para restablecer la igual dignidad del pueblo indígena Lenca, dado que, en virtud del artículo 60 de la Constitución de la República, todas las personas “nacen libres e iguales en derechos”, y “son iguales ante la Ley”. Este artículo reconoce, por un lado, el principio de igualdad y, por otro, la prohibición de discriminación contraria a la dignidad humana.
Tercero: Recordamos que la dignidad humana entraña la garantía de que ninguna persona sea objeto de ofensas o humillaciones, pues como lo señala la Corte Interamericana de Derechos Humanos, frente a ella “es incompatible toda situación que, por considerar superior a un determinado grupo, conduzca a tratarlo con privilegio; o que, a la inversa, por considerarlo inferior, lo trate con hostilidad o de cualquier forma lo discrimine del goce de derechos que sí se reconocen a quienes no se consideran incursos en tal situación de inferioridad”.
Cuarto: Denunciamos que este tipo de comentarios discriminatorios se enmarca en un contexto de estigmatización y campañas de desprestigio en contra de las personas defensoras de los bienes comunes por parte de las autoridades públicas y las empresas beneficiadas con la concesión de proyectos inconsultos con las comunidades, generando conflictos que podrían evitarse y resolverse si el Estado respetara el derecho a la consulta de los pueblos indígenas, el cual representa una de las expresiones más profundas de la dignidad humana.
Quinto: Exigimos al Estado de Honduras que, como lo señala en su jurisprudencia la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, cumpla con su obligación de crear y garantizar los espacios efectivos para consultar y facilitar la participación en los procesos de toma de decisiones del pueblo indígena Lenca y demás pueblos indígenas del país con respecto a los proyectos que puedan afectar sus territorios y generar perjuicios en el medio ambiente, y en el bienestar físico y emocional de las personas.
Sexto: Valoramos positivamente la decisión de la Fiscalía Especial de Etnias y Patrimonio Cultural de incoar este proceso penal en contra de la señora Paz Mancias por discriminación y le exhortamos a que investigue diligentemente todas las denuncias relacionadas con la aprobación de concesiones en territorios indígenas violentando el derecho a la consulta previa a la luz de los estándares internacionales de derechos humanos.
Séptimo: Acuerpamos las demandas de respeto y garantía de los derechos colectivos del pueblo indígena Lenca en general y de nuestros compañeros y compañeras del Movimiento Indígena Lenca Independiente de La Paz (MILPAH) en particular, y llamamos a las organizaciones sociales del país a acompañarles en la audiencia inicial en contra de la señora Paz Mancias que se celebrará el próximo 21 de febrero.
Tegucigalpa, M.D.C., 19 de febrero de 2020
COALICIÓN CONTRA LA IMPUNIDAD
