Tegucigalpa, Honduras.- Una Misión Internacional de Observación en el primer juicio contra los autores materiales en la causa Berta Cáceres, en su informe de casi 70 páginas, acuerda que existe una impunidad estructurada impidiendo la justicia.
Berta Isabel Cáceres Flores, lideresa indígena Lenca y coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas (COPINH), fue asesinada en su vivienda el 2 de marzo de 2016, y resultó herido el ambientalista mexicano Gustavo Castro.
Honduras está entre los países que registra más asesinatos de defensores del ambiente junto a Brasil, Filipinas y Colombia, por lo que en estos crímenes se relacionan las concesiones sin control, desinterés político para proteger los bienes naturales y por ello los pueblos indígenas (especialmente) se ven obligados a defenderse desde sus medios.
A casi cuatro años del crimen contra Berta, Premio Medioambiental Goldman 2015, no existe ningún autor intelectual requerido judicialmente, pese a que se ha mencionado con nombres apellidos a los responsables, por lo que la familia no cesa en exigir justicia, declaró su hija Bertha Zúniga Cáceres, y actual coordinadora del COPINH.
La Misión de Observación Calificada en el Caso Berta Cáceres, representado en esta ocasión por el estadounidense Joseph Berra y el abogado colombiano Reynaldo Villalba, quienes hicieron observaciones a los operadores de justicia y al Estado hondureño que al no proteger los derechos a la verdad y al debido proceso podría comprometer otros derechos fundamentales.
“Estas debilidades no permiten al Estado garantizar la no-repetición de violaciones graves de derechos humanos como el caso de Berta Cáceres”, detalló el comunicado de prensa compartido este martes 11 de febrero, en Tegucigalpa.
La Misión de Observación Calificada, a través del informe “Una deuda histórica de la justicia,” documenta las observaciones, conclusiones y recomendaciones resultante del juicio contra las primeras ocho personas juzgadas en 2018 por el asesinato de Berta Cáceres, y la tentativa de asesinato del ambientalista mexicano Gustavo Castro el 2 de marzo de 2016.
Se pretende que el informe sea una herramienta con la que la sociedad hondureña y la comunidad internacional den seguimiento al proceso judicial por el asesinato de Berta, expresó Reynaldo Villalba, integrante de la Corporación Colectivo de Abogados y Abogadas “José Alvear Restrepo” (CAJAR) y Vicepresidente de la Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH) -entidad de la cual el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), es socio, detalló el abogado-.
El informe establece que Berta Cáceres fue asesinada por su condición de activista de derechos humanos en defensa del pueblo Lenca frente la imposición en su territorio del proyecto hidroeléctrico “Agua Zarca”. Por la autoría intelectual del asesinato no ha sido sentenciada ninguna persona, sin embargo, David Castillo, gerente de la empresa hidroeléctrica Desarrollos Energéticos S. A. (DESA), fue capturado en 2018 y acusado por el Ministerio Público como parte de la autoría intelectual.
Joseph Berra, director de proyectos del Instituto de la Promesa de la Universidad de California en Los Ángeles, expresó que, aunque Berta Caceares denunció los ataques y amenazas en su contra en el contexto de la instalación del proyecto de DESA, el Estado hondureño no cumplió con el deber de protección, a pesar de las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para su protección.
Los condenados por el crimen contra la defensora Lenca, eran trabajadores y extrabajadores de la empresa DESA, y dos miembros activos de las Fuerzas Armadas de Honduras, quienes deberán cumplir entre 30 y 50 años de cárcel.
El asesinato fue tras campañas de difamación e intentos de criminalización e intentos de acoso. El tribunal dio por probado que el crimen se dio con el conocimiento y consentimiento de otros ejecutivos de la empresa DESA, expresó la Misión de expertos.
“La Misión ha constatado a lo largo del proceso diferentes circunstancias que muestran debilidades estructurales del sistema, que continúan representando limitantes y desafíos para el acceso a la justicia de la población hondureña,” explicó Villalba.
Se le recomienda al Estado hondureño adoptar medidas para asegurar la protección efectiva de los derechos de los pueblos indígenas dentro del proceso bajo el principio de no discriminación, cumpliendo las normas internacionales como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre los derechos de los pueblos indígenas y tribales.
Además, desarrollar un marco normativo y jurisprudencial para la sanción efectiva de representantes del Ministerio Público cuando desacatan órdenes del poder judicial, entre otras.
La misión denunció que, desde desde el asesinato de Berta Cáceres, decenas de líderes y lideresas Indígenas y afro-descendientes han sido asesinadas en Honduras, y que estos crímenes han quedado en la impunidad.
“La garantía de no-repetición es un principio y criterio fundamental de la justicia en estos casos. La justicia en la Causa Berta Cáceres no será plenamente realizada hasta que las responsabilidades por la autoría intelectual de los hechos y por las diferentes acciones de retraso y entorpecimiento de la investigación y juzgamiento del caso sean establecidas”, agregó el documento entregado a la prensa.
El informe nota con preocupación otros vacíos y falencias en causas judiciales paralelas que dieron lugar a pocos avances como la deliberada intención de agentes del Estado de omitir, obstaculizar y entorpecer la investigación de la autoría intelectual de los hechos.
La Misión Internacional está integrada por: Abogados Sin Fronteras Canadá y el Centro Canadiense Para la Justicia; Guatemala Human Rights Comission, The Promise Institute for Human Rights-UCLA School of Law, National Lawyers Guild; la Fundación para el Debido Proceso; la Federación Internacional de los Derechos Humanos y el Observatorio Internacional de Abogados; la Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo; el Centro de Acción Legal para los Derechos Humanos, Impunity Watch, Plataforma Internacional contra la Impunidad; el Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indígenas; el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC-sj), el Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH); el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL); y la Comisión Internacional de Juristas.
