Tegucigalpa.
La Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih) de la OEA pidió el viernes a las autoridades que realicen una «rápida y enérgica» investigación sobre el robo del expediente relacionado con el crimen de la ambientalista hondureña Berta Cáceres, ocurrido en marzo pasado.
«El robo del expediente judicial de Berta Cáceres es un hecho delictivo que requiere una enérgica actuación de las autoridades del Ministerio Público y del Poder Judicial, para identificar y sancionar a los culpables», dijo el portavoz de la Maccih, el exministro peruano Juan Jiménez, en un comunicado de prensa.
El robo del expediente es un hecho «grave e inadmisible», subrayó Jiménez, quien además es representante del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro.
El expediente sobre el crimen de Cáceres fue robado por desconocidos el miércoles durante un asalto en Tegucigalpa a la magistrada de la Corte de Apelaciones, María Luisa Ramos, para robarle su auto.
Según un informe preliminar, dos hombres armados que iban en un vehículo se cruzaron delante del auto en el que viajaba la magistrada, a la que bajaron del automóvil y luego se lo llevaron con rumbo desconocido, por lo que la Policía continúa en la búsqueda del mismo.
El portavoz de la Maccih indicó que la acción de la magistrada al llevar el expediente sobre el crimen de Berta Cáceres en su vehículo es una «grave irresponsabilidad».
Enfatizó que la Maccih está «evaluando el daño ocasionado al proceso judicial por la sustracción ilícita del expediente» y anunció que esa misión designará un funcionario internacional para «verificar el proceso de reconstrucción del expediente a cargo de la autoridad judicial».
De esta forma se busca «garantizar la total recuperación de las pruebas y demás actuaciones judiciales que incriminan a los responsables materiales y mediatos, contenidas en la documentación sustraída», señaló.
El Poder Judicial de Honduras indicó en Twitter que pese al robo del expediente, el caso «no sufrirá (ningún) tipo de atraso o limitación en las diligencias procesales», ya que «se ha certificado copia íntegra» del mismo.
Según autoridades hondureñas, la magistrada llevaba en el auto el expediente sobre el asesinato de Cáceres, al parecer, para estudiarlo en su residencia y redactar una sentencia sobre la apelación presentada por los abogados de los acusados del crimen.
La Maccih indicó que solicitará al poder Judicial un informe sobre «los procedimientos administrativos» que autorizan la salida de documentos de la sede judicial y planteará «las reformas necesarias» que impidan que este tipo de hechos vuelvan a suceder.
