WASHINGTON, D.C. – On Friday, Rep. Hank Johnson and 13 House members sent a letter to Secretary of State Mike Pompeo calling on the Trump Administration to support democracy and human rights in Bolivia. The nation’s death toll continues to climb, and the country has descended into political turmoil since its contested elections held on October 20, 2019.
The letter states that the events leading to President Evo Morales’ resignation and exile bear “the hallmarks of a military coup d’état”, and criticizes the Administration’s statements welcoming Morales’s departure, while recognizing Senator Jeanine Áñez as president, despite the unconstitutional manner in which she assumed power. Congressman Johnson expressed dismay that the Department of State has failed to condemn the killing of numerous protesters by state security forces, and the racist attacks targeting indigenous peoples and their traditions.
“I am appalled by the Trump Administration’s reaction to the emerging crisis in Bolivia,” Rep. Johnson said. «Rather than supporting a military coup, our government should make it clear that the unconstitutional removal of an elected president is unacceptable, as is the persecution of individuals based on their race or political affiliations. This Administration is once again showing that it has nothing but disdain for democracy and human rights when they get in the way of President Trump’s agenda.”
The letter expresses alarm that the de facto government of Bolivia has issued a decree protecting military units that engage in violent repression and threaten to prosecute journalists and political leaders for “sedition.” It encourages the Trump Administration to reverse course and push for restoration of constitutional rule, including holding new elections in which every voter and every candidate can safely and freely participate.
In addition, the letter expresses concern regarding unsubstantiated and misleading statements made by Organization of American States (OAS) officials shortly after the October 20 elections which “contributed to further polarization at a moment in which violent politically motivated incidents were taking place throughout the country.” Johnson and his colleagues call on the Administration to “assess the merits of OAS officials claims before repeating them.”
Johnson was joined on the letter by Congressmembers Ilhan Omar, Susan Wild, Raul Grijalva, Jan Schakowsky, Jared Huffman, Deb Haaland, Alexandria Ocasio-Cortez, James McGovern, Jesus G. “Chuy” Garcia, Bobby L. Rush, Ayanna Pressley, Alan Lowenthal and Eleanor Holmes Norton.
Full text of the letter in English and Spanish below:
Mike Pompeo
Secretario de Estado
Departamento de Estado de EE.UU.
2201 C Street NW
Washington D.C. 20520
Secretario Pompeo,
Nos preocupa profundamente que las recientes declaraciones y acciones de altos funcionarios del Gobierno del presidente Donald Trump estén contribuyendo al incremento de una crisis política y de derechos humanos en el Estado Plurinacional de Bolivia, luego de las controvertidas elecciones celebradas el 20 de octubre de 2019.
El 10 de noviembre, el presidente democráticamente electo de Bolivia, Evo Morales, anunció que dimitía después de que el comandante de las Fuerzas Armadas de Bolivia le pidiera que renunciara. En una transmisión televisiva en vivo, Morales declaró que se estaba produciendo un golpe de Estado y que renunciaba para evitar más derramamiento de sangre y mayores disturbios. Le siguieron otras renuncias de altos funcionarios, lo que resultó en un peligroso vacío de poder constitucional. El 12 de noviembre, la senadora opositora, Jeanine Añez, se declaró presidenta de Bolivia, en violación de la Constitución boliviana. Recibió el apoyo inmediato del alto mando de las Fuerzas Armadas del país.
Durante la última semana, simpatizantes de Morales han sufrido ataques y amenazas, y protestas han sido violentamente reprimidas por las fuerzas de seguridad, lo que ha resultado en numerosas muertes y heridos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Las autoridades de facto de Bolivia han emitido un decreto que exime a los militares de ser procesados por su participación en la represión violenta contra las manifestaciones. Mientras tanto, Morales recibió asilo en México, y legisladores y periodistas pro Morales han sido amenazados con ser arrestados por “sedición”.
Dado este contexto, nos preocupan las declaraciones de funcionarios del Gobierno, incluido el presidente Donald Trump, acogiendo con beneplácito estos acontecimientos en Bolivia que encarnan las características de un golpe de Estado militar. El 11 de noviembre, la Casa Blanca emitió un comunicado expresando que “la partida de Morales preserva la democracia” y que “ahora estamos un paso más cerca de tener un hemisferio occidental completamente democrático, próspero y libre”. El 12 de noviembre, el subsecretario del Hemisferio Occidental, Michael G. Kozack, reconoció a la senadora Añez como la “presidenta constitucional interina de Bolivia”. Altos funcionarios del Gobierno de Trump han fallado en denunciar los ataques violentos de las fuerzas de seguridad, incluso cuando manifestaciones conformadas principalmente por indígenas bolivianos han sido disparadas con munición real.
Le instamos a considerar un cambio inmediato en el curso de estas acciones y a tomar medidas para apoyar a la democracia y a los derechos humanos en Bolivia. Si bien existe un legítimo debate en torno a la decisión de Morales de postularse a un cuarto periodo presidencial, simplemente no es aceptable que el Gobierno de EE.UU. acoja con satisfacción la destitución forzada de un líder elegido democráticamente antes del final de su mandato. Nuestro Gobierno debería pedir la pronta restauración del orden constitucional y el fin inmediato de toda persecución y ataques a líderes políticos y simpatizantes de Evo
Morales y de su partido. Además, solicitamos la adopción de medidas de protección para quienes enfrentan amenazas.
Este Gobierno debería apoyar los llamados al diálogo con una mediación liderada por las Naciones Unidas y otros organismos internacionales. También debe apoyar nuevas elecciones y trabajar con otros países de la región para asegurar condiciones adecuadas que garanticen que cada votante y cada candidato puedan participar de manera segura y libre en la próxima campaña y proceso electoral.
La legitimidad del Gobierno de Bolivia dependerá de si el partido del expresidente Morales, que sigue siendo apoyado por millones de bolivianos, pueda o no participar plenamente en las próximas elecciones.
También deseamos expresar nuestra preocupación por las declaraciones hechas por funcionarios de la Organización de Estados Americanos (OEA), una organización multilateral que recibe la mayoría de sus fondos del Gobierno de Estados Unidos. En particular, nos preocupan las declaraciones infundadas y engañosas vertidas por la misión electoral de la OEA en Bolivia el 21 de octubre, de las que posteriormente el Departamento de Estado se hizo eco, contribuyendo a una mayor polarización en un momento en el que ocurrían incidentes violentos por motivos políticos en todo el país. Los funcionarios de Estados Unidos deben actuar con mayor precaución y evaluar los fundamentos de las afirmaciones de los funcionarios de la Organización de los Estados Americanos antes de repetirlas, particularmente cuando existen álgidas tensiones postelectorales.
Finalmente, estamos profundamente consternados por que este Gobierno no haya condenado los ataques racistas contra las comunidades indígenas de Bolivia y contra sus símbolos, como la bandera panindígena Wiphala, que es una de las banderas oficiales del país. Evo Morales fue el primer presidente indígena de Bolivia y la Constitución de 2009 de Bolivia consagra derechos y protecciones que benefician a los pueblos indígenas que por siglos han sido oprimidos y discriminados de manera racista. La autoproclamada presidenta interina, Jeanine Áñez, tiene un historial de declaraciones deplorables acerca de los pueblos indígenas, incluidos comentarios en Twitter refiriéndose a los rituales religiosos indígenas como “satánicos”; mientras que luego de suplantar al expresidente Morales, declaró que “la Biblia vuelve al Palacio”. El Ejecutivo estadounidense debería criticar públicamente los ataques y los discursos racistas de odio contra miembros de las comunidades indígenas y exigir que se respeten los derechos constitucionales de los pueblos de Bolivia.
La creciente crisis de Bolivia amenaza con convertirse en un violento conflicto interno. El enfoque actual del Gobierno estadounidense está peligrosamente equivocado y bien podría contribuir a un mayor colapso del estado de derecho en Bolivia y a una emergencia humanitaria en toda regla, con grandes éxodos de migrantes. Le recomendamos encarecidamente que revise este enfoque y apoye la pronta restauración del orden constitucional, el diálogo entre los grupos políticos opuestos, unas elecciones justas e inclusivas y el respeto a los derechos humanos y culturales de todos los bolivianos.
Atentamente,
Rep. Hank Johnson
Rep. Ilhan Omar
Rep. Susan Wild
Rep. Raul Grijalva
Rep. Jan Schakowsky
Rep. Jared Huffman
Rep. Deb Haaland
Rep. Alexandria Ocasio-Cortez
Rep. James McGovern
Rep. Jesus G. “Chuy” Garcia
Rep. Bobby L. Rush
Rep. Ayanna Pressley
Rep. Alan Lowenthal
Rep. Eleanor Holmes Norton
