El Comité de Familiares de Detenidos – Desaparecidos en Honduras, COFADEH, ocupa una vez más esta Plaza La Merced para comunicar la esperanza y su eterna demanda de justicia.
Como cada mes, estamos aquí para recordar al Estado de Honduras su deuda ética, moral y jurídica con más de 200 familias hondureñas, de Guatemala, El Salvador y Costa Rica, cuyos seres queridos fueron desaparecidos aquí entre 1979 y 1992.
No hemos olvidado a la familia Álvarez, Discua, Hernández, Joya, Salazar, Zelaya, Pacheco, Lima, Vilorio, Pinel y muchas otras que son responsables de haber planificado, ordenado y dirigido desde el estado las operaciones terroristas que acabaron con la libertad y la vida de nuestros seres queridos hace cuatro décadas.
Hoy estamos aquí en este territorio de los Pañuelos Blancos para expresar nuestra solidaridad a todos los prisioneros políticos cautivos de la dictadura en cárceles militares de máxima inseguridad, donde sus vidas corren serio peligro enmedio de la cacería de testigos, de la publicidad mediática de los inescrupulosos y de figuración chafarótica.
Las 10 ejecuciones violentas, plenas de salvajismo, que hemos presenciado en las últimas dos semanas al interior de las cárceles bajo control de las Fuerzas Armadas es una amenaza directa a las personas defensoras de la tierra y de los territorios, de los pueblos indígenas y negros, de los periodistas y de las mujeres que están recluidos en esas ergástulas o en batallones militares.
Hoy hemos venido a este viejo centro históricos próximo al Congreso corrupto de la Red que administra la Caja de Pandora a decirles a sus inquilinos que ese nuevo código penal terrorista, regresivo y cobarde que impulsan, no expresa la progresividad de los derechos ni representa una época distinta a la miserable inquisición.
Por el contrario, como hemos insistido, ese Código criminalizador representa la posición de una banda criminal que asaltó el poder hace diez años para imponer el robo, el blanqueo de dinero, la mentira y la muerte. Ese Código no representa la progresividad del Derecho en la sociedad hondureña. Representa los intereses de los delincuentes.
Por instrumentos inútiles como ese el sacerdote Florentino Hernández no ha podido encontrar justicia en el sur de Honduras, donde la mafia minera asociada a la curia católica canadiense súbdita del bipartidismo narco, le imponen la neutralidad como norma de conducta para facilitar el ingreso del capital basura a las comunidades del Corpus, Orocuina y alrededores, y le impiden las investigaciones de los asesinatos de sus colaboradores.
Por instrumentos terroristas como ese en manos de la policía pretoriana de Juan Orlando Hernández, alias Verssage, el profesor de educación media Jaime Atilo Rodríguez sufre hoy las secuelas de una herida mortal en su cuello tras haber sido secuestrado, ocultado, torturado y lanzado al río Choluteca, sin permitirle una investigación seria que concluya en sanción a los criminales con poder responsables del hecho.
No podemos menos que sentirnos preocupadas y advertir que este escenario terrorista posterior a la sentencia ejemplarizante en Nueva York contra Juan Hernández, alias “Tony”, nos obliga a redoblar la vigilancia dentro de todas las organizaciones defensoras de la vida y la libertad en Honduras. Es obvio que el peligro es mayor para testigos, defensores y acusadores.
Es evidente que el comportamiento del ejército leal al cartel de Lempira y todas las fuerzas armadas paramilitares al servicio de la muerte han elevado su accionar letal contra el descontento general hacia la élite narcotraficante que asalta el poder del Estado. Están listos para continuar la guerra contra el pueblo.
Las primeras irrupciones militares la semana pasada contra la ciudadanía adulta y la comunidad estudiantil que rechaza la presencia del impostor en Casa Presidencial podemos calificarlas de desmedidas, agresivas, sabuesas y primitivas.
En consecuencia, el Cofadeh reitera su llamado a la comunidad internacional a regresar su mirada atenta y acompañante hacia Honduras, porque ahora más que nunca durante la última década, la población está en un nivel de riesgo crítico en el contexto descrito a nivel nacional.
Es urgente proteger las y los testigos de hechos criminales cometidos por agentes del Estado y activar los mecanismos de respuesta rápida en situaciones de contingencia, para garantizar sus integridades físicas y familiares.
Los cuerpos diplomáticos acreditados en el país y las agencias de gobiernos deberían prestar más atención a nuestras voces que vienen repitiendo hace diez años que su apoyo político y económico a la dictadura es causante del estado actual y que, por tanto, deberían sacar sus manos interventoras de la coyuntura actual. Y marcharse.
Una persecución selectiva o masiva de los sectores críticos al neo cariiato traería, sin duda, no sólo la configuración de un clima de violaciones sistemáticas de derechos
humanos sino también la gestación de unas respuestas extremas que darían felicidad al Comando Sur de los Estados Unidos y pondrían en riesgo los avances sociales y políticos.
Las madres, esposas, hijas y familiares en general de las víctimas de la desaparición forzada repetimos una vez más: de los hechos y de los hechores, ¡ni olvido ni perdón!
COFADEH
Tegucigalpa, M.D.C., 1 de noviembre 2019
