Por Marpa.
Tegucigalpa.- Como parte del trabajo de incidencia que realiza La Coordinadora General del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), Bertha Oliva ante el Sistema Interamericano, www.defensoresenlinea.com confirmó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recibió el miércoles 25 de septiembre de manos de Oliva, una carta en la que se detalla el caso conocido como “Grupo Campesino 9 de Julio”, donde familias campesinas de esta comunidad del departamento de La Paz, sufrieron en los últimos años, no menos de 25 desalojos violentos, que dejaron trabajadores del campo heridos de bala y mujeres que abortaron, producto de la barbarie ejecutada por las fuerzas policiales.
El Grupo Campesino Nueve 9 de Julio, ubicado en la aldea Las Huertas, municipio de San Pedro de Tutule, departamento de La Paz, está integrado por nueve familias lencas, afiliadas a la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC). A lo largo de los últimos siete años, han luchado por la recuperación de sus tierras que ancestralmente les pertenecen.
Durante ese período de tiempo, las familias han sido víctimas de al menos 25 desalojos forzosos en violación de sus derechos al territorio. Las acciones policiales incluyeron el uso excesivo de gas lacrimógeno y bala viva en contra de los campesinos y campesinas. Además de ello, varios de sus miembros enfrentaron procesos judiciales y la privación de libertad, acusados por los delitos de usurpación y daños.
La carta expresa en uno de sus párrafos que el Grupo Campesino 9 de Julio, sigue con necesidad de la intervención de la distinguida Comisión para asegurar que todas y todos los miembros de las familias integrantes, puedan vivir en Honduras en seguridad y con integridad, gozando de los derechos garantizados por la Convención Americana, sostiene Bertha Oliva al Secretario Ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrao.
El COFADEH le solicitó respetuosamente a la CIDH, que se pronuncie sobre la falta de aplicación de los procesos de reforma agraria en Honduras, que es la causante de los desalojos violentos perpetrados en contra de las comunidades campesinas.
Que el caso 9 de Julio sólo es un ejemplo de las graves violaciones a los derechos humanos que comete el estado de Honduras por parte de sus agentes de seguridad, y que además consciente y permite la participación durante los desalojos violentos, de guardias de seguridad que actúan al servicio de terratenientes.
El COFADEH considera que el estado de Honduras está impidiendo que las comunidades campesinas que aspiran a un pedazo de tierra, “gocen de los derechos de propiedad vinculados a la satisfacción de las necesidades básicas y fundamentales para la dignidad humana y el disfrute de los derechos humanos como lo establece el Art. 21 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos (CADH)”.
Por otra parte, el COFADEH abogó ante la CIDH para que se pronuncie en el sentido que, de producirse desalojos, el estado considere otros mecanismos del derecho que permitan la concertación entre las partes, que dejen lugar a las búsquedas alternativas y sostenibles de alojamiento para las familias desalojadas, de acuerdo con Protocolos Internacionales que abordan este tema.
Finalmente, en la misiva se solicita a la instancia internacional, que inste al estado de Honduras a que “garantice los derechos a la restitución y a la indemnización de las personas desplazadas. Dicho proceso debe involucrar a las instancias legislativas y judiciales y, armonizar la legislación nacional relacionada con la protección de derechos de las personas internamente desplazadas por desalojos”.
El Área de Acceso a Justicia del COFADEH, ha representado legalmente en los tribunales de justicia a los campesinos de la 9 de Julio que fueron criminalizados en su lucha por la tierra.
Además realizó diligencias hasta conseguir que el Instituto Nacional Agrario (INA) compara los predios a un terrateniente del departamento de Comayagua que las mantenía en posesión, pero que estaban ociosas.
Actualmente se realiza el proceso administrativo en el INA para que en los próximos meses el Grupo Campesino 9 de Julio de San Pedro de Tutule, La Paz, posea el título de propiedad que le corresponde.
