La Coalición contra la Impunidad, atenta a los acontecimientos de las últimas horas, hace un llamado de atención a la comunidad internacional a no guardar silencio en relación a los hechos violentos que afectan a Honduras; su pronunciamiento, por condicionado que esté, debe ser ahora.
La nueva ola de manifestaciones pacíficas de la población, iniciada el lunes para exigir la salida del presidente impostor, Juan Orlando Hernández, ha desatado un discurso criminalizador desde las altas esferas del Estado y un comportamiento extremadamente agresivo del aparato policial-militar al servicio de la dictadura, que está produciendo víctimas a nivel nacional.
«Solo hay dos caminos: el camino bueno y el camino malo, y nosotros somos el buen camino» definió el martes Juan Orlando Hernández, quien ha sido identificado como co-conspirador en el juicio por narcotráfico a gran escala que sigue el poder judicial estadounidense en Nueva York a reconocidos delincuentes de alta peligrosidad para la seguridad interior de ese país.
Este discurso amenazante de Hernández, pronunciado durante una concentración de empleados públicos que lo acuerpan, pone de un lado al fortificado aparato militar, policial, paramilitar y de inteligencia clandestina, y de otro lado, a la población que exige su destitución y castigo.
Este extremismo simplista, propio de la narrativa chauvinista, amenaza con derivar en un agravamiento severo de los derechos humanos de la población en general y de la resistencia social y política en particular.
Las primeras víctimas de esta arenga defensiva-agresiva son los jóvenes estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en Tegucigalpa y San Pedro Sula, quienes han sido perseguidos por regimientos uniformados que disparan gases y balas directamente a los cuerpos y hacia el interior de sus medios de transporte.
En la capital, la represión contra la marea estudiantil que salió el martes hacia el centro de la ciudad dejó un saldo preliminar de cinco jóvenes heridos durante el trayecto, dos de ellos acompañados por el Comité de Familiares de Detenidos – Desaparecidos en Honduras, Cofadeh.
En los ataques participaron policías, soldados del ejército, guardias privados y guardaespaldas de dignatarios, quienes provocaron un incendio de medianas proporciones dentro de un edificio del centro histórico durante el lanzamiento indiscriminado de artefactos de gas lacrimógeno contra la multitud.
En San Pedro Sula, las fuerzas de la policía y el ejército que defienden al régimen asociado mundialmente al crimen organizado, pero defendido por el Ejecutivo estadounidense, entraron violentamente al campus universitario y golpearon estudiantes en forma masiva, en medio de una nube tóxica de gases lanzados dentro de las instalaciones.
Una de las imágenes convertida en tendencia temática en redes sociales durante las últimas 24 horas muestra a policías militares lanzando bombas tóxicas dentro de un bus que transportaba estudiantes de la Universidad hacia sus barrios, aproximadamente a las 11: 00 de la noche.
Este ataque alevoso y a todas luces reprochable derivó en la hospitalización de estudiantes afectados gravemente por la inhalación de gases.
También fue atacado a puntapies y con toletazos el camarógrafo de canal 11, Juan Carlos Castillo, quien cubría el asalto a la Universidad en San Pedro Sula. Fue asistido en un hospital local por una herida de riesgo en la cabeza y golpes contusos en sus costados.
En reacción a estos hechos, el miércoles la comunidad estudiantil en ambas ciudades elevó aún más el tono de su demanda de expulsión del impostor Hernández y su castigo, igual que a su cúpula implicada en las alegaciones jurídicas por corrupción, lavado, robo de bienes públicos, tráfico y conspiración criminal contra los intereses de Honduras y de Estados Unidos.
“Dejá de estar grabando a los malos” le gritó un militar al camarógrafo de canal 11 antes de agredirlo la noche del martes y un día después trabajadores de medios de comunicación tradicionales y alternativos en el norte y centro de Honduras bajaron a tierra sus equipos de grabación y transmisión, para exigir así el respeto a su integridad física durante la cobertura de esta crisis continuada que sufre Honduras tras el golpe de Estado de 2009. Y también demandar respeto a la libertad de expresión del pueblo hondureño.
La Plataforma en defensa de la Salud y Educación ha convocado esta vez a un objetivo superior que sobrepasa las reivindicaciones sociales de ambos sectores, su llamado es a presionar la destitución y el enjuiciamiento penal de Hernández Alvarado quien asaltó el poder en 2017 mediante un fraude a la Constitución Política y a las urnas, que hablaron en su contra. Ésta será reiterada en pocas horas durante una rueda de prensa.
“Los buenos váyanse en el avión presidencial directamente a la Corte del distrito sur de Nueva York a rendir cuentas a los fiscales y a los jueces, porque quien nada debe nada teme, déjennos a nosotros también ocuparnos de los buenos”, sugirió con sarcasmo una representante de la Plataforma en Tegucigalpa.
Este jueves, en efecto, vamos a fortificar la convocatoria a la población hondureña desde San Pedro Sula a no caer en las trampas de los impunes, expertos en la negación de sus crímenes, y vamos a demandar con energía que la comunidad internacional que hemos conocido en Europa, Asia, África y América sea coherente con los valores y principios universales proclamados en 1945 en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Dado en San Pedro Sula, a los ocho días del mes de agosto del año dos mil diez y nueve.
