El Comité Pro-Liberación de Presos Políticos, la Convergencia Contra el Continuismo y la Rel-UITA, denunciamos y condenamos enérgicamente la situación de riesgo en la que se encuentran tres líderes sociales privados de la libertad ante inminentes daños irreparables a su vida e integridad en el Centro Penal de Morocelí, conocido como La Tolva.
La familia de Edwin Robelo Espinal, de Raúl Eduardo Álvarez Ordóñez y de Rommel Baldemar Herrera Portillo, así como organizaciones especializadas en atención a personas privadas de libertad han informado a sus representantes legales y a este Comité que estas personas se encuentran en grave riesgo, situación que se agudizó a partir del 11 de junio de 2019.
Los tres han tenido un rol de liderazgo y visibilidad en contra de la actual dictadura y se han expresado en manifestaciones públicas, las amenazas desproporcionadas y los riesgos a los que son expuestos son características de un Estado vengador, que usa su poder estatal y sus instrumentos de coerción contra personas que se encuentran en situación de desequilibrio de poder y son particularmente vulnerables al abuso. El Estado a través de sus autoridades penitenciarias ha conducido una campaña descredito al interior del centro penal, en relación a que los presos políticos son peligrosos y violentos, generando un ambiente de hostilidad entre privados de libertad y coordinadores totalmente desfavorables a los presos políticos, convirtiéndolos en blancos de terceros.
Según fuentes confidenciales existe una trama para atacarlos, simulando un motín. Desde el mes de marzo de 2019, este comité viene denunciando que las condiciones de hostilidad hacia los presos políticos se habían incrementado. Los militares, que desempeñan la función de directores del centro penal, intentaron acusarlos de iniciar motines, cuando solo reclamaron agua potable y medicamentos.
En el mes de mayo y junio cuando las manifestaciones públicas fueron más fuertes, las autoridades penitenciaras suspendieron las visitas familiares y conyugales y el traslado de los internos a sus citas médicas o audiencias legales en Tegucigalpa, por la crisis política. Los coordinadores y otros internos acusaron a los presos políticos de ser los responsables porque sus compañeros andaban en las calles.
Paralelo a ello avanzaron diferentes formas de violencia, entre estos hostigamientos que comenzaron con el robo de sus pertenencias e información que los iban a matar. Este tipo de agresiones constituyen torturas psicológicas y angustia moral para sus familiares. Cuando el Estado priva a una persona de su libertad, incurre en un deber de cuidado para garantizar que la dignidad de esa persona sea respetada. Este no es el caso, los presos Políticos experimentan sufrimiento psicológico y emocional intenso, debido a la incertidumbre de sus reclamos de traslado y las condiciones de seguridad.
Las familias y sus representantes legales han interpuesto una serie de recursos para exigir la seguridad personal de los presos políticos; cuatro meses después no han encontrado respuestas en las autoridades competentes. Entre estos:
1.- Cuatro habeas corpus correctivos ante la Sala Constitucional, que han sido declarados sin lugar, no obstante un juez ejecutor, recomendó al Director del Centro Penal de Moroceli (La Tolva) “Se tomen las medidas precautorias URGENTES encaminadas a garantizar la seguridad física; se envíen Oficios al Ministerio Público para que continúen con las investigaciones necesarias a fin de determinar la certeza de las denuncias por Amenazas Interpuestas por los familiares de los señores Espinal y Álvarez”.
El Estado tiene el deber de iniciar de oficio e inmediatamente una investigación efectiva que permita identificar, juzgar y sancionar a los responsables, cuando existe denuncia o razón fundada para creer que se ha cometido un acto que amenaza a la vida e integridad de sus ciudadanos.
2.- Dos denuncia han sido presentadas ante el Mecanismo Nacional de Prevención Contra La Tortura (MNP-CONAPREV) sobre las amenazas a muerte recibidas por Edwin Róbelo Espinal, Raúl Eduardo Álvarez y Rommel Baldemar Herrera, por otros privados de libertad recluidos juntos con ellos en el centro penal “La Tolva.” Que ha emitido informes recomendando medidas urgentes de seguridad.
La dirección del centro penal tampoco implementó la recomendación del Juez de Ejecución de Francisco Morazán que a petición de los familiares visitó a los tres presos políticos y recomendó “que se realicen las investigaciones pertinentes sobre supuestas amenazas a muerte contra Espinal, Álvarez y Herrera, y ordenó brindar a partir de la fecha (13 de junio) suficiente seguridad y protección a los privados de libertad mencionados”.
3.- Dos solicitud de traslado urgente por escrito han sido presentados al Director del centro penal de Morocelí (La Tolva) con copia a CONAPREV y el juez de ejecución exponiendo los motivos y urgente necesidad de traslado de Espinal, Álvarez y Herrera al Segundo Batallón en Francisco Morazán, en el cual se le pueda proporcionar la seguridad necesaria para preservar sus vidas o integridad física. En el caso de Edwin la Embajada de Canadá ha exigido a la Dirección del Instituto Penitenciario información al respecto.
4.- Finalmente el 29 de junio de 2019, la esposa de Edwin Espinal solicitó en forma verbal al Director del Centro Penal el traslado de Edwin Espinal basada en la recomendación del Juez de ejecución, que insistió el 25 de junio ante las autoridades de La Tolva proporcionar las medidas de seguridad a Espinal, Álvarez y Herrera, debido a la incomodidad expresado por los coordinadores del módulo 3 contra los tres presos políticos:
En consecuencias, las organizaciones firmantes exigimos a las autoridades penitenciarias:
Adoptar las medidas necesarias para garantizar vida e integridad personal de Edwin Robelo Espinal, Raúl Eduardo Álvarez y Rommel Baldemar Herrera. Tomando en consideración el agravamiento de la situación de riesgo a la vida e integridad personal como resultado de las circunstancias que rodean la privación de libertad de los presos políticos, así como la necesidad de salvaguardar tales derechos, las autoridades competentes adopten, a la luz de los estándares aplicables, medidas alternativas a la privación de la libertad como medio para salvaguardar sus derechos, o hacer efectivo su traslado a un centro de mayor seguridad para sus vidas.
Tegucigalpa 4 de julio de 2019.
Libertad para los presos políticos
