Tegucigalpa.
Por Marvin Palacios
La Articulación 611 que conforman más de 70 organizaciones de la sociedad civil demandó del Congreso Nacional que detenga las discusiones del Código Penal hasta tanto no se consulte con ellas las figuras penales que pretenden aprobarse al instrumento jurídico en mención.
La demanda fue expuesta al aire libre y en conferencia de prensa, en la Plaza La Merced, y a pocos metros del Palacio Legislativo por representantes de varias organizaciones de sociedad civil aglutinadas en la Articulación 611.
“Exigimos que se suspenda la discusión y aprobación del Código Penal en tanto que no se nos permita conocer, participar y aportar al proyecto en referencia, es fundamental y urgente la socialización con la ciudadanía en general y las organizaciones que conformamos la Articulación 611, puesto que una ley como el Código Penal reviste una importancia de primer orden por la protección de bienes jurídicos que implica la regulación de las relaciones entre las personas y las consecuencias jurídicas que acarrea el ejercicio de los derechos y libertades fundamentales”, expresa el manifiesto dado a conocer a los medios de comunicación.
El manifiesto demanda que se incorporen las propuestas que formule la sociedad civil, que se les permita estar en el hemiciclo durante los debates del proyecto, que se escuche la opinión de personas y organizaciones expertas nacionales e internacionales, para así efectuar las mejores prácticas democráticas, con el fin de garantizar el resguardo de derechos a todas y a todos los habitantes de la República.
“Llamamos la atención de los diputados y diputadas para que en el momento de legislar sobre los delitos y las penas, que no se les dispensen a estos artículos los 3 debates que establece la ley, asimismo que se abstengan de incorporar figuras que criminalizan la protesta social y que resultan regresivas para los derechos de las mujeres”, expresa el manifiesto.
La Articulación 611 exigió al Congreso Nacional (CN) que se incluya a la sociedad civil en la discusión de las reformas al Código Penal como se estipula en una sociedad democrática.
“Manifestamos nuestra preocupación por el proyecto del Código Penal que de manera no oficial conocemos y que claramente penaliza conductas en términos ambiguos, poco claros y subjetivos, lo que vulnera el principio de legalidad penal”, señalaron.
El Congreso Nacional de Honduras está obligado a cumplir los derechos y las libertades consagrados en la Constitución y en los Tratados Internacionales de derechos humanos, de los que Honduras es estado- parte.
Guillermo López Lone, ex juez de la República y miembro de la Asociación de Jueces por la Democracia (AJD) cuestionó la forma en que está redactada la figura de femicidio, por ejemplo.
En este caso, dijo que se usa una técnica legislativa que no corresponde a lo que podrían ser los elementos de carácter penal que debería tener.
Se está aprobando conductas regresivas en materia de derechos humanos
“Por otro lado tipos penales como el de tortura, no recoge lo que ya establece la Convención Internacional contra la Tortura, luego un tipo penal como el de la desaparición forzada, tampoco se ajusta a los elementos que están en la Convención Internacional Sobre Desaparición Forzada; pero lo más grave de todo esto, es que siguen apareciendo figuras de carácter regresivo como penalizar los actos de la libertad de expresión pública a través de delitos como la injuria y la calumnia que realmente los organismos internacionales han venido reclamando para que desaparezcan de las legislaciones nacionales”, explicó López Lone.
El jurista añadió que también está el delito de aborto, donde Honduras forma parte de 7 países que penaliza todas las formas de aborto, tanto aquellas que tienen que ver con violaciones, con inviabilidad del feto o un daño grave para las vida de la mujer, realmente eso nos exhibe como un país prácticamente cavernario, gobernado y subordinado a los interés de las iglesias fundamentalistas en nuestro país.
“Entonces por qué no abre el Congreso una discusión, por qué no aplica instrumentos a la ciudadanía, para saber si realmente están aprobando esas conductas regresivas, que vienen a restringir derechos de la mujer, derechos a la libertad de expresión, a la libertad de locomoción; entonces esto es un Código Penal, no es cualquier cosa, es un instrumento del derecho público que va a venir a regir todas las relaciones que establecemos los ciudadanos en el orden de carácter público”, sostuvo López Lone.
Finalmente el ex juez señaló que la suspensión de los debates en el Congreso Nacional es una demanda central para la Articulación 611, porque el Código Penal es un asunto de toda la sociedad, y cuando decimos toda la sociedad; incluimos a todos los sectores que formamos parte en este momento histórico, de la sociedad hondureña.
“Eso quiere decir que abarca a hombres, mujeres, empresarios, campesinos, profesionales, etc, porque hay un montón de tipos penales que afectan a todos estos sectores mencionados, entonces si ahora no tenemos la oportunidad de conocer ese Código Penal que han secuestrado aquí en este Congreso Nacional, porque prácticamente lo han ocultado y no lo conocemos; entonces cuando esté aprobado, lo que vamos a sufrir son las consecuencias, consecuencias a la libertad de expresión, consecuencias al derecho a la libertad, consecuencias a la libertad de locomoción, etc”, detalló López Lone.
Asistieron en nombre de la Articulación 611, representantes del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), Centro de Derechos de Mujeres (CDM), Centro de Estudios de la Mujer-Honduras (CEM-H), Comité por la Libre Expresión (C-LIBRE), Asociación Arco Iris, Asociación de Jueces por la Democracia (AJD), Asociación Cozumel Trans, Asociación para una Ciudadanía participativa (ACI-PARTICIPA), FORO/SIDA y Grupo Sociedad Civil (GSC), entre otras.
